Hoy finalmente se llevará a cabo la votación para suspender al Defensor General Gabriel Ganón, en un proceso que recibió cuestionamientos desde todos los márgenes por sus irregularidades e inconsistencias. La avanzada en contra del defensor público encabezada por el senador departamental Lisandro Enrico, también cuenta con el apoyo del socialista Oscar Pieroni y Norberto Nicotra, del PRO. Para esta tarde se citó una sesión especial conjunta de ambas Cámaras legislativas para tomar la decisión de avalar o no lo actuado por la Comisión Bicameral de Acuerdos. Durante la sesión también se tratará la destitución del fiscal regional de Reconquista Eladio García
“Cuando hoy en la legislatura provincial se vote la suspensión del Defensor General, Gabriel Ganon, lo que se estará decidiendo tendrá implicancias que exceden ampliamente a la persona de Gabriel (aunque lo dañen y afecten personal y profesionalmente) y que impactará, en realidad, sobre la institucionalidad democrática en la provincia de Santa Fe”, expreso el docente y asesor de la defensoría, Enrique Font.
Además, el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU aclara que a partir de la “pésima reforma del enjuiciamiento penal” que hubo en la Provincia, se produjeron dos instituciones con funcionamientos dispares. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal, que tiene un accionar dudoso y muy poco eficaz, y que para Font “se parece a lo peor de lo peor de los juzgados de instrucción del viejo sistema penal”; y por el otro, la defensa pública que conduce Gabriel Ganón, y que “asumió un rol transformador y alineado con los derechos humanos y claramente decidido, con todas las limitaciones existentes, a promover el acceso a la justicia de los sectores populares en una experiencia inédita en la provincia y en el país”.
La terminación forzada del mandato de Ganón a unos pocos meses de que finalice reglamentariamente, implica un contundente gesto político y una seria lesión a las esferas autónomas de la justicia. “La realidad es que en la provincia de Santa Fe no existen instituciones autónomas e independientes como la Defensa Pública. No lo es la Defensoría del Pueblo desde su creación y mucho menos ahora con un titular responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas durante su gestión en seguridad. No los es el MPA, una institución boba que no acierta a garantizar el acceso a la justicia más básico a las víctimas y que no esclarece nada ni lidera la persecución penal que sigue manejando una de las policías más violenta y corrupta de la región. No lo es la Defensoria de Niños, Niñas y Adolescentes, dirigida por una funcionaria sin experiencia que no ve la vaca en el baño del avión, aunque se la muestren y señalen, y que encubre las graves violaciones a los derechos humanos de niñxs y adolescentes que ocurren en esta provincia. No lo es la legislatura como institución, más allá de varias excepciones de legisladorxs, ya que es una institución dependiente de subsidios, acuerdos y negociados con el poder ejecutivo que maneja el presupuesto. No lo es el poder judicial porque nunca lo ha sido, más allá de algunxs funcionarios que intentan lo que pueden en una institución podrida hasta la medula”, apunta Font.
En cuanto a la continuidad del proceso, Font supone que ni siquiera será necesario que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que intuye que en las instancias nacionales se declarará la ilegalidad del procedimiento y su suspensión. Según afirma, eso lo saben hasta los propios promotores del mismo, sin embargo, lo que intentan con esa jugada es “disciplinar a la Defensa Pública, dejar en claro que en la provincia no hay lugar para instituciones autónomas e independientes, mucho menos para proteger los derechos humanos de los sectores populares”.
Por su parte, para Ganón el mecanismo de remoción violó las garantías constitucionales del derecho de defensa, debido proceso, imparcialidad (porque coinciden denunciantes, acusadores y juzgadores), plazo razonable, presunción de inocencia, proporcionalidad, entre otras irregularidades.
“Esos poderes facticos enredados en el desgobierno policial y judicial son los que vienen por mi cabeza desde hace 5 años desde que dijimos públicamente que en Santa Fe se armaban causas se torturaba y que tenía la peor policía y una de las peores Justicia de la Argentina. Los números nos daban y nos dan la razón se castiga 2 de cada 10 homicidios. También les molesto que dijésemos y ahí vino el segundo pedido de destitución que Tognolli como jefe ocasionaría el colapso de la escasa gobernabilidad policial y que además estaba comprometido con el narcotráfico y las barras de NOB. Tognolli está preso por eso mismo. En ambos casos nos escucharon pocos compañeros, Eduardo Toniolli que directamente nos acompañó y también Gerardo Rico. Otros sectores del PJ también estuvieron con nosotros entre ellos el compañero Leandro Busato. Quienes también nos dieron apoyo en aquellas embestidas fueron María Eugenia Bielsa y Luis Rubeo. También nos acompañó el Senador Kaufman”, expone en su cuenta personal de Facebook.
