La situación del campo santafesino fue analizada por el presidente de Carsfe, Francisco Mayoraz y la asesora tributaria de la entidad, Ana del Río. La crisis tambera, ganadera y agrícola, junto a la reforma tributaria provincial y la presión de la AFIP, son algunas de las causas del llanto eterno del ruralismo. En su argumentación, sin embargo, entran en contradicción sobre la situación límite que estarían atravesando y su derecho a atesorar soja en los campos, esperando un mejor momento para vender.
La semana pasada estuvieron en Venado Tuerto distintos dirigentes ligados a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre ellos su presidente Rubén Ferrero, el titular de Carsfe (Confederaciones Rurales de Santa Fe), Francisco Mayoraz y la asesora tributaria de esta institución, Ana del Río.
Durante una extensa y detallada presentación, los referentes rurales analizaron las distintas problemáticas que “eternamente” (según la versión de los “dueños de la tierra”) afectan al campo argentino.
“La situación del productor santafesino no sale del contexto nacional. Tenemos una cuenca lechera muy importante donde hoy con los valores de la leche los tambos están tendiendo a liquidarse o a vender sus vacas, y entonces salen del sistema. La zona norte de la provincia, que es la zona de cría más importante del país, hoy está manteniendo un precio de la hacienda con valores de hace dos años, con un costo de producción que ha aumentado un 30 o 40 por ciento en relación a 2010-2011”, apuntó Mayoraz.
En lo que se refiere a la producción agrícola, el presidente de Carsfe recordó, “entre sollozos”, que “hoy el pequeño y mediano productor está queriendo levantar la cosecha y venderla para ir saldando las deudas que tiene de la campaña triguera y la cosecha pasada. Además, no hay que olvidar que Santa Fe viene de una sequía importante en 2008, con declaración de emergencia para el centro norte provincial, y este año tuvimos un problema de exceso hídrico en toda la zona del centro hacia el sur, que es toda la región agrícola”.
Repreguntado por PUEBLO Regional sobre las herramientas que deberían ponerse en práctica para cubrir las expectativas del sector, Mayoraz añadió: “Nosotros creemos que tiene que haber un precio de referencia. Tenemos que volver a trabajar en un proyecto que estábamos impulsando con la provincia, para poner en vigencia el decreto Binner (Hermes, ex gobernador socialista de Santa Fe) para poder tener un precio de leche de referencia a través de la Bolsa de Comercio de la provincia de Santa Fe y crear una fábrica de secado para que el exceso de leche se pueda secar y hacer leche en polvo para almacenarla y después darle distinto valor agregado que quiera el productor”.
El dirigente remarcó que, más allá de las gestiones ante el Estado provincial, la idea es que esta fábrica de secado sea manejada por los productores, que además se encargarían de aportar el capital. “Estamos analizando los distintos informes y la viabilidad de la fábrica para ver si la podemos poner en marcha lo antes posible”, resumió el empresario rural.
En la misma línea, el ruralista destacó los importantes avances logrados para comenzar a operar con una “bolsa de comercio lechera”. “Ya tuvimos cuatro o cinco reuniones con la gente de la Bolsa de Comercio, ahora nos tenemos que juntar con la gente de la industria lechera y avanzar con los contratos, que son siempre de buena voluntad y buena fe, para que el productor tenga un precio de referencia para poder comercializar su leche en el futuro, porque hoy el precio que se toma es la liquidación de fin de mes. Esta es una forma de poder cumplir los contratos en forma y tiempo. Estamos en tratativas para que esto comience a operar antes de fin de año”.
Crisis ganadera
En lo que se refiere a la ganadería, otro rubro que, aparentemente, le trae grandes dolores de cabeza al campo argentino, el presidente de Carsfe comentó que “lo que hay que hacer es liberar la exportación para que el novillo retome su precio. A medida que retome su precio habrá retención de vientres y entonces se dará una mayor oferta de animales para faena, donde el precio va a tender a bajar. Hoy estamos en un mercado donde el precio de la materia prima está planchado, no aumenta, pero vamos a las carnicerías y la carne está subiendo su valor todos los meses”.
Reforma tributaria
Una de las polémicas más fuertes de 2012 en territorio santafesino, tuvo que ver con la puja de poderes para implementar la “reforma tributaria” impulsada por el socialismo, que finalmente terminó conformando a pocos sectores.
