(PR/Norma Migueles) Una nueva resolución judicial condena al Banco ICBC a devolver a una docente jubilada la suma de 500 dólares que fueron sustraídos de su cuenta sin su consentimiento, más daño moral por 3 millones de pesos y daño punitivo equivalente a cinco canastas básicas, más intereses y costas.
La Resolución del juez Civil y comercial Gabriel Carlini hizo lugar a la demanda presentada por la Unión Consumidores Unidos (UCU), que representó a la víctima. Según la presentación, Lucía, una docente jubilada, detectó una transferencia, sin su consentimiento, por 500 dólares en su caja de ahorro en la entidad bancaria, el 23 de abril de 2024, cuando se encontraba viajando a la ciudad de Estambul desde el Aeropuerto de Ezeiza.
La mujer, ya en Turquía, realizó los reclamos por lo distintos canales de la entidad bancaria como así también en forma personal al llegar al país. Al no obtener ninguna respuesta, inició la demanda de consumo contra el Banco ICBC SA para que se declare la nulidad de la transferencia, más daño moral y punitivo.
Si bien el banco la animó a hacer la denuncia, al momento de entablar la demanda negó su responsabilidad aduciendo que la cliente había otorgado claves personales, hecho que no se pudo probar, por lo que prosperó el reclamo judicial.
En la resolución judicial, además, se ponderó la responsabilidad bancaria y la orfandad probatoria de la misma. La misma puede ser apelada.
Faltante
De acuerdo a la denuncia, el 21 de mayo de 2024 la mujer retiró por caja 475 dólares y dejó para su uso, a través de la tarjeta de débito, 501,70 dólares. Al día siguiente salió del Aeropuerto de Ezeiza, realizó el check-in en el mostrador de la compañía Turkish Airlines y embarcó con destino a Estambul, donde llegó el 23 de mayo, a las 22.30.
Una vez establecida en la ciudad turca, el 24 de mayo recorrió Estambul y cuando regresó al hotel revisó la aplicación de ICBC para saber el monto que le habían imputado y se dio cuenta que le habían debitado dinero de la cuenta en pesos y le habían sustraído en «concepto de transferencia por un alquiler» la suma de 500 dólares.
Inmediatamente, Lucía llamó al teléfono del banco e informó de la estafa. El operador tomó su denuncia y le indicó que apenas arribara a la Argentina hiciera la presentación en sede policial. Posteriormente, por mail le informaron que se registró el desconocimiento de la transferencia y que la fecha estimada de resolución iba a ser el 10 de julio de 2024.
Ante la falta de respuesta de la entidad, la mujer inició la demanda y sostuvo que la estafa pudo concretarse por las débiles medidas de seguridad informática adoptadas por el banco luego que cambió el llamado «segundo factor de autentificación» para realizar operaciones dentro del canal virtual y que ahora pasó a ser mediante SMS. De esta manera, se hizo más fácil el acceso a las cuentas bancarias por parte de los estafadores, permitiendo el cambio de contraseñas con solo acceder al SMS del teléfono registrado.
