(PR/Norma Migueles) En una audiencia que se realizó este viernes en los tribunales de Venado Tuerto y que duró poco más de tres horas, fueron imputados y quedaron en prisión preventiva dos hombres y dos mujeres que fueron detenidas el 28 de octubre pasado en el marco de una investigación por microtráfico que se inició en abril de este año.
En ese sentido, el fiscal Iván Raposo imputó a tres de ellos por tenencia y comercialización de estupefacientes, en tanto que el cuarto fue por comercialización.
El juez Adrián Godoy destacó los avances y resultados de la investigación del MPA que determinó que a la fecha fueran ocho los imputados por comercialización y tenencia de estupefacientes, siete de los cuales transitan ahora el proceso en prisión. De acuerdo a las pruebas, se trata de, al menos, tres personas con parentesco entre sí y de un movimiento registrado de dinero en favor del proveedor que rondaría los 10 millones de pesos en un lapso de cuatro meses.
La defensa, a cargo de Melisa Andreatta, solicitó la prisión domiciliaria para las mujeres, ambas madres de hijos de corta edad. Sin embargo, el magistrado consideró que pesaba en contra de ellas la «contundencia de la evidencia probatoria sobre su participación en los hechos presentados». A su vez, de acuerdo a la información presentada, los niños tienen familiares que se pueden hacer cargo de los mismos, trasladando la continuidad del tema al Juzgado de Familia y al área de Servicios Sociales de la Municipalidad.
Asimismo, Godoy indicó a la fiscalía evaluar -atento a las pruebas logradas- la posibilidad de pasar la causa al fuero federal.
Detenidos
Raposo imputó a los sospechosos por tenencia y comercialización de estupefacientes, luego de su detención, el último 28 de octubre, en el domicilio ubicado en Cerrito y Presidente Perón. En el lugar, la PDI secuestró recortes de nylon, una balanza, teléfonos celulares, 29.1 gramos de cocaína, recortes varios, platos con vestigios, una balanza de precisión, una pipa metálica y 420 mil pesos en efectivo.
Uno de los detenidos fue considerado el proveedor, ya que las cuentas bancarias lo evidenciaron como la persona que recibió cerca de 10 millones de pesos de parte de los otros imputados, quienes, curiosamente, no tienen trabajo registrado. En tanto, el receptor dijo que trabajaba en el taller de su padre.
Denuncias
En mayo de 2025, el intendente Leonel Chiarella recibió denuncias por parte de vecinos de barrio San Martín en las que manifestaban una situación que alteraba la calma de esa zona y que la misma se originaba en una vivienda de calle Pavón al 500. Allí, los vecinos aseguraron que se vendían drogas, había disturbios, ejercicio de la prostitución y aguantadero para hechos de robo. El mandatario municipal hizo la correspondiente presentación ante las autoridades del MPA.
La investigación de la fiscalía determinó que se trataba de una vivienda usurpada por una mujer desde hacía -al menos- 20 años y solicitó al magistrado que la propiedad sea derrumbada como ya se hizo con otros bunkers de similar actividad en la ciudad. Esta medida deberá ser resuelta por la Cámara.
El 2 de octubre, en tanto, se realizó un allanamiento en calle Pavón 500 y quedaron detenidos un hombre y una mujer por tenencia comercialización de estupefacientes. En el lugar, además, había personas que atestiguaron que iban a drogarse o a comprar droga.
Después, el 24 de octubre, se allanó una vivienda de calle San Luis al 300, donde fueron detenidos dos hermanos, se secuestró droga, elementos vinculados a la comercialización y una moto robada. La mujer quedó detenida y el hombre transita el proceso en libertad.
Los datos obtenidos en estos allanamientos derivaron en el procedimiento realizado el 28 de octubre en Presidente Perón y Cerrito. Los cuatro habitantes de la vivienda quedaron privados de su libertad.
