(PR- Norma Migueles) El 3 de mayo se llevará a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto el juicio oral y público por la causa popularmente conocida como “Mega-estafa” donde, en principio, hubo 16 imputados. Para gran parte de ellos ya está definida su situación penal a través de otras alternativas legales, como los acuerdos abreviados y hasta hubo “arrepentidos”.
Los acusados que estarán en el estrado son el abogado Antonio DB., el “gestor” Raúl J. y otro de los implicados Marcelo S., todos ellos acusados por asociación Ilícita por el fiscal de la causa Matías Merlo. El tribunal estará integrado por los jueces penales Aldo Baravalle, Leandro Martín y Eduardo Bianchini.
Por la fiscalía serán convocados 200 testigos, lo que lleva a estimar que el debate tendrá por lo menos dos meses de duración, dando inicio el 3 de mayo venidero.
Al respecto, el fiscal regional Merlo indicó “estas tres personas no fueron alcanzados por ningún procedimiento abreviado, tanto Antonio DB. y Raúl J. firmaron un acuerdo abreviado en abril de 2021, pero luego apelaron; porque consideraban que el encuadre legal no era el adecuado. Al respecto la Cámara Penal resolvió considerar inadmisible ese acuerdo y ordenó realizar un juicio oral y público”, resumió el jefe del MPA.
“La fiscalía sostiene la acusación por asociación ilícita y sobre ello no hay dudas porque fue aceptada por el juez de IPP Benjamín Revori y posteriormente por la Cámara de Apelaciones. Está bien acreditado que se trata de un número de personas que durante el transcurso de aproximadamente diez años realizaron diferentes estafas a través de una organización liderada por Antonio DB., contando con el apoyo de otras personas cada uno con un rol para concretar las maniobras”, planteó.
Merlo indicó que si la defensa de DB. insiste con solicitar un cambio en la calificación del delito juzgado, será el tribunal quien resolverá al respecto “a esta altura, y en base a las evidencias, será muy difícil a la defensa desvirtuar que hubo una organización criminal cuyo fin era cometer una serie de ilícitos ordenados por un jefe”, analizó.
Posteriormente el funcionario evaluó que la apelación “fue una medida del principal acusado, destinada a ganar tiempo a los fines de quedar más tiempo en prisión domiciliaria y tener menos tiempo que cumplir la pena en una cárcel. Lo cierto es que la cámara no admitió esa cuestión, sorprendiendo incluso a la defensa cuando ordenan ir a juicio. En caso de perder, deberá afrontar una pena mayor, ya que solicitaremos 15 años de prisión”, alegó Merlo.
“Por nuestra parte, cuando hicimos el acuerdo pensamos que era una respuesta oportuna, ya que favorecía a las personas estafadas en lo que refiere a los juicios que se tramitan en fuero civil, y la sentencia penal clarificaba la situación y les permitiría recuperar la titularidad de los bienes”, agregó. Planteando que “para nosotros es importante el paso dado, porque no sólo fueron condenados los partícipes de la asociación ilícita, sino que además pudimos desbaratar una organización que hacía una década estafaba a vecinos de la región”.
JUICIO ABREVAIDO
En abril de 2021 a través de un acuerdo de juicio abreviado Antonio DB. fue condenado a la pena de 6 años y seis meses de prisión. Las personas consideradas cómplices fueron condenados en el mismo juicio, Raúl J (5 años de prisión efectiva y pago de reparación de daño), María de los Ángeles S (4 años de prisión efectiva), Luis (4 años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet P. (4 años de prisión efectiva).
También fue condenado el escribano de Armstrong, Ángel Emilio M. a 3 años de prisión condicional, 6 años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño. Sólo un imputado en la megaestafa inmobiliaria, Marcelo .S, no aceptó el procedimiento abreviado e irá a juicio oral ahora con DB y Raúl J.
El acuerdo se presentó ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori, quien además impuso el cumplimiento de una reparación de daño a las víctimas por una cifra de 3.500.000 pesos y el pago de las costas judiciales de 1.500.000 pesos.
La mega-estafa comenzó a investigarse en 2018 y, según las valoraciones del momento, las transacciones viciadas de firmas apócrifas en poderes, engaños y apropiaciones de campos, terrenos y propiedades en el sur santafesino alcanzó los mil millones de pesos.
