Horacio Çaró es el periodista que llevó a cabo la investigación sobre los aportes irregulares de una serie de grupos empresariales, entre los que se encontraba Monticas, al socialismo para las campañas electorales. Los vínculos del capital privado que desembarca en la política entrelazan a actores del gobierno provincial con una región particular del empresariado provincial, estrechamente allegada al Pro.
“A pesar de las aparentes diferencias respecto al Pro a través de Fundación Libertad y de Televisión Litoral, que fue comprada por Marcelo Fernández, integrante de la Fundación. La ligazón es harto evidente con el Pro, pero no se llevan nada mal con el gobierno. El gran problema para sacar sus trapitos al sol o decir que forma parte de una operación, no implica que no sea verdad. La aclaración del Frente Progresista es inexacta. Ellos plantean que en el 2007 fue el aporte”, comenta Çaró.
“Un peso ya hubiera sido ilegal”, dice el periodista rosarino, y explica que la empresa estaba impedida de hacer contribuciones porque tenía una vinculación con el poder concedente. En relación a la desmentida que hicieron los funcionarios provinciales, planteando una devolución de esos fondos, Çaró se pregunta por qué el juez y fiscal siguieron investigando y profundizaron la causa posteriormente.
Recientemente se detectaron nuevos casos de trabajo esclavo en la zona de Hughes en campos pertenecientes a ACA, otro de los aportantes a la campaña socialista. A partir de los orígenes del dinero pueden desentramarse ciertas madejas de poder provincial, las conexiones entre los capitales privados que controlan la vida económica en Santa Fe y los modos en que influencian, condicionan o se integran a las fuerzas políticas.
“Por un lado está aporte, por el otro la mentira. Están diciendo que se devolvió y la causa que se inicia precisamente se encarga de eso. El juez pone en su escrito que el partido no logra constatarlo documentalmente y poner en conocimiento de la ciudadanía de forma clara. Los “responsables de la información” de ese informe eran el presidente, Hermes Binner; el tesorero, Lifschitz; el responsable económico-financiero, Saab y el responsable político, Garibay, actual ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia”, agrega.
A fin de año, los trabajadores del transporte realizaron reclamos en advertencia por las pésimas condiciones de trabajo y el alto grado de precarización. Desde el Pro, sin embargo, apuntaron al gremio como responsables de la tragedia. La alianza entre poder económico y político queda en evidencia con impunidad y desvergüenza. “Hubo otras advertencias, como el acampe de los choferes durante las fiestas pidiendo supervisiones. No es raro que el Pro cuestione a los trabajadores, se murieron dos choferes”, finaliza.
