(PR) Un duro revés judicial recibió el Gobierno nacional, este lunes tras la decisión del juez laboral Raúl Ojeda de suspender gran parte de la reforma laboral promulgada a principios de marzo. La medida judicial incluye los derechos a la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
El magistrado también consideró cumplidos los requerimientos para dictar una acción sobre la inconstitucionalidad de la norma y rechazar planteos del Gobierno.
Cabe recordar que la CGT nacional, apenas aprobada la reforma, realizó una presentación pidiendo revisar la constitucionalidad de los artículos que introdujeron modificaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de ordenamiento de la Justicia Nacional y las normas sobre convenciones colectivas de trabajo, trabajo rural, asociaciones sindicales y las convenciones internacionales que protegen la no regresividad en materia laboral.
“Este es un primer paso importantísimo de un reclamo de fondo que es la inconstitucionalidad de la reforma. La justicia a través de esta cautelar nos da una mirada de que lo que planteábamos era verosímil, creíble y tenía los fundamentos necesarios para decir que muchos de los artículos eran inconstitucionales”, señaló el venadense Jorge Sola, integrante del triunvirato que dirige los destinos de la central obrera.
El dirigente recordó que la estrategia cegetista pasó, primero, por reunirse con todos los actores políticos que tenían poder de decisión en el tratamiento del proyecto de reforma; luego con un paro nacional de actividades, y finalmente, “al no poder lograr que la ley no fuera aprobada, hicimos esta presentación en la justicia”.
Sola recordó que además de la presentación general realizada por la CGT, distintos gremios están haciendo sus reclamos por cuestiones particulares de cada sindicato, “y la justicia está avanzando con el criterio de mirar todo con el prisma de la Constitución”.
En cuanto a cuáles son los artículos de la reforma que siguen en pie luego de la decisión del juez Ojeda, el sindicalista apuntó: “Lo que quedan son decisiones políticas, por ejemplo, el régimen de incentivo y fomento laboral, que son medidas que tienden a generar más empleo, y algunas condiciones que tienen que ver con darles posibilidades a las pequeñas y medianas empresas para generar empleo con menor cantidad de aportes, o condonándoles deudas de trabajo en negro”.
A la hora de analizar el valor total de la norma, Sola fue contundente: “La ley toda no representa el espíritu de protección del derecho al trabajo ni el principio de progresividad, y aún con lo que quede en pie, hoy es inaplicable”.
El dirigente venadense se mostró optimista sobre el avance que pueda tener el reclamo de la CGT en los corredores judiciales: “Los fundamentos son absolutamente sensatos y jurídicos para dictar la inconstitucionalidad en los artículos que planteamos”, y agregó: “Lo que estamos sosteniendo es que la justicia dice que hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer por más que se tenga mayoría en el Poder Legislativo. La mayoría no asegura que se tenga la verdad y mucho menos que lo que diga la mayoría sea constitucional”.
Crisis nacional
A la hora de analizar el presente del país, con una profunda crisis que cada día deja a más argentinos afuera del sistema, Sola comentó: “El corazón productivo de la Argentina, Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, están teniendo una destrucción de pequeñas y medianas empresas, y con eso más de 300 mil trabajadores formales pasaron a la informalidad y creció el desempleo”.
Paralelamente, apuntó que se incorporaron por crecimiento de la población económicamente activa 400 mil nuevos trabajadores, que no pudieron conseguir empleo.
“Tenemos una triplicación de la cantidad de conflictos en todo el país, de cerca de 200 que teníamos normalmente en un año, en 2025 llegamos a casi 800, y son todos en la zona productiva. La única isla verde en todo ese mapa rojo de conflictos es Neuquén por Vaca Muerta, pero el resto está cayendo”, razonó Sola.
Entrando en terreno netamente político, el sindicalista remarcó que, tras la judicialización de la reforma, el cuarto paso “es construir un proyecto de país que sea alternativo a este gobierno que tiene mucho de ética y de estética de derecha y no solamente es neoliberal”.
