(PR/Norma Migueles) La CGT se reunirá este miércoles en su “mesa chica” para evaluar los pasos a seguir en su estrategia de rechazo al capítulo laboral de la Ley Bases que instala nuevamente el impuesto a las ganancias en los haberes, después de que el gobierno de Javier Milei promulgara esa norma el último lunes.
Al respecto el dirigente venadense de La Bancaria, Víctor Ubaltón, uno de los gremios más afectados por la norma, recordó que su sindicato tiene dos integrantes en la Cámara Baja, Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, quienes accionarán en la Justicia por la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, una medida que fue aprobada en el paquete fiscal que sancionó el Congreso junto con la ley Bases.
Ubaltón advirtió que es una medida inconstitucional atento a que las leyes tienen que tener aprobación de ambas cámaras legislativas y el articulo cuestionado no fue incluido en el paquete de Ley Bases que salió de senadores y fue incorporado por Diputados, contando con su sola aprobación.
“Lamentablemente todo lo que refiere a la totalidad de la ley nos produce un profundo rechazo, en cuanto a los trabajadores vemos que atenta contra todos los derechos adquiridos favoreciendo solamente a los empleadores”, alegó.
Señalando luego, a modo de ejemplo, que de aquí en más van a poder tener “equipo de colaboradores” en vez de “trabajadores”, hasta ahora se autorizaban 5, pero ahora esos colaboradores podrán tener a su vez otros monotributistas trabajando para esa empresa. En consecuencia, van a contratar bajo esa modalidad sin aporte a la seguridad social, sin vacaciones, sin aguinaldo, ni horas extras. Esto, favorece el trabajo informal y como ya hemos visto en otras oportunidades no genera empleo y si lo hace será de mala calidad sin los derechos que tenemos los trabajadores de convenio”.
“Por otro lado no van a tener antigüedad, aguinaldo, vacaciones, licencia por enfermedad o maternidad, se puede extender la jornada laboral porque un monotributista no tiene convenio de horario, tendrá que trabajar a demanda de la patronal y el período de prueba se extiende de tres meses a un año y puede ser despido tras ese lapso sin ser indemnizado, sin gozar de estabilidad laboral”, detalló el sindicalista.
Ubaltón recordó también que por los vaivenes económicos que en forma sostenida sufre el país, “muchas pequeñas empresas suelen tener algunos de sus trabajadores en negro, pero a la vez advirtió que eso sucede en las grandes empresas donde la “responsabilidad social empresarial, es casi inexistente. Por otra parte, esta nueva modalidad de empleo va a afectar al sistema previsional y las obras sociales”, advirtió.
