Una de las características de la actual crisis económica es la dificultad para conseguir estadísticas que avalen lo que se siente en el bolsillo de los argentinos y en el pulso de la calle.
Aunque muchas empresas reconocen estar mal, desde la Secretaría de Trabajo provincial ni desde Anses se ofrecen datos precisos sobre despidos o tramitación de subsidios por desempleo. Los mismos gremios y cámaras empresariales relativizan los problemas que atraviesan sus afiliados como si la nueva crisis fuese una cuestión pasajera y fácil de ocultar.
En este marco, una modalidad que se está volviendo a poner de moda son los retiros voluntarios: acuerdos entre patronal y empleados para dejar gente en la calle, pero con un plan de pago inmediato.
“Nadie discute que esta situación económica que atraviesa el país perjudica a las empresas que tratan de hacer sus ajustes y defender sus intereses, pero hay una prioridad en esto que es la tutela del trabajador que está amparado por ley, contra la cual se viene haciendo un bombardeo sistemático a nivel Legislativo y de poder político para retacear derechos”, describió el presidente del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción, Alberto Turcato.
El profesional consideró que los retiros voluntarios son “aprietes” a través de los cuales “se busca que el trabajador renuncie. No existe el retiro voluntario como algo legislado dentro del derecho del trabajo privado, es una figura que se utilizó mucho en los años ’90 con las privatizaciones a nivel administrativo y con el personal del Estado en las empresas que se privatizaban”.
En la misma línea, Turcato explicó que “con el retiro voluntario se pagaba una indemnización y un plus a quienes se retiraban voluntariamente para ir reduciendo la planta de personal público. En derecho privado esto no existe, el trabajador que no pretenda seguir en la empresa renuncia. Entonces te dicen no te podemos tener, tenes que renunciar, podemos llegar a un acuerdo y evitar un juicio que puede durar 5 a 7 años, y el trabajador en estas circunstancias, en muchos de los casos, termina aceptando”.
Para terminar de cerrar la trampa la patronal, por lo general, homologa estos acuerdos en un juzgado laboral, con lo cual se asegura que no haya reclamos posteriores.
Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados planteó que quien debe proteger los derechos de los trabajadores es el Estado, y remarcó que “el Estado debe comprender que no hay una situación de igualdad entre un trabajador y una empresa. ¿Quién va a imponer las condiciones en esa situación? El derecho del trabajo está pensado para que el trabajador ingrese a una empresa y se vaya cuando se jubila, por eso se creó el instituto del despido sin justa causa, que es un acto ilícito que está sancionado y si no fuera así no habría por qué pagar ninguna indemnización”.
En esta línea, el dirigente apuntó que “hoy dejan a un trabajador con 30 o 40 años sin trabajo y dónde consigue otro empleo. A lo que se está llegando o quiere llegar, es a beneficiar los intereses de determinados sectores en desmedro de los derechos de los trabajadores”.
