La presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó el envío de un proyecto de ley para transparentar los servicios de inteligencia del país, que prevé disolver la SI. Los servicios “no sirvieron a los intereses del país”, agregó.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció esta noche por cadena nacional la disolución de la Secretaría de Inteligencia, y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, iniciativa que “será remitida antes de mi viaje a China este fin de semana”. Tendrá que ser aprobada en un plazo «no prorrogable de 90 días».
Para ello, adelantó que resolvió “convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del primero de febrero”. “Es necesario cortar de cuajo” al sistema que hasta ahora rigió para la central de inteligencia, ex SIDE, dijo la Primera Mandataria, como consecuencia de los hechos que se sucedieron desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la causa AMIA hasta su muerte ocurrida el 20 de este mes.
“Tal vez me toca a mí, como tantas otras cosas que hemos hecho”, el realizar esas modificaciones que, sostuvo, son “una deuda pendiente de la democracia desde 1983”. Indicó que la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia estará a cargo de un director general y un subdirector cuyos nombramientos “requerirán acuerdo del Senado” mientras el organismo “se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo “.
Dijo que el proyecto para el organismo incluye “principios rectores y paradigmas totalmente diferentes a los vigentes”. Indicó que tendrá injerencia en la obtención de información “sobre hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y de sus habitantes”.
Se tipifica que la Agencia entenderá en la inteligencia de delitos relacionados con “la prevención y amenazas internacionales provenientes de terrorismo, del narcotráfico, de tráfico de armas, de trata de personas, de ciber delitos y contra el orden económico y financiero y toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional”. Además, la Presidenta resolvió que el sistema conocido como de “escuchas” que realizaba la Secretaría de Inteligencia a pedido judicial, será “transferido en su totalidad al Ministerio Público Fiscal porque es el único ministerio extra poder”.
También se transfiere a la órbita de la nueva Agencia “la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que ahora depende del Ministerio de Judicial”. Dispone además el proyecto de ley que las únicas personas autorizadas para dialogar con autoridades nacionales, provinciales o locales, son el director y el subdirector de la agencia, y que si otros funcionarios o empleados de menor rango lo hacen, serán pasibles de penas de prisión. Se creará asimismo un “sistema de protección del banco de datos y archivos de inteligencia”.
La Presidenta, tras enumerar las acciones realizadas desde la gestión de Néstor Kirchner y la suya para esclarecer el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel, afirmó que “esto evidencia claramente la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno, y la voluntad en mi caso personal” de que se logre dar con los culpables y sean sometidos a juicio y castigados de acuerdo a las normas legales.
Tras reiterar que la firma del Memorandum de Entendimiento con la Repúblcia Islámica de Irán se realizó con el propósito de sacar la causa AMIA de la parálisis en la que estaba, y de lograr avanzar hacia su esclarecimiento, afirmó que desde ese momento “empezamos a observar que en la ex SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron a bombardear el acuerdo”.
“Es allí –rememoró- también cuando se intensifica la serie de denuncias contra esta Presidenta, de lo más insólitas” que “se suceden con ritmo de vértigo con la complicidad de fiscales, jueces, y de periodistas amplificadores de los medios de desinformación”. “Nadie –declaró- absolutamente nadie puede dudar, con honestidad intelectual, de que pusimos todo lo que teníamos para esclarecer” los atentados “con el mismo empeño en que lo hicimos para luchar contra el terrorismo de estado”.
Por otra parte, aclaró que no fue el Poder Ejecutivo, sino la Procuraduría General de la Nación, la que designó a Nisman al frente de la unidad especial que investigaba el caso de la AMIA. También recordó la serie de oportunidades en que tanto ella como Néstor Kirchner reclamaron ante las Naciones Unidas que Irán se allanara a permitir la investigación de los sospechosos de esa nacionalidad. Lamentó que el Memorandum de Entendimiento con Irán fuera declarado inconstitucional, porque, a su entender, “hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar las declaraciones en Teherán de los imputados y eso ahora está paralizado”.
Estimó que cuando se conoció la denuncia del fiscal Nisman en contra de ella y del canciller Héctor Timerman por supuesto “encubrimiento” de los sospechados de haber cometido el atentado, ningún jurista o magistrado “puede creer que eso haya sido escrito por un abogado, y poco menos por un fiscal: es descabellado pensar que nuestro gobierno, que ha sido fundamental en la lucha contra el terrorismo de estado, pueda siquiera ser sospechado de maniobras con argumentos tan absurdos”.
Indicó que la denuncia de Nisman contenía “groseros errores, más aún mencionando a agentes de inteligencia vinculados con esta presidenta cuando fueron personas denunciadas como falsos agentes por tráfico de influencias”. Negó que en sus dos cartas publicadas en Facebook hubiera incurrido en contradicciones al señalar que ya en la primera puso entre signos de interrogación la palabra “suicidio” al referirse a la muerte de Nisman, y dijo que se enteró de su fallecimiento en la madrugada del lunes, cuando se lo comunicó la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
Señaló que cuando se supo que el arma que puso fin a la vida de Nisman pertenecía a uno de sus colaboradores, Diego Lagomarsino, se determinó que era “un feroz opositor al gobierno, ya que pudimos advertir en su twitter las groserías e insolutos que no voy a reproducir, y agravios de contenido machista dirigidos a esta presidenta”. “También pudimos enterarnos que Diego Angel Lagomarsino no solo es un opositor, a lo que tiene derecho, sino que además es hermano de un importante ejecutivo del estudio de Saenz Valiente, socio del Grupo Clarín y gerente de informática del Grupo Clarín”, afirmó.
