El viernes pasado, se realizó una audiencia imputativa a un docente de Villa Cañás por abuso sexual infantil reiterado, corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal y amenazas reiteradas, contra su pareja e hijas. Al respecto, la fiscal Florencia Schiappa Pietra y la representante de la querella, Carolina Walker Torres, solicitaron la prisión preventiva.
Lo extraordinario del proceso fue que las audiencias demandaron 9 horas (finalizando en la madrugada), para que fiscalía y querella pudieran plantear sus argumentos solicitando la prisión del imputado, mientras que la defensa, a cargo de José Marchisio, abogó por la libertad.
Tras escuchar las partes y al propio imputado quien pidió declarar, el magistrado de IPP Leandro Martín resolvió que el docente transite el proceso en libertad, previa constitución de fianza con aporte de dos motovehículos valuados en 17 millones de pesos y reglas de conducta tales como prohibición de salir del país, prohibición de portar armas y de acercarse a las victimas o testigos y la firma diaria en la comisaría de Villa Cañás.
Entre gallos y medianoche
El último sábado, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, posteó en redes sociales su disconformidad con la resolución.
«En la madrugada del 12 de abril, tras casi 9 horas de audiencia en la cual declararon tres mujeres contando los aberrantes abusos sufridos, el juez de Leandro Martín decidió dejar en libertad a G.D.O docente de una escuela técnica de Villa cañas imputado por abuso sexual», posteó.
«La decisión judicial viola de manera flagrante el deber del Estado Argentino de actuar con debida diligencia reforzada, tal como le exige la convención de los derechos del niño, la CEDAW, la convención de Belén do Pará y la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes», enumeró.
«Desde la querella apelaremos esta decisión profundamente regresiva y violatoria de los derechos humanos y continuaremos exigiendo la elevación a juicio», afirmó.
492 días de investigación
Por su parte, el abogado defensor, José Marchisio, indicó que la decisión del juez tiene fundamentos válidos, ya que proceda la prisión preventiva deben cumplirse tres condiciones y, si bien como probabilidad se cumplieron los dos primeros (existió el hecho y alta pena en expectativa), la tercera que refiere a posibilidad de huida, obstrucción en la investigación, no tener trabajo o domicilio fijo, no se cumplió.
«Esta investigación se inició en diciembre de 2023, al viernes pasado habían pasado 492 días de investigación, previa lectura de derechos. El hombre vino, contrató nuestros servicios y nos presentamos a la audiencia. Al momento de solicitar la medida cautelar y evaluar los riesgos procesales, ni Fiscalía ni querella, tuvieron argumentos para demostrar que mi defendido podría entorpecer la investigación que se viene realizando desde hace año y medio, además tienen arraigo y trabajo siempre en el mismo lugar, no tiene antecedentes, no hostigó a testigos y estuvo a derecho», resumió.
«Esos argumentos fueron admitidos por el magistrado, quien admitió dos de los hechos imputados. Fiscalía tiene que continuar la investigación y cuando finalicemos los trámites de la caución, recuperará la libertad», completó el letrado.
