Un fuerte documento emitió en los últimos días la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), a partir de la decisión del interventor de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) designado por el Gobierno nacional, Marcelo Petroni, de suspender varios puntos del convenio entre las dos entidades.
“Desde octubre del año pasado venimos sufriendo el saqueo por parte del Gobierno nacional a nuestra obra social, a través de una intervención que comenzó de manera ilegal y que el gobierno ahora extiende para los próximos seis meses”, denunciaron desde el gremio.
Según el sindicato, las medidas adoptadas por el interventor provocaron “muertes de pacientes graves que fallecieron esperando sus tratamientos”, y aseguraron que “se acumulan amparos judiciales nuevos todos los días en las distintas provincias por cortes en los servicios de salud e interrupciones en la entrega de medicamentos oncológicos y de alto costo”.
Paralelamente, por disposición de la intervención fueron cerrados 725 puntos de atención y bocas de expendio en todo el país, “dejando sin asistencia a los trabajadores y las trabajadoras en un completo abandono de las familias rurales”.
Como dato adicional, desde UATRE afirman que las bocas de expendio cerradas funcionaban en instalaciones del gremio, por lo cual el sindicato “aporta los costos de funcionamiento y el personal para la atención a los beneficiarios sin cobrar nada a la obra social”.
Por otra parte, desde el sindicato denuncian que “el interventor ha llegado al absurdo (o en el mejor de los casos, a una muestra de impericia manifiesta) al reemplazar la atención médica presencial por un sistema de telemedicina, sin considerar que fuera de los ejidos urbanos no existe cobertura digital suficiente, y que dicho formato no se ajusta a las características ni a las necesidades del medio rural”.
En este sentido, la dirigencia gremial considera que todas estas medidas tienden al “traspaso de la atención médica al sistema público, que deberá acoger a esos afiliados expulsados por la desconexión, que acudirán al centro de atención más cercano que las poquísimas filiales de atención actuales de OSPRERA. Todas las medidas que tomó la intervención en ese sentido son ilegales por contrarias a las leyes e ilegítimas, porque el decreto de designación no habilitó al abogado Marcelo Petroni a tomarlas”.
En el comunicado también se citan declaraciones del secretario general de la UATRE, José Antonio Voytenco: “Con esta medida, además de ser completamente infundada e ilegal, en la práctica excluye a nuestros beneficiarios de la obra social, dejándolos desamparados y sin atención ya que es sabido de la falta de conectividad en el campo y, en efecto, no es posible llegar con los servicios y prestaciones a los trabajadores y trabajadoras rurales, no hace más que expulsarlos del sistema de salud…otra vez, queda de manifiesto la falsedad, impericia, deshonestidad intelectual, insensibilidad y perversa crueldad del interventor quien, en vez de cumplir su función y asegurar el acceso y la cobertura obligatoria a nuestros afiliados”.
Por otra parte, se hace referencia a una interna gremial, al plantear que “no se comprende que este cambio haya surgido de la asesoría del gerente de Servicios a Beneficiarios de la Intervención, Carlos Saúl Castro, y cuente con el apoyo de los delegados provinciales que responden a Pablo Ansaloni y que perdieron las elecciones en 2022, ya que deberían conocer las dificultades que atraviesan los afiliados”.
A modo de conclusión, la UATRE remarca: “La situación de nuestros 700 mil trabajadores rurales es crítica, mientras los funcionarios nacionales se gastan la plata de la obra social para designar con sueldos millonarios a los dirigentes gremiales que perdieron las últimas elecciones internas de UATRE. Mientras no hay plata para pagar los tratamientos oncológicos de los trabajadores rurales, salen pagos millonarios a laboratorios y droguerías en manos de los amigos del gobierno”.
