El Gobierno nacional le abrió las puertas a la privatización total o parcial de diez centrales eléctricas que están en manos del Estado y cuyo desarrollo había crecido en los últimos años. A través de un decreto del Ministerio de Energía, se dispuso poner en marcha “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de propiedad de esas compañías, así como también parte de la participación accionaria en ellas.
Los activos que el Estado podrá poner a le venta son aquellos sobre los que actualmente tiene derecho en las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA.
El argumento con el que tomó esta decisión tiene el eco del viejo apotegma neoliberal de que el achicamiento del Estado favorece la llegada de inversiones y la generación de empleos. El texto del decreto 882/2017 publicado hoy en el Boletín Oficial sostiene que “es conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos”.
«El sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país”, sostiene el texto oficial que, hacia el final, asegura que el Estado seguirá asignando recursos a aquellas empresas “que hacen al cumplimiento del cometido público estatal». Sobre este último punto no se dieron detalles.
En el mismo decreto se oficializó el cambio de nombre y ampliación de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), desde la cual durante los últimos años se promovió el desarrollo y amplió la capacidad del sistema interconectado nacional, que presta servicio eléctrico en todo el país. A partir de ahora, esa compañía estatal se llamará Integración Energética Argentina S.A. y absorberá a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (Ebisa), que comercializa la energía producida por Yacyretá.
El cambio no da puntada sin hilo. El decreto del Poder Ejecutivo también establece que Integración Energética Argentina se desprenderá de los activos del Estado en las centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López. También podrá ceder o vender los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, así como también la participación accionaria de la ex Enarsa en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima.
Por ahora, las centrales que quedarán bajo la órbita de la compañía renombrada serán, entre algunas, las represas de Santa Cruz, la Central Térmica de Río Turbio y también los gasoductos cordillerano, de la costa y el del centro.
