La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actualmente no tiene presupuesto, han cerrado sus oficinas del interior del país y fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud.
El ajuste económico y desmantelamiento del estado que propone el programa del gobierno nacional, incluye también la desjerarquización y desfinanciamiento de las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actualmente no tiene presupuesto, han cerrado sus oficinas del interior del país y fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud: “Esto implica un gran retroceso en derechos obtenidos porque deben garantizarse condiciones y políticas inclusivas, donde las personas puedan desarrollarse en educación, trabajo, tener una vida digna”, analizó la diputada nacional Mónica Fein.
El organismo encargado de implementar las políticas públicas y proteger los derechos de las personas con discapacidad este año no tiene presupuesto actualizado, se ha desactivado el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, han despedido a 350 de sus trabajadores de oficinas de todo el país (al menos 16 de ellas con discapacidad), y se ha dado la espalda a una conquista histórica: que los ámbitos de toma de decisiones sean ocupados por las personas con discapacidad, en el marco del derecho a la participación política.
“Hemos presentado un proyecto para que se rectifique esta decisión, ya que transferir la ANDIS al Ministerio de Salud implica un abordaje absolutamente médico de las personas con discapacidad, cuando hasta el momento se aseguraban sus libertades e inclusión en todos los aspectos de la vida, yendo en línea con las convenciones internacionales de derechos humanos”, argumentó Fein.
Las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU las políticas generales y sectoriales del gobierno de Javier Milei y la ausencia de medidas de protección hacia las personas con discapacidad. Los impactos generales de las decisiones económicas, los efectos desreguladores del DNU 70/23 en campos como el de la salud, los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad, la suspensión de políticas urgentes como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales relevados.
“Este gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado. Preocupa que el Director actual de la agencia no tenga ningún vínculo reconocido ni trayectoria pública en el campo de la discapacidad y que solo tiene el mérito de haber sido abogado particular del presidente en diversas causas”, concluyó la legisladora.
