El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) vetó parcialmente (decreto 174/12) la ordenanza del Concejo que determinaba la elección por concurso de los jueces del Tribunal de Faltas, argumentando que el Legislativo no realizó las consultas pertinentes en un tema que es considerado por el DEM como “prioritario desde el punto de vista jurídico”, aún coincidiendo con su espíritu.
En paralelo, se elevó un propuesta para elegir dentro de una terna, seleccionada por el Colegio de Abogados y otros actores con competencia en la materia, pero donde el intendente tendrá como “privilegio” elegir al candidato y someterlo ad referendum del Concejo, un esquema que toma como referencia instancias superiores de nombramientos.
“Vivimos ahora una situación de transición, porque el intendente ya había elegido a la persona que iba a reemplazar a la doctora (Emilce) Cufré, entonces estamos discutiendo cuál es la prioridad. Nosotros entendemos que el nombramiento debe ser previo a la ordenanza”, expresó el secretario de Gobierno, Rubén Paulinovich, entendiendo que la modalidad sancionada por el Concejo “es transparente, pero previamente debía ser discutida entre DEM y Concejo”.
Profundizando en el desarrollo técnico, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Jorge Lagna, apeló a “las atribuciones legales y constitucionales” para explicar que “el intendente propuso el nombre de Janina Ferreyra”, interpretando que “cumple con todas las condiciones de idoneidad para el cargo”, y recordando que se desempeñaba como secretaria de Cufré, hoy en el Ejecutivo.
Ante ese mensaje, “nos encontramos con un proyecto de ordenanza para cambiar las reglas de selección y se produce por parte del Concejo un manoseo del nombre de Ferreyra. Entonces se cruzan dos procesos: porque el nombramiento de Ferreyra está en marcha y sigue los caminos legales. Nosotros insistimos con ese nombre y el Concejo, cumpliendo con lo que la Ley Orgánica de Municipalidades le demanda, tiene un plazo para expedirse y necesita de una mayoría calificada para rechazar ese nombramiento”.
Al mismo tiempo, “corren los tiempos legislativos para decidir sobre la nueva ordenanza de jueces de Faltas que propone el Concejo. Ante ello, y después de un análisis técnico y jurídico, decidimos vetar parcialmente esta norma”.
En síntesis, si bien el DEM reconoce la validez de este nuevo procedimiento de selección, considera aspectos técnicos inconstitucionales en la norma emanada del Legislativo. De allí el veto parcial.
“El nombramiento es una atribución del DEM y el acuerdo que presta el Concejo está reglado por la ley 2756, pero no es un acto donde el Concejo designe. El acto es complejo, porque necesita la propuesta del DEM, el acuerdo del Concejo y un decreto de nombramiento si el Concejo le da ese procedimiento. Con la redacción que nos envían, el DEM pierde toda atribución, sólo nombra a un jurado, que a su vez nombra a una terna. Y el DEM la manda al Concejo para que decida, pero no es su atribución, sino que debe prestar acuerdo para que el Ejecutivo nombre”, precisó el subsecretario.
Lagna considera que la ordenanza 4202/12, sancionada el 24 de octubre, podía generar “un vacío”, porque de la terna enviada por el DEM al Concejo, éste debía expedirse en 15 días, cuando por cualquier motivo (por caso, falta de quórum) podría no expedirse en ese plazo, y en consecuencia, “nos quedábamos sin juez”.
Para el subsecretario, “esto choca contra cualquier precepto legal y constitucional”.
En el esquema propuesto, que toma como modelo el Consejo de la Magistratura, “un jurado de notables preseleccionará tres abogados de todos los que se presentan. El intendente elige y envía uno para que el Concejo le preste acuerdo. El sistema de acuerdos legislativos es un acto interorgánico de dos poderes, que se funden en uno para el nombramiento, pero siempre sobre una persona, no sobre tres. Con este veto mejoramos el texto y lo más importante es que el intendente respeta el espíritu de la ordenanza que nos enviaron, porque se autolimita”, completó Lagna.
