La necesidad de avanzar hacia un modelo productivo agroecológico y sustentable, choca contra una realidad demoledora. La enorme concentración de tierras en pocas manos, empuja a repensar nuevos gravámenes para el latifundio y aliviar la carga impositiva para las chacras mixtas y la agricultura familiar. Un proyecto de ley en la legislatura provincial busca modificar el cuadro de alícuotas.
Es indisimulable que bajo las normas impuestas por el actual modelo productivo, la idea de consolidar una Argentina más equitativa y sustentable, seguirá siendo una dulce utopía. El sostenido y avasallante camino del latifundio, viene imponiendo las reglas de un juego en el que siempre ganan los mismos.
El modelo agroindustrial extractivista y su paquete tecnológico se sustentan en 3 ejes puntuales: siembra directa, soja transgénica y glifosato. Más de dos décadas de expansión de una frontera sojera que convertiría a gran parte de la Argentina, en un verdadero desierto verde que desencadenaría una serie de daños, que de colaterales no tendrían absolutamente nada.
El corrimiento de la frontera agrícola empujaría a una incesante migración interna de pueblos originarios y criollos campesinos, que subyugados por el alambre y una orden judicial, pasarían a engrosar los asentamientos irregulares de las grandes metrópolis. La desaparición de las chacras mixtas traería consigo una desocupación alarmante, algo que inevitablemente empujaría a los damnificados a tener que <probar suerte> en distintos arrabales de la República de la soja.
Pero resulta imposible no citar a aquellos resilientes pueblos fumigados que comenzarían a gritar en la más deshumanizante soledad su profundo dolor. Familias que se encontrarían de un momento a otro, resistiendo los embates de furibundas aspersiones con agroquímicos.
Existen sobradas muestras para avanzar en un necesario cambio de paradigma, tanto en la modificación de gravámenes, como la de transitar con mayor rapidez hacia una manera de producir saludable, sustentable y por ende, agroecológica. Es menester fortalecer el debate y complejizarlo al mismo tiempo, por ello, el camino que viene siendo transitado por distintas organizaciones campesinas junto a pequeños y medianos productores, hoy muestra que un nuevo horizonte es posible, que la tierra sigue siendo esa herramienta emancipadora y soberana.
Datos del último censo a nivel nacional
El censo nacional agropecuario se realiza sobre todas las explotaciones agropecuarias del país con el propósito de obtener información sobre las características básicas de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y bioindustriales.
El último Censo Nacional Agropecuario data del año 2018 (CNA 2018), que se llevó a cabo entre el 15 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019. El mismo indicó que el 1% de los propietarios concentran más del 40% de las tierras en Argentina, un índice muy similar al de la provincia de Santa Fe.
La principal oleaginosa fue la soja, ocupando una superficie de 12.734.371,7 hectáreas en 124.827 parcelas. La soja representa el 88% del total de la superficie implantada con oleaginosas. La provincia que ocupó mayor superficie fue Buenos Aires, con un total de 3.899.212,9 hectáreas, seguida por Córdoba con 3.476.388 hectáreas, y la provincia de Santa Fe, con 2.329.011,8 hectáreas. El segundo cultivo oleaginoso en importancia, en términos de hectáreas, es el girasol.
Respecto a la superficie tratada con fertilizantes y agroquímicos, se debe considerar que cada tratamiento puede ser realizado en varias pasadas sobre una misma superficie; en consecuencia, la superficie total tratada con agroquímicos y fertilizantes podría dar como resultado una superficie total mayor a la implantada por cultivo o especie.
Se observa que, dentro del grupo de cereales, la superficie tratada con herbicidas fue de 9.773.728,1 hectáreas para el total del país, y en el caso de los fertilizantes, la superficie total tratada fue de 8.520.043,6 hectáreas. En menor medida, se registró un total de 3.320.545,1 hectáreas tratadas con insecticidas, y la superficie tratada con fungicidas presentó un total de 3.116.173,5 hectáreas para este grupo de cultivos.
