(PR/Norma Migueles) En horas de la mañana se llevo a cabo una audiencia en los tribunales de Venado Tuerto, donde a solicitud del fiscal Damián Casullo el juez Adrián Godoy ordeno la prohibición de salir del país sin autorización judicial a los ex dirigentes Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, ex secretario y ex subsecretario de Amsafe General López, respectivamente y embargó bienes.
Los imputados fueron asistidos, el primero por el abogado rosarino Raul Superti, en tanto que el segundo recibió la tutela de Ana Regidor. En el recinto también estuvo el actual delegado departamental Javier Delgado, quien tuvo la oportunidad de expresarse ante el magistrado.
Luego de escuchar las partes Godoy resolvió “disponer la prohibición de salir del país, si previa autorización judicial, respecto de Leandro Gonzalo y Alberto Maurino. Trabar embargo a los imputados por la suma de 753 mil pesos con plazo de 10 días para ofrecer un bien registrable a esos efectos” o de lo contrario trabar embargo general por esa suma el día siguiente al dispuesto como plazo.
El magistrado también invitó a las partes a “explorar medidas alternativas” para dar solución al conflicto.
Cabe recordar que hace seis años que la actual conducción del sindicato docente realizó la presentación en Fiscalía, las demoras se viene ocasionando con los cambios de fiscales, ya que el primero en iniciar la investigación fue Juan Pablo Lavini Rosset, quien luego ascendió a una magistratura, luego lo tomó el fiscal de Venado, Horacio Pueyrredón y últimamente recayó en Damián Casullo, quien los imputó el 27 de diciembre de 2021 por “estafa, casos especiales de defraudación, administración infiel”.
Avances
“Como denunciante tuve la oportunidad de expresarme, pero no nos podemos constituir como querellantes, por lo tanto asistimos como espectadores. Sabemos que no en todos los gremios se toma la decisión que tomamos nosotros y por el contrario se tapa, pero consideramos que, si las cosas no están claras, hay que esclarecerlas”, subrayó Delgado.
“Lo de hoy es un paso mas, pero le da peso a nuestra denuncia,”, evaluó y agregó “que no se descarta que en caso de que la causa penal se defina, se pueda seguir con la instancia civil. No tenemos nada personal con quinees nos precedieron, pero al entender que hubo malversación de fondos, tiene que haber una respuesta a los afiliados y avanzar para resarcir esa defraudación”.
Sin apoyo
Delgado también explicó que, si bien desde los inicios, se solicitó acompañamiento a la conducción superior, en este caso representada por Sonia Alesso, nunca tuvieron respuesta, máxime cuando el gremio podría sumarse a la causa como querellante.
“Le pedimos a Alesso que interviniera, en forma personal, telefónica y hasta por carta documento, porque es ella la que tiene las herramientas legales para ser querellante y hubiera permitido darle mas solidez a la causa, pero sin respuesta. Por nuestra parte vamos a seguir insistiendo, porque queremos que los afiliados entiendan cual es la verdadera misión del sindicato y que es proteger sus derechos” alertó.
Finalmente y ratificando la desconexión con la dirigente del gremio madre, Javier Delgado indicó que en los próximos días habrá elecciones en el gremio y Alesso apoya la lista que promueve al “grupo Maurino”.
