(PR/NM) Integrantes de la Agrupación Hacemos Nuestra Ciudad informó sobre el análisis realizado y la posibilidad de iniciar acciones legales, por los efectos sociales negativos, contra la Ley de Previsión Social promulgada el viernes pasado por el gobierno provincial.
Al respecto Martín Urquiza señaló, “nos preocupa cómo va a afectar este sistema propuesto, no sólo a los trabajadores, sino también a los jubilados que, como todos sabemos son el eslabón más débil en esta cadena de aprietes propuesta por el gobierno. Cuestionamos la validez de esta ley, surgida no del debate y análisis de los representantes de las distintas fuerzas políticas que conforman la Legislatura, sino de una confusa y desprolija votación, que dejó más dudas que certezas”.
Agregando: “Es por eso que hemos analizado distintas herramientas legales para poder apoyar a quienes sienten que este gobierno ataca su bolsillo y sus derechos. Hoy el gobernador Pullaro, amparado por una mayoría legislativa, pretende robar lo que tanto sacrificio aportaron durante 30 o más años”.
“Queremos invitar que se sumen más actores, sobre todos los jóvenes, no abandonemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, hoy angustiados y asfixiados por las políticas nacionales. Desde Hacemos Nuestra ciudad ratificamos nuestro apoyo a los justos reclamos de los docentes, del servicio de salud, de las fuerzas de seguridad, porque no vemos cual será el beneficio a futuro que tendrán estos sectores y el perjuicio que genera esta ley inconstitucional, en definitiva, repercute en el resto de la sociedad”, alegó.
Por su parte la abogada Janina Ferreyra dio detalles de las herramientas legales a través de las cuales la Agrupación puede intervenir.
“En el marco de la aprobación de la ley de reforma previsional del pasado jueves 12 de septiembre, la agrupación/organización política Hacemos Nuestra Ciudad, decidió iniciar acciones legales por la afectación de derechos colectivos y constitucionales que encierra esta reforma. Para ello solicitará la admisión de la figura de Amicus Curiae (amigos del Tribunal) a los efectos de manifestar y opinar sobre la grave e ilegal afectación de derechos y principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico”.
“Este mecanismo de participación no busca beneficios económicos, ni genera costas en el proceso judicial. Simplemente es una forma de participación democrática prevista en nuestro ordenamiento jurídico”, detalló.
“Estamos trabajando en el escrito para pedir la admisión de esta figura, ya que no sólo estamos ante la afectación de derechos de los destinatarios de esta ley, sino que entendemos que además se está avanzando sobre los principios rectores de toda norma, como son la legalidad, razonabilidad y progresividad que esencialmente tienen que ver con los principios sociales y previsionales”, subrayó la profesional.