Señaló que en el marco de toda la información distribuida sobre el caso Nisman “hay un gran pesimismo en la gente frente a la labor que puede hacer la Justicia”, y sostuvo que “el gran desafío que tiene la Justicia” es esclarecer la muerte de Nisman. Dijo que ello es porque “tal vez este lamentable y desgraciado hecho de la muerte del fiscal Nisman constituya el Hilo de Ariadna” para descubrir finalmente a los autores del atentado contra la AMIA. Aseguró que “a mi no me van a intimidar, y no les tengo miedo, digan lo que digan; que los jueces y los fiscales me citen, me denuncien, no me van a hacer mover de lo que siempre pensé que no se puede seguir manejando a la Argentina de esta manera”.
“Es necesario –agregó- reformar el Poder Judicial, es necesario que los tres poderes del estado exhibamos transparencia absoluta en el caso del fiscal Nisman”. Concluyó afirmando que “no puedo permitir de ninguna manera que se tenga sitiada a la democracia con miedo y extorsión y que se tienda una mancha sobre la democracia “ y que esta es “una magnífica oportunidad no solo de esclarecer la muerte del fiscal, sino que además ello nos comience a conducir, como el Hilo de Ariadna, hacia la salida del laberinto”.
Discurso completo
Muy buenas tardes a todos y a todas, este es un lugar de posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes, pero bueno contingencias de la salud y de prescripciones médicas me obligan a hacerlo de esta manera.
Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, en el día de la fecha, especialmente desde los comienzos de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos, diría – año 2003 – el 25 de mayo del año 2003, el Presidente Néstor Kirchner, cuando asumía ante la Asamblea Legislativa, habló de algo nuevo, en la Argentina, que era necesario cambiar y que este cambio era en nombre del futuro, dijo que lo hacíamos, además, «por voluntad popular, por comprensión histórica y por voluntad política, por decisión política». Y creo que una de las características precisamente de aquellos tiempos fue abordar el tema de la impunidad en la Argentina como uno de los estigmas que arrastrábamos desde los inicios de la democracia, allá por el año 1983, combatir la impunidad se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Y precisamente en esa Argentina, que le tocó recibir a Néstor Kirchner, había dos hitos de la impunidad, en la República Argentina: el terrorismo de Estado, lo representaban miles y miles de argentinos detenidos-desaparecidos, torturados, encarcelados o exiliados y cuyos responsables, los responsables del terrorismo de Estado no habían sido ni juzgados, ni condenados y estaban en libertad.
El otro hito, de esa impunidad, sin lugar a dudas, lo constituían dos atentados del terrorismo internacional. Fíjense terrorismo de Estado y terrorismo internacional y era la voladura de la Embajada de Israel, en el año 1992, que cobró la vida de 29 argentinos, de 29 personas y un sinfín de heridos y más tarde, el 18 de julio de 1994, el atentado de la mutual, de origen israelí, AMIA, que cobró la vida de 85 víctimas. Estos eran los hitos, ahora bien el compromiso de nuestros gobiernos precisamente fue combatir esa impunidad, porque para nosotros era imposible hablar de democracia en un país, donde quienes habían violado los más sagrados derechos, que son los derechos humanos de las personas – los derechos a la vida, fundamentalmente – pudieran convivir con nosotros, en la calle o quedar libres, o quedar impunes. Así, en conjunto con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, pudieron derogarse las Leyes de Obediencia Debida, Punto Final, los indultos y comenzar precisamente los juicios por lesa humanidad, que nos convirtieron realmente a los argentinos y a la República Argentina como un modelo a imitar en materia de derechos humanos, en todo el mundo.
Hoy, desde aquel 25 de mayo de 2003, donde había una impunidad total hemos ya celebrado más de 16 juicios de lesa humanidad, algunas son mega-causas, algunas ya terminadas, otras en trámites, hay – al mes de diciembre – 558 condenados, más de 900 procesados y más de mil y pico de detenidos. Sin embargo, de los otros dos atentados del terrorismo internacional: la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA no hay ni un solo condenado y ni siquiera ni un solo detenido.
En el caso de la voladura de la Embajada de Israel, la competencia originaria, excluyente y exclusiva para llevar a cabo la investigación, el juzgamiento y la condena es, porque así lo establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, yo integré – desde el año 1996 hasta el año 2001 – la Comisión Bicameral de Seguimiento de ambos atentados: la Embajada y la AMIA.
También se comenzó un juicio, que terminó en un juicio oral, un juicio en el cual yo fui muy crítica siendo miembro de esa comisión y el tercer informe de esa comisión lo firmé en absoluta soledad diciendo que en realidad se había fabricado un juicio, pero no había verdad, no había interés en identificar quiénes eran realmente los autores y los móviles fundamentalmente de aquel terrible atentado, que cobró 85 vidas.
