La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) celebró este miércoles la resolución emitida por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó la inmediata restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), poniendo fin a una intervención que duró más de un año y que fue marcada por graves irregularidades, denuncias y un claro atentado contra la autonomía sindical.
Esta decisión revierte la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena -actualmente bajo investigación por prevaricato- quien desplazó al directorio legítimo, «en un contexto de manifiesta parcialidad e incompetencia territorial, tal como lo cuestionaron duramente los fiscales mediante recusación».
«El fallo dejó sentado que la hipótesis original que dio origen a la intervención resulta hoy ‘prácticamente nula’, determinando que ‘no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social'», señaló el sindicato a través de un comunicado.
Cabe recordar que esta situación de Osprera ha disparado fuertes cruces entre el gremio que encabeza José Voytenco y las autoridades del Gobierno nacional. «Durante estos 15 meses, el interventor designado por decreto del presidente Milei, Marcelo Petroni, fue objeto de múltiples denuncias», afirmaron desde UATRE.
En tal sentido, indicaron que entre las irregularidades más graves se encontraron:
- Duplicación innecesaria de la estructura administrativa, con nombramientos de dirigentes derrotados en elecciones internas y sin experiencia en salud.
- Priorización de negocios espurios, con pagos de facturas sin prestación real.
- Reducción drástica del gasto en prestaciones médicas, lo que provocó interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo.
A su vez, UATRE afirmó que estas políticas tuvieron consecuencias devastadoras para miles de afiliados, tales como agravamiento de patologías, empeoramiento de cuadros graves y, lamentablemente, pérdidas irreparables.
Al respecto, el gremio mencionó que, hasta diciembre pasado, se registraron 476 acciones de amparo en la Justicia por falta de cobertura, muchas de ellas incumplidas, y tres causas penales por «abandono de persona seguido de muerte», incluyendo el caso de José Alfredo Garavento, paciente oncológico fallecido en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.
«Hoy la Osprera retorna a la gestión de las autoridades elegidas legítimamente, tras más de un año de conflictividad institucional, judicial y perjuicios irreparables a los afiliados. UATRE reafirma su compromiso irrestricto con la defensa de la libertad sindical, la transparencia y la prioridad absoluta en la salud y los derechos de los peones rurales y estibadores de todo el país», remarcaron desde el gremio.
Por último, sostuvieron que «la lucha continúa, no sabemos en qué estado será devuelta la obra social. No será fácil ni inmediato, pero desde UATRE trabajaremos por una obra social digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales».
