Después de varias idas y vueltas, enojos y críticas, el gobierno nacional y el de Santa Fe afinaron el lápiz y lograron acordar un plan de seguridad para la provincia, que se focalizará en esta nueva etapa, en medio de una crisis económica y social profunda, en la prevención, con la puesta en marcha en la capital provincial, Rosario y Rafaela (luego le seguirán otras tres localidades) de los llamados Centros de Análisis y Operaciones (COP), con los que se planea desarrollar una estrategia en zonas focalizadas de estas ciudades donde durante los últimos meses se ve un crecimiento de la inseguridad, con mayores delitos como robos, hurtos y arrebatos, que se agregan a un espiral de violencia derivada de la narcocriminalidad.
La reunión que mantuvieron este viernes en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Omar Perotti, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón, y de Rosario, Pablo Javkin; sirvió para concretar lo que el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, venía conversando desde hace varios días con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El gobierno nacional financiará con un aporte de 3.000 millones de pesos, algo que ya había anticipado Fernández en su visita a Rosario hace dos semanas, que deberán ser utilizados en la adquisición de tecnología para dotar a los llamados COP, que serán la apuesta de Sain en esta etapa, un instrumento operativo con el que buscan generar una respuesta más rápida y activa de la policía en los principales centros urbanos, donde los delitos comunes, como robos, hurtos y arrebatos, comenzaron a crecer. Lo que observan es que la estructura histórica de la policía no tiene respuesta para este escenario complejo, recargado por una situación social y económica que se resquebraja día a día potenciada por la pandemia.
A esto se suma otra pata que será el arribo de una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de la subsecretaria de Programación Federal del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa, que funcionará en las instalaciones de la Policía Federal de Rosario, un edificio casi en ruinas.
Esta funcionaria, de formación politóloga y especialista en seguridad, encabezará con Sain la coordinación de las fuerzas federales, algo que hasta ahora –según la visión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe- no funcionó con eficiencia.
Desde hace un mes opera en Rosario el llamado Grupo de Respuesta Inmediata de la Policía Federal, que realiza operativos móviles en determinadas zonas. Pero el interés más importante de Santa Fe es que los casi 3.000 gendarmes que están en el Móvil II de Rosario sean más activos. También se sumaría otro grupo especializado de la PFA para llevar adelante operativos vinculados a delitos complejos y narcocriminalidad.
Las prioridades de este enfoque es atacar por un lado la creciente inseguridad en las ciudades de manera más ágil y activa y, por otro lado, golpear a grupos narcocriminales que son los que generan una violencia que se espiralizó durante este año.
Mientras las tres leyes de seguridad elaboradas por la cartera que dirige Sain ingresaron a la Legislatura, en el plano terrenal, de una coyuntura cada vez más agitada, el Gobierno de Santa Fe necesita cambiar la tendencia creciente de inseguridad en las grandes ciudades, que es la demanda principal de la población. Sain hasta ahora hizo cambios en la policía, delineó un nuevo esquema normativo, para actualizar leyes que eran de otro siglo, pero no consiguió resultados concretos para bajar los delitos comunes y menos aún la violencia más profunda, con un incremento de los homicidios.
La apuesta del gobierno es que con este nuevo esquema más moderno y con mayor tecnología la seguridad se transforme en un instrumento preventivo, para que el policía, en base a mapas delictivos y a información de análisis, pueda llegar antes de que estallen los problemas en una determinada zona.
En qué consiste el nuevo plan de seguridad
La “estrategia de seguridad preventiva para grandes centros urbanos” plantea desarrollar análisis criminal, con una mayor capacidad de gestión informática y la preparación para los policías, para planificar operaciones especiales orientadas al trabajo preventivo de delitos comunes y complejos, como así también implementar dispositivos de control policial.