A poco de asumir el Presidente Kirchner, el Tribunal Oral Federal, que juzgaba a todos los detenidos, que en ese momento, eran acusados de haber intervenido en la voladura de la AMIA, quedaron en libertad. El tribunal en una sentencia que es para la lectura de juristas, de abogados, de jueces y fiscales demolió todo lo que fue la instrucción por nulidad de las pruebas, bueno por cosas que si alguien tiene interés puede leer el fallo, que es más que interesante. Este fallo tuvo lugar el 2 de septiembre del año 2004 y precisamente a raíz de ese fallo es que el día 13 de septiembre, es decir a los muy pocos días se conforma lo que voy a leer y que es la Unidad Especial de Investigación y leo la parte resolutiva que habla de «crear una Unidad Fiscal, para actuar de manera conjunta o alternativa con las fiscalías que correspondan en la tramitación de la causa principal que se investiga, el atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994, con la sede de la AMIA, en trámites ante el juzgado» y bueno menciona el juzgado; «designándose al señor Fiscal General ante los tribunal orales, en la Criminal Federal, de Capital Federal, al señor Doctor Alberto Nisman y al señor Fiscal Nacional, en lo correccional, Doctor Marcelo Antonio Burgos». Es la resolución, número 84, del 13 de septiembre del 2004, firmado por el Procurador General de la Nación sustituto, Eduardo Ezequiel Casal.
Esta resolución, la leo precisamente porque en los últimos días, he leído como que al Fiscal Nisman lo había designado el Presidente Kirchner; solamente una ignorancia supina o una manifiesta mala intención pueden creer que precisamente – luego de la reforma del 94 – el Presidente de la Nación puede designar a un Fiscal en una causa. Fue designado por la Procuración Fiscal de la Nación, ministerio extra-poder que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es precisamente eso, un ministerio extra-poder.
En ese momento, el Procurador General era el Doctor Esteban Righi, pero no pudo firmar esto porque tuvo que excusarse, porque en su estudio su familia, o su hijo o su mujer, no lo recuerdo muy bien, habían actuado, o él mismo creo antes de ser Procurador, había actuado como defensor del entonces Secretario General de la SIDE, Anzorreguy, en la Causa AMIA. Por lo tanto, el Procurador Fiscal, de aquel entonces, tuvo que excusarse porque había sido defensor del Doctor Anzorreguy, en la misma causa AMIA, que ahora tenía que designar a un fiscal. Creo que nadie se le ocurrirá decir que por ejercicio de esta defensa el Doctor Righi tiene que ver con el encubrimiento o con alguna participación en el atentado AMIA. Digo esto para aclarar definitivamente que la designación de Nisman de ninguna manera y en ningún momento dependió del Poder Ejecutivo, simplemente porque constitucional y legalmente no lo podía hacer.
A partir de allí se constituyó la Unidad Legal, a la que se la asignaron ingentes recursos económicos y humanos, para que pudiera llevar adelante la investigación.
Nosotros – por otra parte – comenzamos intensamente, sobre todo a partir del 2007, a hacer un reclamo permanente en Naciones Unidas, una vez que el fiscal de la causa, acusó formalmente a ciudadanos iraníes de haber participado precisamente en el atentado a la AMIA. Creo que fue a partir del año 2007, la primera mención la hace el Presidente Kirchner, y luego… perdón, sí bien digo: 2007, yo no había asumido todavía como Presidenta, recién lo hice el 10 de diciembre de 2007. Fue año 2007, año 2008, año 2009, año 2010, año 2011, año 2012, seis años reclamando en Naciones Unidas, con el apoyo de la comunidad judía y también de los familiares de las víctimas reclamándole a la República Islámica de Irán cooperación judicial para que el juez precisamente pudiera tomarle declaración a los acusados y de esa manera la causa saliera del estancamiento que teníamos, porque bueno es recordar que hoy todavía, este próximo 18 de julio, se van a cumplir 21 años y todavía no hay un solo detenido, ni un solo condenado por ninguno de los dos atentados y muy en especial por el de la AMIA. Recuerden cómo hemos trabajado en materia de derechos humanos tratándose también de terrorismo de Estado.
Esto evidencia claramente la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno de esclarecer… voluntad que en el caso personal mío, más allá de lo institucional, era un involucramiento que tuve desde el primer momento en que formé parte de esa Comisión Bicameral, en 1996: primero, como Senadora; luego como Diputada y luego nuevamente como Senadora, en donde las discusiones internas eran constantes, inclusive con algunas con algunos miembros de la comunidad, inclusive con los apoderados de la causa, que luego no pudieron demostrar – en el juicio oral – ninguna de las hipótesis ni de las acusaciones, que habían formulado en papel. Porque como yo siempre digo: los papeles aguantan cualquier cosa; las pruebas en materia procesal son otra cosa.
Luego de muchos reclamos permanentes, duros reclamos finalmente los representantes de la República Islámica de Irán, se contactan y públicamente manifiestan – públicamente manifiestan – que están dispuestos por primera vez, porque Irán nunca admitía que el tema AMIA formara parte de ninguna agenda. De hecho recuerdo una reunión del Grupo de los 15, en Caracas, Venezuela, cuando el entonces presidente de Irán solicitó una audiencia con el entonces Presidente Kirchner y cuando Kirchner le planteó – a través de protocolo – que en la agenda debía estar la cuestión AMIA, la reunión no se pudo hacer. Logramos que la República Islámica de Irán aceptara sentarse a discutir un acuerdo, un Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Judicial. ¿Para conseguir qué cosa? Para lograr que los ciudadanos iraníes, que hasta ahora solamente tenían alertas rojas y órdenes de detención, que también debemos decir fueron tramitadas por nuestro gobierno, sostenidas por nuestro gobierno y además como lo contara – hace muy poco tiempo – el Doctor Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, fue el que sostuvo fervientemente ante el fiscal, el Doctor Nisman, y quien lo acompañaba en ese entonces, el señor Stiusso, miembro de la ex SIDE, que era necesario dejar al año para sostener y fundamentar precisamente estas órdenes o alertas rojas. Estas órdenes o alertas rojas salen y se mantienen permanentemente.
