La Sociedad Rural Venado Tuerto emitió un comunicado en el que expresa «su profunda preocupación por la intervención del Estado Nacional al Grupo Vicentin».
En el texto plantean que «habida cuenta de un proceso judicial en ciernes, dentro de un marco constitucional y legal, tenemos la convicción que se trata de un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, a través de un DNU para la intervención estatal y posterior expropiación de una propiedad privada, quebrantando de esta manera la división de poderes constitucionales».
Agregando: «los productores acreedores del grupo Vicentin, que están de acuerdo con estas medidas del Ejecutivo Nacional, suponiendo que así cobrarán más rápido sus acreencias, deben tener en cuenta que esta decisión puede convertirse en una línea orientada al avance del Estado sobre otras empresas privadas».
Pueblo Regional hoy difundió la nómina de los 10 acreedores venadenses que fueron perjudicados por Vicentín, por un total de 14.273.493,87 pesos (Ver: En Venado Tuerto, Vicentin debe más de 14 millones a 10 acreedores).
La SR VT plantea que «el concepto de “Soberanía Alimentaria” al que aduce el Gobierno Nacional debe consistir en cuidar y proteger a nuestros productores y sus emprendimientos, que son los encargados de proveer alimentos a los Argentinos y al mundo entero, y no usar el término como slogan para engañar a la población».
Y concluyen señalando que «desde nuestra entidad, defendemos férreamente la libertad de expresión y trabajo, el respeto a la propiedad privada, y todos los conceptos, derechos y obligaciones de la democracia representativa, republicana y federal según dicta nuestra Constitución Nacional».
