A partir de la investigación llevada a cabo por el fiscal adjunto de Rufino, Mauricio Clavero, en materia de delitos ligados al narcotráfico y su presentación en la justicia federal, hubo una fuerte polémica en torno al caso, en la que participaron diversos actores de la política y el periodismo, incluyendo una curiosa manifestación civil, que juntó alrededor de cien personas, brindando su apoyo al fiscal cuestionado, al que se le abrió un sumario por haberse excedido en sus funciones. La defensa de Clavero parte de la idea de que la conflictividad del narcotráfico demanda acciones inmediatas y es una demanda social tan urgente que no puede limitarse a las operatorias del debido proceso, algo que contrasta con el rigor legalista que se exige para otras circunstancias.
“Es una instrucción personal que di al Dr. Merlo, tras conocer las declaraciones del fiscal Clavero que realizó cuando yo estaba de licencia, donde admite expresamente investigar casos narcotráfico, esta medida que está fuera de su competencia merece una investigación preliminar. No se le toma declaración, sino que se le solicitaron los expedientes que armó con las investigaciones y que según Clavero fueron archivados”, explica el fiscal regional Alejandro Sinópolis, que fue quien ordenó la medida que se adoptó respecto a Clavero.
Los fiscales provinciales son incompetentes por ley para investigar delitos del ámbito federal, como los vinculados al narcotráfico. La provincia de Santa Fe no adhirió a la ley nacional que habilita a los fiscales provinciales investigar delitos de narcotráfico y narcomenudeo. Clavero reconoce esta extralimitación. Más allá de las justificaciones específicas y las buenas intenciones que puedan esgrimirse, es razonable pensar que un hecho de esta magnitud puede dar lugar a otras intromisiones y excesos por parte de fiscales, en un marco de reforma que les concede mayores atribuciones y disponibilidades que lindan con la arbitrariedad.
La cuestión de los límites en el derecho, más aún en un clima de intensificación represiva y endurecimiento de la persecución policial-judicial, cobran una singular importancia. La necesidad de ceñirse a las prescripciones de la ley implica la prevención de abusos de autoridad y actuaciones sin fundamento. “En el momento en el que se empiezan a vulnerar aspectos legales, se empieza con pequeñas cuestiones, después vale. El favor más grande que se le puede hacer al narcotráfico es eso mismo, cosa que no advierte la gente, el arco político y el periodismo. La ley no hace distinciones y yo me veo obligado a disponer una investigación sobre su caso”, aclara Sinópolis.
Varios legisladores salieron a manifestar expresamente su respaldo a Clavero y poner la mirada sobre el accionar de Sinópolis. La decisión no carece de relevancia política: actualmente se está tramitando la destitución ilegal e irregular del Defensor Público, Gabriel Ganón, impulsada por el senador Lisandro Enrico, sin acusación realizada y con una evidente intencionalidad política e ideológica, por lo cual, el ataque a Sinópolis adquiere otra dimensión: “Yo cuando tomé la decisión fui conciente de lo que podría ocurrir y me imaginé que se iba a llegar a esto. Pero yo no puedo porque sea fiscal dejar pasar y no ordenar una investigación. Y si algún político apoya las ilicitudes manifiestas de un fiscal, estamos mal. Este es un sistema democrático, republicano, de división de poderes, y saben que el fiscal no puede hacer eso que estamos investigando”, finaliza Sinópolis.