Ustedes habrán visto, hace muy poco tiempo, las declaraciones del ex director de INTERPOL, un hombre insospechado de cualquier vinculación con cualquier tipo de terrorismo, no solamente por haber sido – durante 14 años – titular de la INTERPOL, sino por haber sido también Jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, es decir de los servicios que custodian la seguridad del Presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos y de todos los funcionarios de los Estados Unidos, e inclusive de los presidentes que concurrimos – anualmente – a las reuniones de la Asamblea General. Ronald Noble aclaró y dijo muy plenamente cuál había sido la actitud del gobierno argentino: mantener permanentemente las alertas rojas, aclaración que tal vez no hubiera sido necesaria, porque bastaba con leer el Reglamento de INTERPOL, y solamente los que pueden pedir alertas rojas son jueces, son órdenes judiciales, por lo tanto esas alertas rojas únicamente podían ser levantadas por el mismo juez, que las había pedido y obtenido. Así todo – y como siempre digo – en la Argentina hay que terminar aclarando lo obvio y lo más simple.
Lo cierto es que habíamos obtenido precisamente un principio, un Memorándum de Entendimiento para que finalmente la causa saliera de la parálisis en que estaba también desde el año 2004, porque no se lograba tomar declaraciones a los acusados y no hay posibilidad en nuestro país, por nuestro orden constitucional, de que alguien sea juzgado y condenado si no es, además, interrogado e indagado, no puede haber juicios en ausencia. Además, la ley de la República Islámica de Irán prohíbe – al igual que la de la República Federativa de Brasil – que sean extraditados ciudadanos de ese origen. En el caso de Irán, iraníes; en el caso de Brasil, brasileros para ser juzgados fuera del país, deben ser juzgados dentro del país. Habíamos dado un salto cualitativo muy importante y allí fue que se desataron todos los demonios: quien había solicitado precisamente que necesitaba tomarle declaración a los ciudadanos iraníes impulsa la declaración de inconstitucionalidad, junto a otras entidades también representativas del sector de la comunidad israelita para que se declare inconstitucional un acuerdo, celebrado entre Argentina y otro país – facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional – y ratificado por ley, del Congreso Nacional, como corresponde en la Constitución.
Hay dos actores ineludibles e indispensables para que cualquier acuerdo tenga vigencia, no basta con que la Presidenta o el ministro firme un acuerdo, si el Congreso Nacional lo rechaza ese acuerdo no tiene ninguna validez. Pero además, cuando se produce la firma de un convenio y la ratificación del Congreso, el acto se convierte en no judiciable. Esto también es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho que los tratados internacionales, que son dictados y sancionados conforme lo dice la Constitución, no son materia judiciable.
Sin embargo, se declara la inconstitucionalidad en segunda instancia. Porque también debo reconocer que el juez que lleva la causa, el doctor Canicoba Corral, declaró que no era inconstitucional y esa decisión fue apelada por el entonces Fiscal Nisman y la Cámara de Alzada confirmó la inconstitucionalidad que esta vuelta a apelar, pero virtualmente el Memorándum hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar la declaración en Teherán de los imputados, está paralizado.
Podríamos también afirmar que durante todo ese transcurso de los gobiernos 2004, se abrieron todos, absolutamente todos los archivos de todos los organismos de inteligencia también desclasificado toda la información respecto de la AMIA. También relevamos a todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a Tribunales. En fin, creo que nadie, absolutamente nadie puede dudar – con honestidad intelectual – de todo lo que pusimos y todo lo que hicimos para que esta causa fuera adelante. El mismo empeño, la misma convicción que pusimos también contra el terrorismo de Estado. Porque estamos convencidos que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión.
Pero fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo. Es allí también – porque hay que señalarlo – cuando se intensifica con una intensidad, si se me permite, estoy siendo redundante, pero en la serie denuncias contra esta Presidente de lo más insólitas.
Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública, presentada por nosotros mismos. A partir de allí, comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exóticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta Presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia.
Basta corroborar la crónica para comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013, a partir del Memorándum de Entendimiento, contra esta Presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente que es precisamente, el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex SIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones.
La primera: el desplazamiento de muchos de esos agentes, que vuelvo a decir, venían desde el año 83. Este tema del sistema de inteligencia nacional, no es un problema que nace en el año 2003, es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983 y las personas que hacían estas cosas, estaban precisamente desde el advenimiento inclusive de la democracia, ya formaban parte de esa institución.
Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta Secretaría no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales.
Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido – antes de mi viaje a China, este fin de semana – y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias, a partir del 1° de febrero, para el tratamiento de este tema.
El proyecto – entre otras cosas – presenta, en primer término, la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como SIDE. Porque, en realidad, todo el mundo siempre – pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado a SI – le siguió llamando SIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas.
Y vuelvo a decir: esta es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez, me toca a mí reformar – como con tantas otras cosas hemos hecho – y creo que también es necesario que la Justicia, que ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse. Porque hemos visto, fundamentalmente, en estos días, una suerte de calesita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces que evidentemente han quedado al descubierto, estos momentos, y que es necesario cortar de cuajo.
