La fiscal Rafaela Florit presentó la acusación en la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales rufinenses. La víctima padece un retraso mental y también tiene trastornos de personalidad. Florit adelantó que solicitará una pena de 18 años de prisión. En tanto, la audiencia preliminar que deberá realizarse antes del juicio oral ya fue agendada para el próximo mes.
En cuanto al monto de la pena que solicitará, la fiscal Florit remarcó que “se tuvo en cuenta que la víctima es una joven atravesada por múltiples situaciones de vulnerabilidad de las que el agresor se aprovechó”. Al respecto, explicó que “además de su género y edad, sufre un retraso mental, trastornos de personalidad y patologías físicas”, y agregó que “vive en un contexto social carente de los cuidados que necesita”.
La calificación es abuso sexual con acceso carnal calificado (por el grave daño en la salud mental de la víctima) y promoción y facilitamiento de la corrupción de menores.
Los hechos
La fiscal informó que, “en julio de 2021, el acusado –cuyas iniciales son RAC y tiene 62 años–, atentó contra la integridad sexual de la víctima en una casa de Rufino en la que él residía. Ella cursaba el último tramo de la escuela primaria junto con la hija del hombre investigado y eran vecinos”.
“El acusado cometió el hecho ilícito valiéndose de la posición desigual de poder en la que estaba frente a la víctima, quien no prestó consentimiento válido”, aseveró la funcionaria del MPA. “Asimismo, llevó a cabo actos de corrupción de menores en perjuicio de ella, ya que le entregó dinero tras abusarla sexualmente”, subrayó.
Florit resaltó que “las conductas delictivas del hombre acusado afectaron la salud mental de la víctima”, y señaló que “por ese motivo aún no pudo ser entrevistada en Cámara Gesell”. En tal sentido, aclaró que “la agresión que padeció fue reconstruida mediante otras diligencias investigativas”, y aseguró que “nuestra teoría del caso se sustenta en elementos probatorios contundentes, como un análisis de ADN con resultado positivo”.
Por otro lado, la representante del MPA valoró que “la denuncia que dio origen a la investigación fue radicada por las autoridades de la institución educativa a la que asistían la víctima y la hija del acusado”.
