La madrugada del 8 de octubre de 1984, tras reducir a la guardia, un grupo armado irrumpió en los Tribunales Provinciales de Rosario y concretó un hecho que devino en emblemático: el robo y desaparición de cientos de expedientes y elementos de pruebas sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por el grupo de tareas comandado por Agustín Feced. Tras muchas idas y vueltas, 35 años después, esa investigación fue elevada a juicio oral, parcialmente, este viernes a pedido del fiscal Adolfo Villate.
Los acusados son dos ex coroneles, Luis Américo Muñoz que en ese momento se desempeñaba como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, y su superior, Héctor Fructuoso Funes, entonces jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Comando del II Cuerpo de Ejército. El primero fue acusado como autor y el segundo en carácter de autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad en tres casos (que tuvieron como víctimas a los policías que realizaban la guardia de la sede de los tribunales provinciales), robo calificado en dos hechos, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.
La operación, que fue presentada en documentación secreta del Ejército como una acción de inteligencia, fue concretada durante la vigencia del Estado de derecho, pocos días después de que la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) concluyera su labor de relevamiento en todo el país y, en ese contexto, hubiera aportado profusos elementos de prueba y sugerido medidas probatorias en las investigaciones que se estaban desarrollando en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario en la causa N° 6/84, caratulada “Feced, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”.
El operativo
Alrededor de la 1.45 del 8 de octubre de 1984, Muñoz comandó a un grupo de integrantes de la inteligencia castrense que amenazó con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los Tribunales Provinciales, ubicados en la calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini, le sustrajo sus armas reglamentarias, los maniató y los encerró en el recinto de la guardia, donde fueron hallados horas después por el personal que ingresó a trabajar.
Luego de neutralizar a la guardia, el grupo sustrajo «casi la totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas» por la Delegación Rosario de la CONADEP, que dieran lugar a la formación de la causa «Feced», así conocida por el nombre del jefe policial durante la época del terrorismo de Estado. Para esa acción, fueron forzadas las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado, la del despacho del juez, las del cajón central de su escritorio y las de dos armarios.
Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas y documentación -incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio- con datos de diferentes personas, tanto víctimas como posibles imputados. También había «organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con precisiones de personas componentes de los mismos, con nombres y apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión; designación de lugares donde se habrían realizado operativos durante la dictadura militar y tareas asignadas a los miembros del grupo; gran cantidad de carpetas de diferentes personas en cuyos domicilios presuntamente se habrían efectuado operativos» y otros elementos, como sellos, una máquina de escribir, ficheros y vajilla, todos secuestrados en allanamientos practicados en la investigación de los crímenes.
«La finalidad de dicha Operación Especial de Inteligencia fue obtener impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción en el período de terrorismo de estado; ello respecto del personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que se encontraba identificado en el material que había sido secuestrado por el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario a pedido de la Conadep», detalló en su momento la Fiscalía.
Los archivos robados fueron sustraídos del juzgado del juez Francisco Martínez Fermoselle. Días antes del robo, se habían realizado una serie de allanamientos a pedido de la delegación Rosario de la Conadep.
La clave para el avance de la investigación que tuvo su origen en un reclamo administrativo, del año 1987, en el que Muñoz solicitaba un ascenso. El reclamo estaba dirigido a las autoridades del Ejército, al Ministerio de Defensa y al Presidente de la Nación (Raúl Alfonsín) en carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Muñoz solicitaba la revisión de la calificación de «apto para continuar en su grado», que no le permitía ascender.
En esa presentación, el militar realizó la mejor descripción que pudo de sus tareas desarrolladas en años anteriores, que no podían ser reveladas con todos los detalles por tratarse de operaciones secretas. Se refirió, particularmente, a dos «Operaciones Especiales de Inteligencia», tal su denominación. La segunda de ellas, para la Unidad Fiscal, hace referencia al episodio por el que irá a juicio oral. En su presentación recursiva a las autoridades castrenses, Muñoz señaló: «Segunda Operación Especial (año 1984). Aquí la operación consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial. Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido», pues -indicó- «permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas».
En su acusación, la fiscalía analizó la documentación y señaló que «no existe, durante el año 1984 en Rosario y en el ámbito de acción del Destacamento de Inteligencia 121, otro hecho que pueda ser catalogado como tal y que coincida con la descripción realizada por Luis Américo Muñoz en el reclamo documentado en estos autos».
Además, sostuvo que, al haberse realizado presuntamente la operación especial por personal perteneciente al Destacamento 121 que operaba en la órbita del Comando del Cuerpo II del Ejército, la participación del jefe de inteligencia de la plana mayor, coronel Héctor Fructuoso Funes, devino necesaria y la atribución de su responsabilidad está fundada en función del comando al cual respondía aquel destacamento.
En el año 2019, a pedido de Villate, el juez Carlos Vera Barros ordenó la detención de Funes, Muñoz y Víctor Pino Cano. Finalmente, tras 35 años, se concreta la elevación a juicio oral y público.
Fuente: Conclusion
