Ante la política de eliminación de la obra pública que lleva adelante el gobierno de Milei, el diputado Eduardo Toniolli advirtió sobre el estado de abandono de las rutas nacionales de la provincia de Santa Fe y presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en la materia. La iniciativa promueve la reactivación de las obras interrumpidas al inicio de la actual gestión y el relevamiento de toda la red vial nacional en territorio santafesino, a fin de rehabilitar y mantener los tramos en mal estado.
«Hay una desinversión y un vaciamiento del Estado nacional en todos los aspectos, y la red vial no es una excepción», sostuvo Toniolli. «Las rutas nacionales están totalmente detonadas, y en el caso de Santa Fe -a pesar del reclamo de las autoridades provinciales- el gobierno de Milei se negó a transferirlas, pero tampoco las mantiene», agregó.
«Las consecuencias son elocuentes: un informe reciente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, muestra que -producto del aumento de los siniestros- en la ruta 34 las víctimas fatales crecieron un 30 por ciento durante el 2024», señaló el diputado de Unión por la Patria.
Para Toniolli, «este es el mejor ejemplo, y quizás uno de los más tristes, de que el ajuste del que tanto se enorgullece el presidente Milei tiene consecuencias directas dramáticas sobre la vida y la muerte de los argentinos». «Es un precio demasiado alto el que estamos pagando por los devaneos teóricos de un grupo de delirantes», apuntó.
Asimismo, el diputado justicialista reiteró sus diferencias con la gestión del gobernador Pullaro en lo que refiere a su relación con el gobierno nacional. «Lo dijimos cuando denunciamos el incumplimiento del convenio firmado hace un año entre Pullaro y Guillermo Francos para reactivar 25 obras: el reclamo del gobernador ante los atropellos de Nación es un reclamo anémico, casi para cumplir, frente a un gobierno que es brutalmente antifederal», señaló.
En cuanto al financiamiento, el texto propone que salga del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, compuesto por el 28,58 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.
«La normativa vigente establece que el 50 por ciento de los recursos de ese fideicomiso deben ir al Sistema Vial Integrado, monto que en 2024 representó una suma de 349 mil millones de pesos», afirmó Toniolli, quien denunció que «en ese período solo se transfirieron 149 mil millones».
«La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Economía, decisión anunciada en el Boletín Oficial del día de la fecha, no es más que el blanqueo de lo que ya viene sucediendo: durante el año pasado Caputo se quedó con 200 millones pesos que por ley debían ser destinados a mantenimiento y obras viales, y ahora pretende seguir haciéndolo con menos vericuetos administrativos», concluyó Toniolli.