Por eso, he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo, acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tales.
También quiero leer que en esta nueva ley, este nuevo sistema de inteligencia se cambian y se establecen principios rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia de sistema de inteligencia nacional. Porque establece que «la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollen sus actividades los organismos de inteligencia conforme a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías».
También establece que «la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica, referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes». Y tipifica, específicamente, de qué estamos hablando: «para la prevención de amenazas internacionales, provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciber-delitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad, organizada en forma internacional».
Estamos fijando un ámbito concreto, casi de defensa, frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización, de la trata de personas, del narcotráfico, del ciber-delito, de los delitos económicos.
Las actividades de inteligencia interna, «solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional, que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional». Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994, cuando se estableció que se deben considerar traidores a la Patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas, mediante el voto popular. En síntesis, contra la democracia.
También se establece claramente que «la Agencia Federal de Inteligencia, será el órgano superior, que estará a cargo de estas tareas, en la persona de su director general y también su subdirector». Y se establece también la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, o sea la Procuración Nacional, Ministerio Público Fiscal, de lo que es el Sistema de Observaciones Judiciales – conocido normalmente con el nombre de OJOTA – algo desconocido tal vez para el ciudadano común, pero que es el sistema de escuchas, que ordenan los jueces y que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escuchas, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se «pinchan» los teléfonos, por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal.
¿Por qué el Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla: por lo que decía al principio, es el único Ministerio extra-poder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende el Poder Legislativo. Y es muy importante que alguien, al que la Constitución Nacional le asignó, en la reforma del año 94, la responsabilidad de velar sobre la seguridad de la Nación y los habitantes y sobre la legalidad de los actos, que sea de ahora en más quien sea responsable del Sistema de Observaciones Judiciales. De ahora en más, todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha, deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal. También quiero decirles que he pedido que este proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia.
También se establece por ley, clasificación de la información, que va a ser confidencial; secreta; reservada o pública, según las distintas categorías. Pero al mismo tiempo también – no quiero que se aburran, pero creo que es muy importante que estas cosas se sepan – se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende – en estos momentos – del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal. Por lo tanto, no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad, sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia.
También se crea y esto es muy importante, una limitante: la que establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales, vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley, sólo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector. En español simple: ya nadie va a poder contactarse, ni jueces ni fiscales ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No, la única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser, precisamente, la institucional en la persona de su director general y su subdirector que – reitero – requerirán acuerdo del Senado.
Al mismo tiempo, también, desclasificar la información, como les dije, se crean los Bancos de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia, que tendrán los siguientes objetivos: «controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal, asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley, sean destruidos y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera». Se crea, entonces, un banco también de protección de datos y archivos.
También, se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, «llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objeto de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos», o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios.
Y también, serán reprimidos todos aquellos empleados o funcionarios que tomen -ahí se crea un nuevo delito- precisamente contacto con los servicios de inteligencia, por afuera de los canales institucionales.
Yo quisiera también referirme fundamentalmente a dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia, que se hizo el día 14 de enero pasado, contra la Presidenta de la República y su Canciller, por parte del entonces Fiscal Nisman, en la que se nos acusa de confabular un memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio del comercio de granos, a cambio de compra de petróleo y no sé qué otras cosas más.
Yo he leído profusamente los diarios siempre y siempre que pasa algo hay un abogado que sale a fundamentar a favor y otro en contra. He leído todo y no hay un solo abogado, no hay un solo doctrinario, no hay un solo magistrado que una vez que se conoció la denuncia, creo que fue el día 20 – si mal no recuerdo – cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal.
Realmente, no solamente es descabellado desde lo político pensar que nuestro Gobierno, que ha sido fundamental en todo lo que ha sido la lucha contra el terrorismo de Estado e internacional en todos los foros internacionales, en la causa AMIA, pueda si quiera ser sospechado de una maniobra semejante. Más aún, cuando los argumentos son absurdos.
Hoy leía que un prestigioso procesalista y penalista, el doctor Julio Maier, decía que es tan absurda la denuncia que aún cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos que allí se describen, tampoco habría delito. Es que no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir, firmando un tratado internacional, aprobado por el Congreso.
Pero además, si se hubieran tomado la molestia de consultar a la INTERPOL habrían visto que fue precisamente la Argentina la que sostuvo siempre en vigencia esas alertas rojas, que parecían constituir el meollo de la presunta denuncia, que alguien dijo que ni siquiera es acusación en términos de un fiscal. Podrían haber averiguado con datos duros, objetivos, que el comercio bilateral entre Irán y la República Argentina fue más alto en el año 2010 y que fue decayendo, inclusive a partir de la firma del Memorándum; deberían saber que lo que nosotros importamos en materia de combustible es mayormente combustible, porque nuestro principal problema es que necesitamos fuel oil y combustible, pero deberían saber, además, que nunca compramos petróleo a Irán porque el petróleo iraní no sirve por los componentes que tiene para ser tratado en la República Argentina, que el principal problema que se tiene no es solamente la producción de crudo, porque estamos exportando crudo, sino la capacidad de refinación porque lo que se importa es precisamente petróleo refinado, jamás crudo.
