(por Lucas Paulinovich) Entrevista a Lucila De Ponti, referente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CETEP) y candidata a Diputada Nacional por el FPV en Santa Fe.
Venado Tuerto/Región- La Economía Popular es el sector de la economía informal que desde hace años pretende integrarse al sistema y sus normas. Huerteros, recicladores de basura, artesanos de Venado Tuerto y la región forman parte de esa economía de subsistencia que puja por ocupar un rol más importante en el esquema general de la producción. El estado avanza en esa integración. Todavía falta.
La ley de Promoción y Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados Provincial. La normativa recibió un veto propositivo de la gobernación, y no llegó a ser tratada por los senadores. El recorte impulsado por el Poder Ejecutivo, y que hizo caer la ley, era la limitación del presupuesto que se asignaba para el estímulo de los emprendedores de la economía popular y para la compra por parte del estado de los productos de ese sector de la producción. Por iniciativa del diputado Eduardo Toniolli (FPV), la ley reingresó al parlamento, con una forma que sintetiza el trabajo de acuerdos con el oficialismo provincial y una marcada participación de las organizaciones sociales vinculadas al Foro Provincial de la Economía Social y Solidaria, y en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
“Una de las características que tiene la economía popular es que, por las condiciones de precariedad en que se realiza la actividad productiva, depende mucho del apoyo del Estado, si los gobiernos dan apoyos a través de subsidios, maquinarias, o también, muchas veces pasa que la acción de los municipios reprime la acción de los trabajadores, como en el caso de los carreros y los vendedores ambulantes acá en Rosario. Esa relación con el Estado es un poco conflictiva, y lo que nosotros pedimos es que los estados apoyen a que se consoliden los trabajadores de la economía popular, y eso es lo que plantea la ley, para crear un organismo específico dentro del estado, en este caso dentro del Ministerio de Desarrollo Social”, explica a PUEBLO Regional Lucila De Ponti, candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria y coordinadora de la CTEP.
La otra cara del crecimiento
El crecimiento del consumo a partir de la reactivación económica y la recuperación de los salarios en la última década impulsó un proceso de concentración en distintas ramas productivas que en algunos casos, como el de los alimentos, se extendió hacia la distribución y comercialización. Fueron pocas las políticas públicas que apuntaron a revertir ese proceso, permitiendo la generación de canales alternativos al sector privado concentrado. Las ferias municipales y los mercados populares son algunas de las experiencias, generalmente desarrolladas desde el protagonismo de las organizaciones sociales.
Al paralelo de ese envión centrado en grandes actores y en las ramas tradicionales de la producción, fue gestándose un universo productivo que incluye a una gran cantidad de población, y que se conformó como una respuesta inmediata al desguace de la estructura económico-productiva, hasta consolidarse como una alternativa productiva con capacidad de proveer productos de calidad y generar puestos de trabajo y nuevas formas de relación.
Actualmente, los trabajadores de la economía popular solo cuentan con el monotributo social, que es un reconocimiento mínimo que implica varias complicaciones para su obtención y que, luego, tiene que ser pagado por el mismo trabajador, que lleva a varios problemas a la hora de poner en ejercicio sus derechos, como al acceder a las obras sociales. “Depende de cada ciudad y cada provincia. En general el estado tiene una sola herramienta de inclusión que es el monotributo social. Después a través de algunas cooperativas, pero es una deuda muy grande del estado que no reconoce a estos compañeros como trabajadores. En algunos lugares se ha avanzado mucho más que en otros. Lo que más logramos es que nos dejen trabajar, no logramos que nos reconozcan todavía. Lo que aspiramos es que se pueda modificar la normativa laboral y sindical para que puedan ser reconocidos, no tienen una categoría que los incorpore. El Ministerio va a tener que trabajar para que eso pase”, comenta De Ponti.
La actividad de la economía popular se extiende por todo el territorio, sin embargo, no siempre los trabajadores se encuentran organizados. El sur de la Provincia tiene un bajo nivel de organización a comparación de otras regiones. “Lo que está más organizado es Rosario y Santa Fe, pero tratamos de acompañar a todos lo que se quieran organizar. Hace poco estuvimos en Villa Constitución con un grupo de artesanos, y en Rafaela, donde hay una cooperativa de vivienda. Y también en el centro y norte hay muchos compañeros ladrilleros que se están organizando. Se va dando paso a paso, es la propia construcción de la CTEP como central sindical”, resume la joven dirigente.
La ley y el orden
La sanción de la ley provincial, junto con el compromiso asumido por Daniel Scioli de crear el Ministerio de Economía Popular, en caso de acceder a la presidencia, vienen a reforzar una franja productiva que emergió a la par del crecimiento de la economía formal. El proyecto propone construir una nueva institucionalidad para el área, que reconozca la participación de las organizaciones de la economía social en el marco de Instituto y del Consejo provincial. Es decir, darle carácter formal al 25% de la población económicamente activa que está incluida en las actividades de la economía popular, que suelen vincularse más estrechamente a los territorios, además de representar producciones en donde la totalidad del proceso se centra en el productor, que trabaja la materia prima, elabora los productos y los comercializa.
El proyecto presentado también dispone la creación de un fondo específico para la promoción de políticas en la materia; además de destinar un porcentaje de compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado a las entidades, organizaciones y productores incorporados al Registro Provincial de la Economía Popular, Social y Solidaria.
La otra producción
De esa manera, con la posibilidad de que los trabajadores de la economía popular agreguen valor a sus producciones, mejores las condiciones de trabajo y comercialización, y accedan al conjunto de derechos previsto por la seguridad social, igualando su situación con la de los trabajadores formales, se pasa de una noción asistencialista a una idea de producción y promoción del trabajo. El principio que rige la economía popular es la satisfacción de una necesidad comunitaria, y no el fin de lucro, como en cualquier otra actividad comercial y productiva. La pertenencia al lugar de origen, la integración productiva y la relación entre emprendedores, hace que puedan fijarse antes en los problemas comunes a resolver que en las ganancias a generar. En definitiva, es una manera de extender derechos y reconstituir los lazos comunitarios que la actividad económica privada y mercantil suele descomponer. “En muchas otras provincias se va espontáneamente organizando distintas experiencias, como en Buenos Aires o Entre Ríos. El compromiso que obtuvimos por parte de Scioli es crear el Ministerio de Economía Popular, que ordenaría la estructura del estado para darle más jerarquía”, sintetiza De Ponti.
