El concejal rosarino por la Unión Cívica Radical y excandidato a vicegobernador detrás de Miguel Del Sel, Jorge Boasso, comenzó un abordaje judicial de uno de los temas más polémicos y menos discutidos en la región: los 135 millones de pesos que los 19 senadores departamentales utilizan discrecionalmente para entregar subsidios a instituciones públicas y privadas sin necesidad de rendir cuentas. Con esa significativa cantidad de dinero que compone el Fondo de Fortalecimiento Institucional, los senadores tiene la facultad de pasar por encima de municipios y comunas sin dar explicaciones sobre el destino de las partidas asignadas.
“Es un largo camino y uno no puede lograr los objetivos planteados al inicio. Esa asignación se originó en un acto espurio y vergonzoso de la política santafecina, que yo le llamé la gran Banelco, que fue por septiembre de 2012, cuando el entonces gobernador Bonfatti remite el presupuesto a la legislatura, con lo que se conoció como el impuestazo. Los senadores eran renuentes a su aprobación, hasta que se sentaron a puertas cerradas con el gobernador y crearon lo que ellos llamaron Fondo de Fortalecimiento Institucional, que es ese fondo millonario. Desde hace tiempo vengo tratando de que transparenten, para todos, qué hacen con esos fondos, a quién se los otorgan, con qué objeto, qué montos”, explica Boasso.
Con una notificación firmada por el vicegobernador Carlos Fascendini, los senadores rechazaron la posibilidad de abrirse a cristalizar los manejos de los fondos. Fascendini, por ser el presidente de la Cámara de Senadores, también es beneficiario de esos fondos. “Crearon un pozo de impunidad como pocas veces quedan en la Argentina, más típico de las ciudades y provincias del norte, caudillescas. Ellos mismos se declararon impunes”, sentencia el concejal rosarino.
En el caso del departamento General López, es imponente el despliegue de dinero en subsidios y publicidad que realiza el senador Lisandro Enrico. Esa voluminosa cantidad de dinero para utilizar arbitrariamente pervierte absolutamente las reglas de competencia democrática e instala en los hechos un régimen de sesgo feudal en la vida política del interior provincial.
“Toda la clase política que quiere competir democráticamente se tiene que sumar a una patriada de estas características, porque yo estoy luchando no solo por la transparencia, sino por la libre competencia –agrega Boasso-. Contra estos señores feudales, nadie, de ningún partido, va a poder competir en esos territorios en igualdad de condiciones. Estos corruptos políticos se excluyeron, como poder legislativo, de la ley de información pública. El poder supremo que tenemos en la provincia no le da cuenta a la gente que hacen con su plata”.
