La magistrada Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Catán están acusadas de mal desempeño en los expedientes sobre la tutela y el cuidado personal de la víctima. Sus defensas solicitaron la absolución. El viernes será el veredicto.
Luego del fuerte careo entre el abuelo de Lucio Dupuy y su ex abogada, el juicio continuó con los alegatos de clausura donde se pidió la destitución de ambas acusadas.
Entre otros puntos, donde se narraron las actuaciones previas, el procurador Guillermo Sancho, estuvo centrado en el acuerdo entre Hidalgo y Espósito Valenti para dejar sin efecto la tutela paterna y que, de ese modo, el cuidado personal pasara a manos de la madre. Eso fue homologado por Pérez Ballester el 4 de noviembre de 2020.
En este caso, la procuración repitió las acusaciones iniciales. Volvió a cuestionar que tampoco se oyera al niño y al padre. A eso le sumó que no se le dio intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial -que consiste de un psicólogo, médico y un asistente social-, ni que se haya actuado de oficio. Y también señaló que se omitió toda comunicación a la autoridad de aplicación, a pesar de que la madre en una denuncia contra Maximiliano Dupuy, por impedimento de contacto –en el marco de un régimen comunicacional–, dejó trascender que Lucio tenía un sarpullido en la zona de los genitales.
Para Sancho, “fue una falta grave” no haber dado lugar a que Lucio se expresara. “Más aún en el contexto en que se dio la homologación del acuerdo (cuando ya existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío)”, subrayó. “Sin ser escuchado sobre qué quería hacer, le cambiaron el centro de vida y terminó viviendo en Santa Rosa”, amplió.
“No se puede partir de una presunción de que por una determinada edad un niño no puede ser escuchado. En forma verbal, gestual o por dibujos, se pudo comunicar”, insistió y recordó una pericia al niño en la que se infirieron indicadores de abuso sexual infantil.
Sancho luego apuntó a la actuación de Catán: “El 3 de septiembre de 2020 el juzgado le dio intervención a la Asesoría. El 7 de septiembre ese traslado lo recibió un empleado o ex empleado de la Asesoría y ese mismo día, 20 minutos después, se conoció el dictamen de la asesora homologando el acuerdo, atento al interés superior del niño, y diciendo que debía dejarse la tutela sin efecto”.
Entonces, “en 20 minutos se dictaminó que todo estaba bien, no se miró absolutamente nada”, criticó. En este marco, Sancho acusó a las funcionarias de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” y de “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.
Absolución
Tras un breve cuarto intermedio, Pablo Rodríguez Salto, abogado particular de Pérez Ballester, tomó la palabra y pidió la absolución de su defendida. Dijo que al juzgado de la acusada “no llegó ninguna información advirtiendo sobre situaciones de riesgo para Lucio” y resaltó que “no se puede destituir a un funcionario por una cuestión opinable”, sino que debe hacérselo cuando se producen errores reiterados, según lo especifica el artículo 22 de la ley 313.
“Si hubo una cosa sola que se hizo mal, eso no podría llevar a la destitución (…) Acá no se actuó mal, se actuó de acuerdo a lo que se conocía y a lo que se podía hacer en ese contexto. Si las partes no llevaron indicios (al tribunal), no pidan otra solución humanamente posible”, argumentó.
A su turno, las defensoras Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz, en representación de Catán, adhirieron a los dichos y el pedido de absolución de Rodríguez Salto. También solicitaron iniciar una causa por falso testimonio contra Ramón Dupuy.