Son datos que están a la mano de cualquiera, son datos públicos, hubiera bastado ver eso para no incurrir en los groseros errores, más aún también en el caso de haber mencionado como agentes de inteligencia, vinculados directamente a esta Presidenta, a personas que habían sido denunciadas por los propios agentes de inteligencia – que proveían de información al Fiscal Nisman – como falsos agentes y por tráfico de influencias, que habían sido denunciados penalmente. Esto recién lo conocimos el día que se conoció la denuncia, no se supo el día 14, y probablemente tal cual lo afirmé en una de las dos cartas, que dirigí a la comunidad y que tampoco el Fiscal Nisman haya podido enterarse.
A propósito de esas dos cartas, y si se me permite la digresión: se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión, respecto de la muerte del Fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura rápida o detenida de la misma ve claramente que en la primera carta – en el segundo párrafo – cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio y cuando me refiero concretamente al caso del Fiscal Nisman – en el segundo párrafo – pongo suicidio entre signos de interrogación. Este párrafo, en la transcripción que algunos diarios del monopolio, el monopolio concretamente hizo omitió el párrafo, donde yo pongo ya en la primera carta suicidio entre signos de interrogación.
También debo decir y manifestarme de acuerdo a lo que fue el lamentable hecho de la muerte del Fiscal Nisman y también de todo lo que aconteció después. Yo me enteré de que algo estaba sucediendo, no de la muerte del Fiscal Nisman, el lunes a la madrugada, exactamente a las 0.30 horas, cuando se comunica conmigo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y me dice: «perdone Presidenta que la moleste a estas horas, pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente -así me dijo si mal no recuerdo-en el departamento o en la casa del Fiscal Nisman», «¿Cómo un incidente, qué incidente?, le pregunté yo. «Está la madre, está el juez, están esperando que llegue la fiscal o el fiscal», me dijo: «y hay en el baño un charco de sangre, que sale por abajo de la puerta, sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo». Yo primero pensé que era un chiste de madrugada, «¿María Cecilia, vos me estás, vos me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio?» «No doctora le estoy diciendo la verdad», «¿Pero quién está del otro lado?», «No sabemos porque el juez no quiere entrar hasta que llegue la fiscal», «pero cómo no van a poder entrar, si está el juez pueden entrar, puede haber una persona que se ha hecho daño, que entre», «no, el juez no quiere entrar hasta que llegue hasta que no llegue la fiscal».
Recién me confirman aproximadamente 2.30, yo no quiero mentir la hora pero 2.30, 3 de la mañana que era el cuerpo del Fiscal Nisman, que estaba en un charco de sangre, a esa hora se enteró la Presidenta de la República de este desgraciado suceso.
Más tarde comenzaron aparecer nuevos datos, los datos eran que la pistola que había producido la muerte del Fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia Fiscalía, experto en informática y que tenía intima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él que habló con él, esta última persona que lo vio con vida, que habló con él, que además era de su íntima confianza, de su íntima amistad, que concurría, según hemos podido saber asiduamente a su departamento, según pudimos saber, fue el que le da su propia arma 22, que está registrada como tal en el RENAR, que es donde está el Registro de Armas. Esta persona además, fue – podemos decir – un feroz opositor al gobierno, todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno, pero pudimos advertir por su Twitter las groserías y los insultos, que no voy a reproducir, porque es impropio de una presidenta, pero esos insultos, esos agravios, casi con un contenido machista, están dirigidos precisamente a la persona de la Presidenta de la República. Tenemos entonces una persona de la íntima confianza del Fiscal, que es la que le provee el arma, que es la última persona que lo ve.
La primera que entra al departamento es su madre, porque al Fiscal lo encuentran muerto en su propia casa y la que lo encuentra muerto y lo ve por primera vez – después pudimos enterarnos – fue su propia madre y no sé qué otras personas, antes de que llegaran las autoridades judiciales. Y también pudimos enterarnos que esta persona, el señor Diego Ángel Lagomarsino, no es solamente un feroz opositor y tiene todo su derecho de serlo, sino que además es el hermano de un importante ejecutivo del estudio Saenz Valiente, socio del Grupo Clarín. Todos recordarán aquellos cuadros, que presentara Martín Sabbatella, donde las sociedades compartida entre Clarín y los Saenz Valiente, es el gerente de informática del Grupo Clarín.
La pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué esos datos no salieron a la luz? Esos datos pueden observase en Internet, al ingresar a la página de dicho estudio, y ningún periodista, absolutamente nadie, lo ha mencionado. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿si en lugar de que el arma perteneciera al señor Lagomarsino, íntimo amigo del fiscal y miembro de la Fiscalía, que investiga AMIA, y además un opositor a este gobierno, y hermano de un importante ejecutivo de las empresas vinculadas al Grupo Clarín, hubiera sido un fervoroso militante del Frente Para la Victoria, y además de eso hubiera tenido un hermano, con un importantísimo cargo en el Poder Ejecutivo Nacional, qué se estaría diciendo? Por eso realmente todos estos días de un verdadero aquelarre informativo, confusiones que realmente conllevan a desconcertar a la gente y a hacerla indignarse frente a las cosas, tienen un propósito muy definitorio – diría yo – que es la desinformación, la confusión y fundamentalmente que haya un gran pesimismo en la gente, frente a la labor que puede cumplir la Justicia.
