(PR/NormaMigueles) La concejala Verónica Ruiz presentó un proyecto de Resolución, aprobado por unanimidad, solicitando a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe que evalúe la posibilidad de implementar un régimen legal que disponga la aplicación de sanciones o multas a los padres, madres o tutores legales de aquellos alumnos que cometan actos comprobados de acoso escolar (bullying).
La edila planteó, además, la posibilidad de que se adopten medidas que obliguen a los padres a participar de talleres de parentalidad responsable, capacitación en convivencia escolar y trabajo comunitario orientado a la prevención del acoso.
Al momento de fundamentar el pedido, la edila advirtió que el acoso escolar constituye una problemática compleja que afecta gravemente el bienestar psicológico, emocional y social de niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus derechos fundamentales a la educación, la dignidad y la integridad personal. El bullying implica conductas reiteradas de hostigamiento físico, verbal o psicológico entre pares, muchas veces invisibilizadas o minimizadas, pero con consecuencias severas, que pueden derivar en aislamiento, depresión e incluso suicidio”.
Señalando luego que esta situación de violencia escolar ha puesto sobre la mesa de debate la necesidad de adoptar medidas eficaces de prevención compartidas entre el Estado, las instituciones educativas y las familias.
“Entiendo que es un tema que pronto va a ingresar a la legislatura, y más allá de la sanción económica consideramos que es fundamental la responsabilidad parental, ya que en la práctica vemos que el padre del agresor suele negar la situación. También debemos hablar mas con nuestros hijos. Prestar atención de lo que pasa y evitar llegar a consecuencias fatales”, subrayó la edila.
Ruiz citó como antecedente la Ley Nacional N.º 26.892, de “Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas”, promueve la participación de las familias en la prevención y resolución de conflictos, mientras que la Ley Nacional N.º 26.061 y la Ley Provincial N.º 12.967 garantizan la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, imponiendo al Estado la obligación de generar entornos educativos seguros y libres de violencia.
