Luego de que se hicieran públicas las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al beneficio de acceso a pasajes gratuitos en el transporte automotor de larga distancia, el diputado nacional Eduardo Toniolli denunció que esta situación «es una de las consecuencias del anuncio por parte del Gobierno nacional de la desregulación del transporte de larga y de media distancia», y de que «va a dejar de ser considerado un servicio público”. El legislador santafesino presentó además un pedido de informes requiriendo precisiones sobre el accionar del Estado nacional en la materia.
«Desde la publicación del decreto 883/2024, que establece la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, se han multiplicado las denuncias de personas con discapacidad que no han podido acceder a su derecho a viajar sin costo, derecho reconocido por medio de los decretos 38/2004 y 118/2006”, señaló Toniolli. A su vez, agregó que «las empresas de colectivos están alegando que ya no brindan un servicio público y por lo tanto no están obligadas a respetar el cupo de pasajes gratuitos».
«El ‘viva la pepa’ que impulsa el gobierno de Milei en el rubro transporte lleva a esta situación y aunque la CNRT afirme estar atendiendo los reclamos, el mismo decreto de desregulación dispone que ya no será obligatorio para las empresas salir de las terminales de ómnibus, lo que en los hechos hará imposible cualquier tipo de control», afirmó.
Entre las preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo, el diputado -integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara baja- indagó sobre las medidas adoptadas por la CNRT para asegurar el acceso a pasajes gratuitos en distintas jurisdicciones del país, la cantidad de denuncias registradas desde la publicación del decreto 883/2024 y las soluciones ofrecidas a las personas con discapacidad en casos de incumplimiento por parte de las empresas de transporte.
Al respecto, Toniolli destacó que se han registrado denuncias en las terminales de Rosario, Paraná, Bariloche, San Juan y Retiro, entre otras. «Evidentemente estamos frente a una operatoria coordinada por las empresas del sector en todo el país, y no podemos permitir que se afecte los derechos consagrados de personas vulnerables», concluyó.
