(PR/NormaMigueles) La cámara penal, en la figura del juez Tomas Orso, declaró prescripta una causa denunciada por administración fraudulenta en perjuicio de la Delegación de Amsafe General López. En consecuencia, los dos imputados, Alberto Maurino y Fernando Gonzalo, quienes fueron secretario y adjunto de la entidad hasta 2016, fueron sobreseídos.
Es decir, que en esta etapa del proceso terminaría la persecución penal. La Fiscalía puede -y seguramente las victimas lo solicitarán- apelar con un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que, bien sabemos, si desde abajo hacia arriba los plazos empiezan a lentificarse, en ese extremo la respuesta no será rápida.
Orso pidió disculpas por la “baja calidad institucional”. ¿A qué se refería el camarista?
¿A una causa por la que pasaron por lo menos tres fiscales? ¿A una denuncia que se hizo hace 9 años? ¿A plazos largamente vencidos ya en 2022 y acusación extemporánea dos años después? ¿A una denuncia que supone un perjuicio a los afiliados de Amsafe de 4,5 millones en 2016 (hoy valor centuplicado)? ¿Por qué el gremio central Amsafe nunca se interesó, ni participó en la demanda? ¿Fue perjudicada económicamente la delegación Gral. López o se trató de una “interna gremial”?
Lo cierto, es que una década después las respuestas tienen sabor amargo para los demandados, que fueron expuesto públicamente y “perseguidos” por la acción fiscal, en tanto que las víctimas no reciben una respuesta concreta: ¿culpables o inocentes?
Mientras tanto, los representantes del Poder Judicial se diluyen en debate de cuestiones técnicas doctrinarias exponiendo al esperado sistema acusatorio en una mora reprochable, porque en definitiva para la Delegación de Amsafe y sus demandados remaron (y parece que seguirán) por un amplio mar de dulce de leche.
