Este miércoles en horas de la tarde, en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones, la Justicia provincial y autoridades locales, se llevó adelante la demolición de dos inmuebles utilizados para la venta de drogas en Venado Tuerto. La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de la Ley de Microtráfico, a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y el delegado del Ministerio de Seguridad en General López, Nahuel Pasquinelli, con base en las reiteradas quejas de vecinos de la zona de Pavón al 1800.
“Estamos dando cumplimiento a una medida ordenada por la Justicia, en el marco de una investigación por narcotráfico. Es muy importante desactivar estos lugares, no solo por la actividad ilícita que se desarrolla, sino también por las situaciones de violencia que se generan en torno a estos puntos de venta”, manifestó el intendente Leonel Chiarella, quien estuvo presente durante el operativo de demolición junto a la senadora Leticia Di Gregorio.
El mandatario también agradeció el acompañamiento institucional en cada instancia del proceso. “Quiero destacar y agradecer al Gobierno provincial, al fiscal Iván Raposo, las fuerzas de seguridad provinciales como la PDI y la Unidad Regional VIII y al juez Mauricio Clavero que intervinieron por esta firme decisión de ir a fondo contra la venta de droga. Estas acciones demuestran que cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”, expresó.
En este sentido, afirmó: “No vamos a permitir que estos lugares sigan funcionando. Tenemos las herramientas legales y el compromiso necesario para avanzar. No se trata solo de perseguir a los responsables, sino de intervenir sobre los entornos donde la violencia y el narcotráfico se instalan. Vamos a estar donde haya que estar”, aseveró Chiarella.
Por su parte, Nahuel Pasquinelli expresó: “Esta demolición no es simbólica: marca un antes y un después en la lucha contra la venta de droga en Venado Tuerto. Con la firmeza de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y nuestro ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estamos mostrando que se puede actuar con decisión y con respaldo legal para proteger a los vecinos”.
A fondo contra el delito
La denuncia inicial fue presentada el 20 de enero de este año, luego de que numerosos vecinos manifestaran su preocupación por el nivel de actividad ilícita que se registraba en algunos domicilios del barrio. La causa quedó a cargo del fiscal Iván Raposo, quien dispuso la intervención de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), iniciándose una investigación que incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimiento de movimientos en la zona e identificación de los involucrados.
Como resultado de estas tareas, el 22 de mayo se realizaron tres allanamientos simultáneos en los domicilios ubicados en Pavón 1880, Pavón 1890 y Marenghini 361. En los procedimientos se detuvo a seis personas que se encontraban en el lugar, y se incautaron diversas evidencias vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Entre los elementos secuestrados se encontraron más de 250 gramos de marihuana, cocaína fraccionada, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga, una planta de cannabis, picadores, una contadora de billetes y una suma cercana a los 380 mil pesos en efectivo.
Tras las audiencias respectivas, cinco de los detenidos recibieron prisión preventiva ordinaria por orden del juez Mauricio Clavero. Se trata de Joaquín Miranda, alias “El Primo”, Micaela Villalba, Juan Manuel Silva, Brian Miguel Juárez y Victoria Nahir Cabrera. Un sexto detenido, que se encontraba comprando estupefacientes, fue identificado como ajeno a la banda y no fue imputado en la causa principal.
Uno de los domicilios allanados, Pavón 1880, ya había sido objeto de múltiples investigaciones anteriores vinculadas a balaceras y tenencia de armas. En virtud de los antecedentes del inmueble y su reiterado uso como punto de venta de drogas, el fiscal Iván Raposo aplicó una figura legal prevista en la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239, específicamente en el artículo 6 inciso B, que permite ordenar el cese del estado antijurídico de un bien inmueble utilizado para el delito y proceder a su demolición. Cabe destacar que dicho terreno estaba usurpado y pertenece al Municipio de Venado Tuerto.
