La polémica intención del Gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años, también tuvo sus ecos en Venado Tuerto, donde contra las muchas y conocidas voces a favor, salió a patear el tablero la responsable del área Niñez, Adolescencia y Familia en la Región 5, Silvina Bracco.
“Todos los organismos de niñez nos manifestamos en contra de la baja en la edad de imputabilidad. Hemos visto algunos comunicados que hizo Unicef y también de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, organismos internacionales reconocidos e indiscutidos en sus políticas relacionadas con la infancia, que han salido a rechazar esta rebaja en la edad de imputabilidad. Basados en esos documentos creemos que bajar la edad de la imputabilidad es empezar por el fin de la historia y no por el principio”, razonó Bracco.
Para la funcionaria, comenzar por el “principio de la historia” tiene que ver con que el Estado cumpla con el rol que le corresponde, con garantía de derechos desde la primera infancia. “El Estado debe asegurar el acceso a la educación, a una vivienda digna, a condiciones dignas de vida. Me parece que llevar la discusión a si se baja o no la edad de imputabilidad es cortar el hilo por lo más delgado. Creo que lo que hay que hacer es apostar a más políticas públicas, a más escuelas, más clubes. Claramente este es el posicionamiento de la Subsecretaría de Niñez”, amplió la responsable del área Niñez en la Región 5.
Por otra parte, recordó que Unicef a través de su comunicado “está cuestionando el posicionamiento de Argentina en cuanto a la ley 22278 sobre los procesos penales para adolescentes que cometen delitos y están en la franja que si se los considera punibles, por no ser acorde a los tratados internacionales. Es una deuda que tenemos en nuestra democracia modificar esa ley”.
Siguiendo con su análisis, Bracco consideró que “en lo que se refiere a los jóvenes no hay un sistema judicial garantista, como si ocurre para los adultos. Hoy un joven de entre 16 y 18 años que comete un delito no tiene ninguna garantía, como si tiene un mayor de 18 años”.
En la misma línea, la funcionaria explicó que en la actualidad no existen datos fehacientes sobre delincuencia juvenil para poder dimensionar el fenómeno en términos reales y diseñar políticas públicas pertinentes.
“El encierro a un adolescente no le sirve y no nos sirve a nosotros como sociedad. Con estos chicos tenemos que ver cómo le garantizamos los derechos que le fueron vulnerados, porque un pibe que ingresa al circuito delictual es porque se han vulnerado sus derechos y fue empujado por la ausencia de un montón de cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. Nosotros desde el Estado tenemos que redoblar la apuesta y generar un sistema de protección integral con mucha más fuerza, que tenga vinculación y trabajo con la Justicia Penal Juvenil”, explicó.
Bajando el tema a la órbita local, la funcionaria reconoció que se está articulando el trabajo con el Juzgado de Menores y la Justicia Penal Juvenil, que “para nosotros trabaja con mucho compromiso y eso nos alegra. Nosotros apostamos a más políticas públicas que garanticen derechos y que no sea solamente el castigo por el castigo mismo. Claramente en el caso de un pibe que entra al circuito delictual, el Estado debe redoblar la apuesta en cuanto a la presencia”.
Bracco aclaró, sin embargo, que “esto no quiere decir que hay que desresponsabilizar por completo a los chicos, todo lo contrario. Me parece que hace al ejercicio de la ciudadanía cotidiana y a poder construir un sistema más justo y más inclusivo, que los pibes puedan ser responsables del hecho cometido pero puedan darle una vuelta a eso”.
Para terminar, la entrevistada planteó que para los organismos vinculados con los derechos de la niñez y adolescencia, “la baja de la edad de imputabilidad no aporta soluciones. No va a haber menos inseguridad porque a los chicos entre 14 y 16 años los puedan llevar presos”.
