(PR/Norma Migueles) Este miércoles se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia en la que el hermano Pedro Ortiz, ex docente del colegio, solicitó a través de sus abogados defensores, un permiso para viajar a España desde el 18 de diciembre de 2023 al 7 de febrero de 2024.
La jueza Paula Borrello accedió al pedido de la defensa de Ortiz. Al mismo tiempo, solicitó una caución de 20 millones de pesos que deberán acreditarse antes del 18 de diciembre de 2023, fecha en la que, ya autorizado, el religioso partirá desde Argentina a España, hasta el 7 de febrero de 2024.
La magistrada también escuchó a dos de las familias de las cuatro niñas abusadas por el religioso, quienes pidieron «justicia» para sus hijas y que «el imputado transite el proceso privado de su libertad».
La defensa a cargo de los abogados Arsenio Domínguez y José Marchisio consideró que su cliente estaba a derecho, por lo tanto no había obstáculo para que se autorizara a viajar al exterior, aún cuando la misma magistrada había dispuesto oportunamente reglas de conducta -como alternativa a la prisión preventiva- que incluían el impedimento de viajar afuera del país, rectificando, en consecuencia, su propia resolución.
La fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien representa a cuatro víctimas del religioso -que en su carácter de director acosaba, atemorizaba y abusaba sexualmente de las niñas que concurrían al establecimiento educativo-, y la abogada Daniela Bravo, a cargo de la querella de una familia, se opusieron al pedido. Ambas recordaron que el imputado tiene ciudadanía española lo que facilitaría quedarse en ese país por el tiempo que desee.
Durante la audiencia, y como argumento de peso, Schiappa Pietra adelantó que hoy mismo presentó los requisitos de elevación a juicio, donde solicita una pena de 16 años de cárcel para el imputado.
Borrello resolvió y fundamentó en forma oral, desviando implícitamente la carga de su resolución a la fiscalía, considerando que no había impedimento para que el hermano Pedro hiciera su viaje de dos meses a visitar a sus familiares en España, ya que la propia fiscal no había objetado que transitara el proceso en libertad, además de haber hecho un viaje similar hace dos años atrás.
La medida despertó gran malestar entre una veintena de asistentes, familiares y amigos de las víctimas, como así también de grupos feministas. Además, hubo mucha tensión una vez conocida la decisión de la jueza, porque una de las niñas abusadas estaba esperando la resolución afuera de la sala y sufrió una crisis de llanto al ver, una vez más, que la Justicia esquivó hacer lugar al pedido de las víctimas.
