(PR/Norma Migueles) En la jornada del martes, se desarrolló en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia de apelación sobre una medida privativa de libertad dispuesta por el juez Leandro Martín el 10 de octubre pasado. El juez de Cámara Tomás Orso resolvió que la causa vuelva a primera instancia y resuelva si acepta la prisión domiciliaria. El defensor José Marchisio informó que están tramitando la tobillera electrónica.
La audiencia fue solicitada por la defensa de un joven imputado en una causa de microtráfico en la que quedó detenido junto a otras dos mujeres, quienes transitan el proceso con prisión domiciliaria por ser madres de niños pequeños.
Marchisio solicitó la morigeración de la prisión atento a que vive con su madre y una tía abuela nonagenaria que necesita de atención permanente por su estado de salud y el joven era ayuda necesaria para su madre, ofreciendo una fianza de 4 millones de pesos.
El abogado planteó, también, que en el marco de un allanamiento se secuestró en la vivienda una carabina que había sido entregada en forma voluntaria por la madre del imputado aclarando que era una herencia familiar. Añadiendo que en la casa allanada no encontraron ninguna droga.
Otro de los puntos abordados apuntó a que, al momento de la detención, la mujer que había subido unas cuadras antes al auto del joven dijo a la policía que llevaba droga en un peluche que estaba en el asiento trasero y que era de su propiedad.
Por su parte, el fiscal Ivan Raposo argumentó que el imputado fue detenido en cuasi flagrancia, ya que desde hacía un tiempo era investigado por la policía, sospechado de comercializar estupefacientes. El día de la detención hallaron en el auto una balanza de precisión y algo más de 50 gramos de cocaína oculta en un peluche. El funcionario judicial indicó que además hay registros fílmicos que relacionan al sujeto con las otras dos mujeres detenidas en el marco de esta causa.
Artículo cuestionado
En su presentación, Marchisio pidió que se declare inconstitucional el Art. 5 de la flamante Ley de Narcomenudeo que establece el mínimo de la pena para los casos de microtráfico que ahora investiga la Justicia provincial en relación a las causas de narcotráfico que se investiga en el fuero federal (Ley 23.737) y apunta a grandes distribuidores o bandas organizadas, considerando en consecuencia que no es ni proporcional ni razonable.
A primaria instancia
Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso que tanto la inconstitucionalidad como la alternativa de prisión domiciliaria vuelvan a primera instancia, donde serán evaluadas por el juez de la Instrucción Penal Preparatoria.
