El presidente Javier Milei oficializó este jueves el veto de la Ley de Financiamiento Universitario a pocas horas de la segunda y multitudinaria Marcha federal que, justamente, reclamaba la promulgación de la normativa sancionada hace pocas semanas por el Congreso y que garantizaba que las partidas presupuestarias para el sector de la educación superior se actualicen en línea con la inflación.
El decreto 879/2024 firmado por Milei y su gabinete fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, y tal como ya había sido adelantado y ratificado por parte del gobierno tras la multitudinaria marcha, el veto alcanza a todo el articulado de la ley 27.757 que sancionó el Congreso y que ahora deberá discutir si insiste con su sanción y derrota las intenciones del presidente o bien si ratifica el veto, tal como pasó por ejemplo hace pocas semanas con el cambio en la movilidad jubilatoria que derivó en un polémico cambio de postura de algunos legisladores de sectores aliados como el radicalismo.
En el decreto, el gobierno acusó al Congreso de no actuar con “con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas” y reconoció el ajuste planteado para el sector al señalar que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
Asimismo, también reconoce el recorte salarial impuesto ya que indica que mientras el aumento unilateral dado desde diciembre hasta agosto fue del 87% contra un 144% acumulado en el índice oficial de inflación.
“La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las universidades nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”, sostiene el decreto al reconocer también el brutal ajuste implementado sobre las y los trabajadores estatales ya que sus salarios también perdieron de manera severa contra la inflación.
De manera llamativa, entre los argumentos también aparece que la promulgación del proyecto de ley “implicaría desconocer la plena la voluntad negociar de los actores colectivos y el principio de libre negociación colectiva, afectando la observancia de la legislación vigente en materia presupuestaria”, pese a que toda la negociación paritaria en lo que va del año se mantuvo sin acuerdo y con el gobierno otorgando aumentos unilaterales.
Incluso el proyecto de ley prevé justamente que lo establecido en la normativa respecto a la actualización salarial mediante la inflación “no será de aplicación siempre y cuando en las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones que representan a los trabajadores”.
Por otro lado, el gobierno argumentó que la ley sancionada “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas” contra su objetivo de “lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado nacional”.
¿Qué plantea la ley vertada? Estableció que el gobierno nacional actualice al 1° de enero de 2024 y por la inflación acumulada durante 2023 distintos gastos de funcionamiento de las universidades nacionales como el de “Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario”, “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades” y “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.
Y respecto a los salarios plantea que el gobierno debe recomponerlos a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley -es decir septiembre- por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec para ese mismo período en tanto que desde octubre al 31 de diciembre deberá actualizarlos de forma mensual y también en línea con la inflación.
Fuente: Quédigital.
