(Pausa) Pese a que está probado que sí sabía sobre la inundación de 2003, ni siquiera fue imputado.
En noviembre de 2014 en una radio rosarina le preguntaron a Carlos Reutemann por su responsabilidad en la inundación de 2003. “Siempre con la misma perorata”, fue la respuesta. En junio de 2015, junto a Mauricio Macri, en el cierre de campaña del candidato a gobernador del PRO Miguel Torres del Sel, la cronista de diario UNO Bárbara Favant volvió a plantear el tema. El Lole se molestó. Contestó que ya había declarado dos veces ante la Justicia (2004 y 2013) y cerró: “No tengo nada más que aclarar”. A la salida del acto, realizado en el hotel Los Silos, un grupo de inundados escrachó al ex gobernador al grito de “asesino”. Meses después, en octubre, Reutemann fue reelecto por tercera vez (ahora por el PRO-Cambiemos) como senador nacional.
A 14 años de los hechos, los inundados siguen demandando que el ex gobernador responda ante la Justicia. La causa penal, iniciada en mayo de 2003, tiene como imputados desde 2006 al ex intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez, al ex ministro de Obras y Servicios Públicos Edgardo Berli y al ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti. Reutemann nunca fue citado por la Justicia, sino que contestó, en dos ocasiones, por escrito. En 2006 fue sobreseído por el juez Jorge Patrizi, que ascendió casi de inmediato a camarista.
La causa por “estrago culposo agravado por la muere de 18 personas” está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que debe resolver el cuarto pedido de prescripción planteado por el ex intendente Álvarez. Los 15 cuerpos de expedientes acumulados desde 2003 son una farragosa maraña de nombres propios, datos, planos, proyectos, actas, declaraciones, recortes y pericias. Dos elementos sobresalen: la declaración del imputado Ricardo Fratti –responsable técnico del área hidráulica de la provincia– y los documentos aportados por los ingenieros hídricos Jorge Daniel Bacchiega, Juan Carlos Bertoni y Jorge Adolfo Maza, peritos oficiales de la causa.
Durante la instrucción, Fratti afirmó que él le había avisado a sus superiores –Berli y Reutemann– sobre el peligro que corría la ciudad, ante la evidencia de una obra de defensa inconclusa en el oeste. En su declaración, hizo hincapié en las reuniones realizadas por el Comité de Emergencia del 28 y 29 de abril de 2003. Fratti acompañó sus dichos con documentos que acreditan su testimonio, como un mapa en el que marcó hasta dónde iba a llegar el agua. En sus declaraciones describe lo que advirtió en los encuentros:
• “El 28 de abril a las 13, con presencia de autoridades provinciales y municipales, informé lo que se había podido recabar hasta ese momento: que había que estar en alerta porque esta crecida era ya más grande que todas las conocidas… y que al haber colapsado los terraplenes provisorios o de emergencia de Gorostiaga, podía haber miles de evacuados”.
• “El 29 de abril a las 11.30, en una reunión en la gobernación con presencia del gobernador y de otros funcionarios, les informo lo que hasta ese momento habíamos logrado y les mostré el plano de áreas de riesgo, con alturas de las distintas zonas de la ciudad. Se informó, de acuerdo a lo estimado hasta ese momento, dónde se iba a inundar la ciudad, indicándose con una línea roja la cota 16-80”.
El propio Berli, superior de Fratti y más tarde también procesado por estrago culposo, recordó en su declaración las advertencias de su subalterno en las reuniones del Comité de Emergencia, que era presidido por el entonces ministro de Gobierno Carlos Carranza.
Además de las pruebas aportadas por Fratti, existe en la causa un documento contundente que desmiente el “A mi nadie me avisó” pregonado por Reutemann: las pericias de los ingenieros Bacchiega, Bertoni y Maza, que señalan que hubo tiempo de sobra para que el gobierno advierta a la población sobre el desastre que se avecinaba.
La pericia oficial, realizada en 2004, tuvo por objeto contestar a 17 preguntas formuladas por el juez Diego de la Torre, cuatro formuladas por la Fiscalía y otras cinco del actor civil (Jorge Castro y Milagros Demiryi). Los peritos elaboraron un resumen que recopila todos los datos sobre el hecho y tres agregados para evacuar las inquietudes de los tres actores jurídicos mencionados.
De la pericia se desprende que la Circunvalación Oeste, que debía funcionar como defensa frente a las crecidas del Salado, no sirvió para nada. Al contrario, funcionó como una trampa, ya que embalsó el agua y provocó que hubiera mayor altura del río dentro de la ciudad que afuera. La obra fue proyectada y licitada durante el primer gobierno de Reutemann e inaugurada durante el primer gobierno de Jorge Obeid. Debía comprender tres tramos, pero sólo se hicieron dos. El efecto de esa obra incompleta resultó letal.
Las excusas
En su primera “declaración” por escrito, fechada el 12 de abril de 2004, Reutemann respondió la requisitoria fiscal con una reafirmación de sus explicaciones desplegadas en las pizarras del Salón Blanco de Casa de Gobierno, en plena inundación. “Nunca se me hizo saber, ni por las autoridades municipales, ni a través de las áreas con competencia específica de mi gobierno, acerca de la incidencia que la crecida podía tener sobre la ciudad de Santa Fe. Tampoco la Nación, a través de sus reparticiones específicas, como el INA, alertó o cursó avisos previos”. Y más adelante: “Ningún organismo técnico nacional, provincial ni municipal, ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho motivo de investigación, que constituyó una verdadera catástrofe, repentina, intempestiva, inédita e imprevisible”.
“Imprevisible” es la explicación que sigue sosteniendo el senador nacional, a pesar de las pericias y los testimonios incluidos en la causa penal. En el cierre de campaña de Del Sel, fastidiado por una repregunta, Reutemann sostuvo que “la responsabilidad primaria es de los intendentes”, dijo que se trata de un tema “técnico”, evitó mencionar la obra de defensa inconclusa y remató: “El que tenía que avisar era alguien de Hidráulica, no yo”.
Para el ex gobernador toda la responsabilidad se agota en los tres imputados.
Vale repetirlo porque el paso del tiempo favorece la mala memoria. Después de inundar decenas de localidades del centro-norte de la provincia, a fines de abril de 2003, por un tramo inconcluso de la defensa oeste de la ciudad de Santa Fe, las aguas del río Salado ingresaron a Santa Fe y 130 mil personas debieron irse de sus hogares, sin aviso previo ni ayuda del Estado. Según cifras oficiales, la inundación causó 23 muertes. Los organismos de derechos humanos y el movimiento de inundados llevan contabilizados 160 casos fatales por las secuelas del Salado. La causa que investiga las responsabilidades políticas, a 14 años, sigue sin definición.
