El gobernador santafesino intenta poner en marcha un fideicomiso bajo control provincial que maneje la empresa hasta que se forme una nueva sociedad mixta, sin los actuales dueños. Este martes lo conversó con el Presidente.
Durante más de una hora, Alberto Fernández y Omar Perotti analizaron la situación de la empresa Vicentin en el marco del concurso de acreedores y evaluaron las posibilidades de concreción de la propuesta formulada por el gobernador santafesino la semana pasada, para encauzar la salida de la crisis de la mano de un fideicomiso que se conformaría de común acuerdo con los directivos de la empresa concursada. Aunque la conducción de Vicentin todavía no prestó su acuerdo.
La propuesta del gobierno provincial tuvo buena acogida entre empresarios agrícolas fuertes de Santa Fe que forman parte de la masa de acreedores del concurso judicial. También le devolvió aire a los capitales privados que «sobrevolaban la empresa antes de que el gobierno nacional decidiera tomar cartas en el asunto», según lo reflejan medios especializados de la provincia.
“El interés del Presidente es conocer cada uno de los detalles del proceso que se lleva adelante en el marco del concurso de Vicentin, cuyo objetivo central, y que destacó en reiteradas oportunidades durante la reunión, es el salvataje de la empresa”, informó brevemente el gobernador sobre el encuentro a través de un comunicado de su oficina de prensa.
El acuerdo que Perotti intenta plasmar con el clan Vicentín consiste, en lo esencial, en la conformación de un fideicomiso al cual el grupo empresario le cede sus acciones, y la Provincia, como fiduciario, las recibe y nombra un administrador a cargo de la gestión de la empresa. Además de poner en marcha el establecimiento industrial –hoy sólo opera en manos de terceros, en una suerte de alquiler de las instalaciones–, el administrador o fiduciario debería alcanzar algún acuerdo con los acreedores que permita obtener su respaldo a todo el proceso. En este punto es en el que se abren los mayores interrogantes.
Un alternativa posible, que explicó el periodista Mariano Galíndez esta semana en nota del portal Puntobiz, sería la siguiente: «La conducción del proceso queda en manos de Provincia y Nación, mientras que el Directorio de Vicentin quedaría relegado durante la vigencia del fideicomiso (…). En caso de que se alcancen los acuerdos, que incluyen también las condiciones de salida de las familias dueñas, recién ahí las acciones cambiarían de titularidad hacia los nuevos dueños, disolviéndose el fideicomiso».
De esto es de lo que ayer conversaron Perotti y Alberto Fernández, ambos rodeados por sus asesores en este tema. El presidente de la Nación reclama una alternativa que le garantice la salida de todos los directivos ligados al manejo de la empresa en un proceso plagado de irregularidades, posibles delitos económicos y financieros, y hasta sospechado de vaciamiento. El gobernador de Santa Fe sabe, también, que importa, y mucho, en manos de quién quedará el control de la empresa al final de proceso. Y apuesta a que el control mayoritario quede en manos de capitales nacionales, con una integración diversa. Una salida que se intenta hacer en el marco del proceso judicial, lo cual también requiere el acuerdo del juez Lorenzini. Ayer, Perotti le habría asegurado a Alberto Fernández que ese respaldo ya lo tiene.
El encuentro se realizó a través de videoconferencia, en la cual Perotti estuvo acompañado por su secretario de justicia, Gabriel Somaglia, y María Victoria Stratta, titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia. Son los dos funcionarios que participaron, el miércoles pasado, del encuentro con directivos de Vicentin, encabezados por Alberto Macua y Máximo Padoan, convocado por el juez comercial Fabian Lorenzini.
El otro mensaje que dejó Perotti al finalizar la reunión, también por vía del comunicado de prensa, fue que Alberto le había dado el respaldo a continuar con la gestión que está realizando para darle una salida al affaire Vicentin. «Seguiremos adelante con la estrategia que llevamos en común Nación y Provincia, y las reuniones con los acreedores», relata el escrito oficial.
El punto en discusión con los acreedores es, en qué medida, están dispuestos a capitalizar sus acreencias. Es decir, renunciar al cobro de las mismas y convertirse en socios de la nueva empresa beneficiaria del fideicomiso (que recibe las acciones ahora, gestiona la empresa y luego entrega el control a la nueva sociedad que se forme, si el proceso llega a completarse exitosamente).
Según el periodista Mariano Galíndez (mencionado más arriba), hay dos aspectos que inciden en la eventual decisión de los acreedores privados. El primero es que no quieren a los actuales directivos (los Vicentin) dentro de la empresa en la que ellos participen. «Condición sine qua non, ya que la confianza está rota», define. El otro punto clave es qué papel está dispuesto a jugar el Estado en la futura empresa mixta.
Gabriel Delgado, el designado interventor que no llegó a ejercer, sigue siendo el hombre de mayor confianza de Alberto Fernández en el tema, en carácter de asesor. Su idea era una nueva empresa bajo control de YPF Agro. La sostuvo incluso cuando la alternativa de expropiación dejó de ser una motivación para el Presidente. No está claro si YPF Agro forma parte de los planes de Perotti. Tampoco se sabe si el grado de participación estatal es un tema resuelto. Pero sin dar mayores pistas ni precisiones, quienes rondan cerca de la mesa de decisiones anticipan que, antes de fin de mes, habrá anuncios (F: Punto Biz- Página 12).