Este plan se llevará adelante a través de seis “centros de análisis y operaciones policiales”. En una primera etapa se pondrán en marcha en tres ciudades, como Santa Fe, Rosario y Rafaela. Luego seguirán Venado Tuerto, Reconquista y San Lorenzo. Según la idea del Ministerio de Seguridad, para esta etapa se requiere una reorganización de los efectivos que integran las unidades regionales, según indica la resolución Nº1138 del Ministerio de Seguridad.
Esta nueva estrategia se apoya en tres pilares, según Sain: “El ejercicio pleno del gobierno político sobre los asuntos de seguridad pública”, con una conducción fuerte, sin delegar –como se hizo en otros periodos- en la conducción policial el manejo de la seguridad pública. El segundo eje es “la profesionalización de la policía”, a la que se le otorgará una formación y entrenamiento para jerarquizarla a nivel profesional. La tercera pata es la “adopción de estrategias de control del delito para los diferentes problemas criminales”.
Con el foco en el personal que estará involucrado en este plan, la mirada del Ministerio de Seguridad es que la organización y el funcionamiento de la policía, que históricamente estuvo anclado a nivel territorial, se encuentra limitado para operar porque esa estructura es poco flexible y no tiene movilidad. Las “unidades regionales tienen un número significativo de agentes de Orden Público (comisarías, destacamentos y puestos), como por ejemplo, en la URI hay 55 unidades; en la URII, 69 y en la URV, 53.
“Este tipo de dependencias policiales demandan personal para atender los aspectos administrativos y logísticos de funcionamiento y absorben los escasos recursos asignados que podrían volcarse a seguridad preventiva”, señala la resolución del Ministerio de Seguridad, que agrega que el 29,8 por ciento del personal en la provincia (unos 6.400 efectivos) se encuentran asignados en agrupaciones de Orden Público. “El problema se profundiza cuando en esas unidades se le añade que poseen una organización interna desactualizada, con cargos y funciones que exigen una cantidad de personal que es imposible de alcanzar”, señala el plan.
Según el diagnóstico, “la perspectiva de alcanzar una dotación de personal para desplegar estrategias de seguridad preventiva de forma masiva y constante en el territorio es irrealizable”.
Ante esta situación, planean desarrollar estrategias de seguridad preventiva “focalizadas” y “enfocadas” en los problemas delictivos identificados, para un uso “racional, proporcionado y efectivo” de los recursos policiales en las grandes ciudades de la provincia.
El plan que comenzará en Santa Fe, Rosario y Rafaela buscará direccionar el trabajo de la policía a la prevención y a la “conjuración temprana de delitos” y a la “respuesta lo más rápido posible ante los acontecimientos”. Para esto es necesario, según el ministro, que estas estrategias “no deben derivar de la estructura y las prácticas” que existe actualmente sino que se deben ajustar “a los problemas criminales en desarrollo”.
La idea es que los COP que estarán asentados en estas tres ciudades en un principio y en seis después tengan “la misión de producir análisis criminal, planificar operaciones e intervenciones policiales focalizadas”.
Los COP realizarán un “mapeo delictivo” para conocer la actividad criminal en un determinado barrio o zona para tener una respuesta rápida y focalizada con acciones en el terreno. Para hacer este análisis confluirá allí la información que se genere todas las áreas de las unidades regionales, de los centros territoriales de denuncias y de los municipios. El despliegue en el terreno correrá por parte de la Agrupación Cuerpos de cada Unidad Regional y de las policías de Acción Táctica, Comunitaria y de Seguridad Vial.
La tecnología para dotar a estos centros operativos de análisis se va a adquirir con los fondos que aportó el gobierno nacional. Son 3.000 millones de pesos que no se podrán usar para pago de sueldos, sino para adquirir “celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, hardware, licencias de software, dispositivos de rastro, cámaras de rastreo, y drones, entre otras cosas”. Esos fondos se deberán usar, según el convenio, dentro de un plazo de 120 días.
Fuente: AireSantaFe