En el grupo de las oleaginosas, y para el total del país, fueron tratadas con herbicidas un total de 13.086.164,5 hectáreas. Con insecticidas, se trató una superficie de 9.069.917,7 hectáreas y, en el caso de los fertilizantes, la superficie tratada alcanzó 7.714.561,5 hectáreas. Asimismo, la superficie tratada con fungicidas, para el grupo oleaginoso, alcanzó 5.197.021,4 hectáreas. Para el grupo de legumbres en el total del país, 284.165,4 hectáreas fueron tratadas con herbicidas. Por su parte, 220.267,2 hectáreas se trataron con insecticidas, y 165.963,1 hectáreas, con fungicidas.
Cuenta el productor de Marcos Paz y miembro del movimiento Arraigo Pedro Peretti que “el último censo agropecuario (2018) determinó que desde el 2002 al 2018 desaparecieron 82.652 explotaciones agropecuarias. Si le sumamos las que quebraron durante la década del noventa, que fueron 103.000, nos va a dar que en los últimos 30 años se nos esfumaron casi 200.000 chacras mixtas. Esto significó la pérdida de más de 900.000 puestos de trabajo en el sector rural. En el censo de 1988 la media promedio del tamaño de la explotaciones-que ya era altísima-pasó de 421 hectáreas a las hoy 826 hectáreas, un aumento del 96%”. Datos demoledores que dejan desnuda a una realidad imposible de barrer bajo la alfombra.
Un proyecto de ley busca modificar las alícuotas que benefician al latifundio
El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, propuso una reducción del 50% del Impuesto Inmobiliario para los pequeños y medianos productores de la provincia, en una iniciativa que no tiene en cuenta sólo la cantidad de hectáreas de cada propietario, sino también otros aspectos, como la ubicación geográfica del terreno, si es de uso propio o lo arrenda, si pertenece a una persona física o jurídica y si su titular es argentino o extranjero.
El proyecto de ley establece la desgravación del 50% del Impuesto Inmobiliario para las chacras mixtas y los agricultores familiares, mientras que propone un adicional para los propietarios de grandes extensiones rurales. La alícuota se incrementa de manera progresiva, según el tamaño del inmueble. Los fondos serán destinados al desarrollo agropecuario, fundamentalmente en pequeñas localidades. “No es justo que pague la misma alícuota alguien que tiene 300 hectáreas que alguien que tiene 10.000. Mucho menos en una provincia en la que el 60% de las tierras están en manos del 0,06% de la población”, expresó el legislador.
El texto puntualiza que las chacras mixtas son “aquellas extensiones de tierras manejadas por sus propios dueños con residencia efectiva en el predio o no, que combina en proporciones discímiles, agricultura con ganadería, en cualquiera de sus variantes tanto agrícolas como ganaderas”.
El proyecto busca modificar el artículo 159 del Código Fiscal de la provincia y, a través de él, gravar con un impuesto inmobiliario adicional a los propietarios de grandes extensiones rurales, que se denominará Adicional por Latifundio. Lo que se recaude conformará el Fondo Solidario para el Desarrollo Agropecuario (FO.SO.D.A.), que dependerá del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, cuya finalidad será financiar obras, proyectos y programas para el impulso del sector agrícola-ganadero, especialmente en pequeñas localidades de la provincia.
“El 38,5% del total irá para obras, como por ejemplo caminos rurales, entubados y desagües. El 30% a proyectos y programas en localidades de hasta 1.500 habitantes, con el objetivo de colocar sus productos en mercados de mayor escala. El resto se distribuirá entre municipios y comunas”, detalló.
El Adicional por Latifundios alcanzará a los propietarios de inmuebles de distinto tamaño, de acuerdo a la zona geográfica de la provincia en la que se encuentren, de acuerdo a lo establecido en el decreto 3872/2014: en algunos sectores del sur de la provincia contemplará a aquellos que posean más de 480 hectáreas, mientras que en el norte será para quienes posean más de 10.000.
“En la provincia hay 2.044 propietarios que concentran casi el 60% de las tierras. Esto quiere decir que, en una provincia en la que viven 3 millones y medio de personas, el 0,06% es dueño del 60% de las tierras. Tal como dijo Alberto Fernández en su primer discurso, se necesita el aporte solidario de quienes más tienen para ayudar a quienes más lo necesitan. Es ése el espíritu de esta iniciativa”, expresó Busatto (F: Conclusión).