Por eso, en otra de mis cartas pedí especial protección para el señor Diego Ángel Lagomarsino. Uno leía los diarios y decían que estaba en un hotel, con más de 15 custodios, que se turnaban rotativamente. Todos ustedes lo deben haber leído o escuchado hasta el cansancio, en un cable de noticias. El otro día nos enteramos que el señor no tenía custodia, cuando la Fiscal no lo podía ubicar y se ordenó su no salida del país. A propósito de la salida del país: también tenemos información, a través de la oficina del Ministerio del Interior, en la parte de pasaportes, que el señor Diego Ángel Lagomarsino comenzó a tramitar su pasaporte, el día 14 de enero, día en que el Fiscal Nisman presentó su renuncia. Por supuesto, ese pasaporte – dado los hechos que son de público y notorio – fue retenido y no fue entregado al señor Diego Ángel Lagomarsino. Seguramente la fiscal o la jueza de la causa requerirán información al Ministerio del Interior, que es el que maneja todo el tema de los pasaportes.
Podríamos también agregar al respecto que en realidad no hay que pensar que no es posible investigar y saber qué es lo que pasó. Porque digo, porque también en el año 2010 tuvimos un asesinato terrible: el del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Todavía recuerdo las palabras de mi hijo, diciendo que «la bala que mató a Mariano Ferreyra rozó también la cara y el corazón de Néstor Kirchner, el Presidente».
Me acuerdo que teníamos muchos menos elementos, en ese momento, había sido una escaramuza entre dirigentes o militantes de un sector del sindicato y el Partido Obrero y teníamos el muerto, un asesinato. Y recuerdo que cuando la familia vino a verme a mí: su padre, su madre que lloraba, su hermana, su hermano Pablo Ferreyra me preguntaron si se iba a proteger a alguien, concretamente que si se iba a proteger a quien era entonces secretario del gremio de ese sindicato. Eso me lo preguntó Pablo Ferreyra y yo le dije, mirándole a la cara que «no estaba casada con nadie, que la única persona con la que yo estaba casada ya no estaba más». Esto sucedió a los pocos días de lo de Néstor y que además no pensaba casarme con nadie.
La excelente labor, llevada a cabo por la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño, a quien también desde el gobierno acompañamos todos los elementos que habían llegado a nosotros, porque esto pudo esclarecerse a partir de una persona que había participado en los hechos y testimonió bajo protección. Recordarán, inclusive, que hubo varias discusiones y que hasta un perito en balística resultó procesado porque intentó desviar la investigación y decir que la bala, en realidad, que había matado a Mariano Ferreyra era una bala que había venido rebotada, no me acuerdo cómo era. Pero lo cierto es que es posible – cuando se pone la Justicia a investigar en serio – encontrar a los responsables y encontrar a los culpables.
Yo creo sinceramente que esa denuncia sin ningún fundamento, sin ningún asidero y la muerte del Fiscal Nisman están directamente vinculadas con el antecedente del Memorándum de Entendimiento y con la impunidad del atentado de la AMIA. Porque parece ser que en realidad nadie quisiera que se investigara a fondo o se tomara declaración a alguien, es como un constante investigar, un constante decir, un constante acusar, pero no lograr los instrumentos, ni provocar las conductas y los comportamientos que nos permitan arribar a la verdad y obviamente al enjuiciamiento, a la condena y al castigo de quienes fueron responsables del peor atentado terrorista, que tuvo la Argentina – y reitero – que costó la vida de 85 personas.
Por eso no se entiende, o tal vez se entiende porque me tocó participar a mí durante toda la Comisión y vi cómo se plantaban pruebas, cómo se creaban pistas que eran falsas, cómo cosas que luego no pudieron demostrarse en el juicio oral y todo volvió a foja cero. Hace 21 años del atentado y hoy alguien pretendió con una denuncia sin fundamento que nosotros queríamos desviar la investigación y ocultar a los iraníes. ¿Por la venta de granos, qué granos? Si los únicos que les venden granos a los iraníes son Aceitera General Deheza; Cargill; Bunge y Born, Nidera, Noble, inclusive Molinos Libres, que también vende arroz, proveniente tal vez de alguna empresa del mismo grupo, pese a las desmentidas porque hacen también triangulación. Nadie pensará también de que algunas de esas empresas es precisamente amiga del gobierno, ni tengo propiedad de ningún campo que produzca granos, por lo tanto no hay ningún tipo de esos intereses que han querido confundir a la sociedad.
Seguimos como estamos, en el año 2003, queremos saber y para saber se necesita tomar declaración y se necesita la cooperación judicial que le reclamamos durante años a la República Islámica de Irán, y cuando se firma el entendimiento la Justicia Argentina – producto de presiones y de movimientos de fiscales, de jueces – lo declara inconstitucional. Entonces los iraníes dicen:»no, lo declararon inconstitucional, no se mueve absolutamente nada».
El otro día, inclusive, leí un reportaje del «New York Times», donde se hablaba de constituir una comisión internacional de juristas prestigiosos, es evidente que ni siquiera han leído el artículo 1ero, del Memorándum de Entendimiento, que establece la constitución de una comisión, de siete juristas de prestigio internacional, que no podían ser ni argentinos ni iraníes, no para juzgar porque no pueden hacerlo, no para intervenir porque no lo pueden hacer, sino simplemente para opinar sobre la prueba recolectada. Esto que se estaba proponiendo es precisamente el artículo 1ero, del Memorándum de Entendimiento. Pero lo que más me llamó la atención absolutamente de esa denuncia es la mención, que se hace como presuntos agentes de la SIDE, con vinculación directa con esta Presidenta y con una suerte de SIDE paralela, a dos presuntos agentes que el propio proveedor de información del Fiscal Nisman, había denunciado ante la justicia penal, como usurpadores de títulos que no tenían y traficantes de influencia ante funcionarios de la Aduana. Cómo es que se le informa el fiscal un nombre como presunto agente de contacto con la Presidente, cuando al mismo tiempo unos meses antes de noviembre, se los ha denunciado como agentes falsos en causa penal. Incomprensible, o tal vez demasiado comprensible: había que presentar la denuncia el 14, en el marco de los sucesos y de la conmoción que había en el mundo por los sucesos de París. Por eso también el retorno imprevisto del fiscal y por eso no se introdujo el nombre de los agentes que habrían intervenido, precisamente porque la mención de esos agentes impedía que se hiciera pública inmediatamente la denuncia.
