Ante una nueva audiencia, a realizarse hoy desde las 9 hs. en tribunales provinciales, en la causa judicial que refiere al conflicto por 12 hectáreas en la zona de Cullen y Sorrento, en Empalme Graneros, un grupo de concejales del Frente Para la Victoria anunció la presentación de una iniciativa solicitando al Ejecutivo municipal que elabore – tal como lo establece el Código Urbano – un Plan Especial para el área en cuestión.En ese marco, el concejal Eduardo Toniolli señaló que «el Código Urbano define claramente el predio en disputa como ‘Área de Reserva para Reordenamiento Urbanístico y Regularización Dominial’, que corresponde a aquellos sectores en los que hay asentamiento irregulares consolidados, para los que se dispone una regularización en el mismo sitio», y agregó: «esto convierte en un absurdo al desalojo que pretende la empresa que esgrime título de propiedad del predio, porque hay normativas ya establecen un uso; y – por otra parte – obliga al Estado municipal a avanzar en el correspondiente Plan Especial, en el que se debe planificar el trazado definitivo de calles, el nuevo parcelamiento y los indicadores urbanísticos propios para ese sector, desarrollo que no se contradice para nada con una eventual solución de fondo, como la expropiación u otras alternativas».
Asimismo, el concejal justicialista (acompañado en la iniciativa por las concejales Lorena Gimenez, Marina Magnani y Norma López), señaló que «deberá además mensurarse el impacto de las obras ya realizadas, como la del Aliviador III Conducto Sorrento, y las proyectadas, como la del Aliviador III Conducto Grandoli – que traerán consecuencias positivas, reduciendo la mancha de inundabilidad en el sector -, tal como lo establece la Ordenanza 8876, que exige se revisen las restricciones a determinados usos del suelo (en este caso la construcción de viviendas), en función de las obras de infraestructura que se vayan realizando».
Por último, Toniolli criticó las declaraciones del gobernador Lifschitz y de funcionarios municipales que «suelen referirse a la situación que atraviesan alrededor de 3 mil personas que viven hace décadas en ese predio, como un ‘conflicto entre privados'», y agregó: «para nosotros es un drama social, irresoluble desde el plano exclusivo del sistema judicial, en el que deben involucrarse los otros poderes del Estado para avanzar en la urbanización y en el acceso a servicios básicos para los habitantes de la zona, que han mostrado en más de una ocasión la voluntad de regularizar su situación».
Comentarios cerrados