Al respecto, la asesora tributaria de Carsfe, Ana del Río explicó: “Desde la entidad se hizo un trabajo impecable en el sentido que se trató de expresar a todos los legisladores cuál es la presión fiscal que tiene el sector agropecuario y cómo incidiría un aumento tributario desmesurado. Se trabajó muy duro, se habló con los legisladores y quizás las expectativas que teníamos eran distintas cuando empieza a aparecer una figura que nosotros no habíamos estado hablando con respecto al aumento de los avalúos fiscales, incremento de alícuotas y además aparece una figura del gran contribuyente rural, porque se habían pautado ciertas ideas en base a unidades económicas agrarias. Cuando esos lineamientos no se respetan es como que el impacto es más importante respecto del impuesto inmobiliario”.
En el marco del eterno lloriqueo rural, la asesora comentó que “mucha gente cree que el productor retiene la soja, que no la vende, pero la realidad que enfrenta el productor es que tiene un dólar oficial con un 35 por ciento de retenciones, y una compra de insumos que le sube muchísimo los costos a un dólar no tan oficial”.
Repreguntada del Río por PUEBLO Regional sobre si los insumos los compran al precio del dólar blue, respondió: “No, la venta se hace a un dólar oficial pero, lamentablemente, aumentaron todos los insumos en dólares. O sea que la relación no es más lo que era. Si a eso le sumamos presión fiscal la situación del productor agropecuario está complicada”.
Insistente, quizás descreído de la supuesta crisis rural, el cronista de este medio volvió a repreguntar, pero en este caso apuntando a si las entidades del agro pidieron alguna vez al Estado nacional que ponga un tope a los aumentos de los insumos agropecuarios.
En este punto, Del Río y Mayoral entre dudas y balbuceos sólo refirieron: “Lamentablemente al control de precios al cual está sujeto el productor agropecuario siempre es el precio de pizarra, la retención y lo demás, para trabajar el campo tiene que pagar los insumos a precio de mercado”, apuntó la asesora tributaria, en tanto que el presidente de Carsfe se lavó las manos al comentar que “a nivel nacional estos temas los trabaja CRA, nosotros desde la Confederación sólo podemos trabajar lo que es a nivel provincial”.
Volviendo al tema de la reforma tributaria, Del Río planteó que “desde la entidad no estamos conformes, sentimos que hemos sido muchas veces traicionados, porque fuimos con una idea, una propuesta, nos llevamos una promesa y después salió otra cosa que no era lo que habíamos hablado en las reuniones a las cuales habíamos asistido”.
Intimaciones de la AFIP
Mucho ruido generaron en las últimas semanas las medidas impuestas por la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP), al sector agropecuario.
Al respecto, la asesora consideró: “Que te den 48 horas para contestar una intimación, cuando la normativa vigente, que es una resolución, dice diez días es un atropello al productor y a quienes tenemos que realizar el trabajo de campo junto al productor. La normativa habla de diez días y justo para el productor agropecuario la fiscalización electrónica sale en 48 horas. Yo diría que no es una cuestión muy transparente que nos den 48 horas para contestar una fiscalización electrónica. No me gustó la actitud de la AFIP y desde el Consejo Provincial de Ciencias Económicas se elevaron todas las quejas para que se aplique la norma tal cual se tiene que aplicar y no por capricho del funcionario de turno”.
Ampliando detalles sobre cuál es el requerimiento actual del organismo fiscal, Del Río puntualizó: “Lo que recibimos es un requerimiento de la AFIP y tenemos que responderlo en el término de 48 horas. Lo que tenemos que informar es la cantidad de soja que tenía cada productor agropecuario o validando la información que tenía la AFIP. En 48 horas es imposible poder cumplimentar todos los requerimientos, y si la norma dice diez días, se tienen que acordar los diez días, no 48 horas”.
Cizañero, el cronista de PUEBLO Regional volvió a repreguntar: “¿Y esto porqué lo leen como una intimación a vender?”.
“Yo diría que esto es una presión a vender. Hay una presión hacia el sector, porque a nadie lo van a intimar a que en 48 horas presente información. Si la norma dice diez días, porque al sector agropecuario se le dan 48 horas. Quizás sea para amedrentarnos, pero queda feo que nos infundan miedo y que nos presionen para que vendamos porque, después de todo, si el productor agropecuario tiene soja es porque el mismo la produjo, la cosechó, y gastó un montón de plata, y la tiene que vender cuando quiera y no cuando lo presionen para venderla”, replicó la asesora, un poco descontrolada, y olvidando que el principal argumento de las entidades ruralistas es que los productores están en una situación extrema y que cada granito que producen lo tienen que vender para saldar deudas anteriores.