Por eso digo, que tal vez, todo lo que ha sucedido lo que yo llamo el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es una leyenda de la mitología griega, que consiste fundamentalmente en cómo se sale de un laberinto en la Isla de Creta. Allí había un laberinto, donde había un monstruo, el minotauro que reclamaba todos los años que se le entregarán siete jóvenes para el sacrificio. Y nadie podía escapar de ese laberinto, sin embargo una mujer, Ariadna, le dio a Teseo para que entrara un hilo para que fuera poniendo el hilo por todo el laberinto y luego de acabar con el minotauro pudiera salir. Tal vez este lamentable y desgraciado suceso de la muerte del Fiscal Nisman constituya el hilo de Ariadna, que nos permita de una buena vez y por todas dar respuestas a las 85 víctimas y a sus familiares.
Este gobierno es un gobierno comprometido absolutamente con los derechos humanos, es paradigma en el mundo en materia de respeto a los derechos humanos, es paradigma en el mundo en materia de lucha y combate contra el terrorismo. Salvo algún otro presidente, en los Estados Unidos de Norteamérica, o tal vez de Israel, hayan nombrado a la República Islámica de Irán acusándola de algo en el seno de Naciones Unidas. Los presidentes de Argentina, Néstor Carlos Kirchner y quien le habla fueron los primeros que lo hicieron, desde el año en que el atentado sucedió: 1994. ¿En qué cabeza puede caber que quienes precisamente fueron los primeros en acusar, en lograr y en tratar de que la República Islámica de Irán coopere mencionándolos y acusándolos en base a lo que el fiscal de la causa suministraba pueden, ahora, intentar – no se sabe por qué cosa – querer o distraer o desviar la investigación?
Por favor, no subestimen la inteligencia de los argentinos y porque no subestimamos tampoco la inteligencia del Estado ni de los argentinos es que también hemos tomado estas decisiones, que espero esta disolución de la Secretaría de Inteligencia, esta reformulación de todos los organismos de inteligencia, esta transferencia del sistema de escuchas judiciales, no ya al ámbito del Poder Ejecutivo, sino al ámbito del Ministerio Público Fiscal, esta decisión de también de que los agentes no puedan tener ningún contacto con ningún otro miembro del Estado, en cualquiera de sus tres poderes, ni tampoco de particulares sino es a través de las figuras de sus directores, y otras reformas que también se introducen a todo el sistema. Es una deuda que teníamos pendiente con la democracia, como tantas otras que nos ha tocado cumplir, como fue en su momento la recuperación de los recursos de los trabajadores, para que puedan ser administrados por el Estado, como también lo fue la Asignación Universal por Hijo, como lo fue el desendeudamiento y reestructuración de la deuda argentina.
Ah y me olvidaba, otras de las acusaciones que eran de las empresas de los fondos buitres en Nevada y vengo reclamando, permanentemente, que de una buena vez y por todas nos digan los nombres de esas empresas porque también los argentinos queremos conocerlas. Pero he aquí que cuando se descubren 4.040 cuentas, como se descubrieron, por ejemplo, a partir de una colaboración con la república francesa, 4.040 cuentas en serio, no que aparecen en los diarios, hay un silencio absoluto, ocultamiento y desinformación por parte de la prensa. Me parece que lo que les interesa no es precisamente atacar o perseguir la corrupción, sino atacar y perseguir al gobierno, y en especial – dentro del gobierno – a esta Presidenta.
Yo quiero también decirles algo, a los argentinos, a mí no van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien no me interesa, pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado, que no se puede seguir manejando a la República Argentina de esta manera, que es necesaria una profunda reforma también en el Poder Judicial, que desgraciadamente muchas veces fue declarada inconstitucional, no aplicada, pero es necesario que los tres poderes del Estado exhibamos transparencia absoluta.
Y en este caso, del Fiscal Nisman el Poder Judicial tiene un gran desafío, como lo tuvo cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra: demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien, que es posible enjuiciarlo con los jueces de la Constitución, que es posible condenarlo de acuerdo con lo que prescribe nuestro Código Penal y que es posible reconstruir la confianza de todos los argentinos en su Poder Judicial.
Esto tenía que decirlo porque yo no puedo permitir que de ninguna manera se tenga sitiada a la democracia con el miedo y la extorsión, ni tampoco se extienda una mancha sobre la democracia, pensando en las cosas que se han escrito y visto, en estos últimos tiempos. Por eso creo que la demanda es muy fuerte y yo creo que hay una magnífica oportunidad no sólo de esclarecer la muerte del Fiscal Nisman, sino que ese esclarecimiento nos comience a conducir – como el hilo de Ariadna – a la salida del laberinto. Muchas gracias.
Fuente: Agencia Paco Urondo
