(PR, Lucas Paulinovich, Pablo Tomás Almena).
El proyecto plantea crear una guardia urbana de más de 130 hombres, equipados y hasta formados en un instituto local. Serían 24 millones de pesos anuales solo en sueldos. Debería financiarse con el presupuesto municipal que se nutre de los impuestos y tasas que abonan los venadenses. Entre otros puntos débiles pretende que sean trabajadores municipales (incluso algunos que hoy desempeñen otras tareas) los que detengan a personas que estén cometiendo delitos. Esto, además de ser difícilmente exigible a los trabajadores municipales, es de dudosa legalidad y no existe en ningún sitio de Santa Fe por ilegal ¿Cuán realizable es realmente este proyecto?
En una de sus primeras incursiones como concejal, Leonel Chiarella presentó un proyecto para crear una guarida urbana que recorría las calles de la ciudad. Se trata de una iniciativa que pone el centro de atención en la política de seguridad y avanza en una elevación hasta alcanzar el 5% de presupuesto municipal destinado a esa área. La inseguridad fue uno de los vectores principales de los delfines de Lisandro Enrico durante la campaña electoral. Esta iniciativa llega a cubrir parte de esas promesas. Por lo menos en el plano de los discursivo ¿Pero acaso se trata de propuestas viables? Hace 6 meses, en diálogo con el director de este medio, un estrecho colaborador del senador Lisandro Enrico le planteó respecto al proyecto de ley denominado “Ley Enrico”: “nosotros sabemos que es inconstitucional, pero con esto le corremos la línea todo el tiempo, a los peronistas y a los socialistas” ¿Será?
“Nosotros planteamos esa afectación específica y pedimos que se reduzca el personal de gabinete, que se gastan casi 18 millones de pesos en sueldos. También mejorando y optimizando la recaudación de impuestos, que tiene que ver con una desconfianza de los ciudadanos. Hay que reducir ese gabinete que es el más grande de la historia”, dice Chiarella en diálogo con PUEBLO Regional.
El eje puesto de en las políticas de seguridad es la línea política que adoptó el enriquismo para enfrentar los asuntos de la región. La guardia municipal que propone Chiarella constaría de once puntos fijos de vigilancia, repartidos en los distintos barrios de la ciudad. La fuerza estaría encargada del contacto directo con los vecinos y el control inmediato de las situaciones de riesgo en las calles. Sin embargo, no podrán portar armas de fuego, por lo que su intervención se limitaría solo a la aprehensión de quienes comentan un delito y el llamado a las fuerzas idóneas para continuar el procedimiento.
“Lo que tiene que ver con la guardia, nosotros pretendemos la creación de una verdadera fuerza de seguridad que tenga como objetivo el patrullaje y el contacto con los vecinos. Esto queda explícito en las atribuciones, que para hacerlo breve, cuatro distintivas son: que pueda aprehender a una persona en flagrancia y las entregue a las fuerzas municipales; la posibilidad de solicitar documentación a los vehículos en la vía pública, sobretodo para aumentar el control de las motos; y la posibilidad del director de solicitar autorización para allanamientos”, describe.
Las propuestas de seguridad basadas en nuevas fuerzas que basan su actividad en la cercanía y el contacto es un modelo tomado de distintas ciudades del país, en donde el funcionamiento de este tipo de fuerza no siempre fue provechoso. En este caso, los guardianes actuarían en un sector específico de la ciudad, ocupándose del control de sus zonas. El riesgo de la estigmatización y la sectorización de la ciudad emergen ante la falta de certezas sobre los protocolos de acción y los criterios específicos que regirán su actuación.
“La idea es que haya tres agentes por turnos en cada uno de los puntos, porque pretendemos que haya patrullaje las 24 horas. Nosotros prevemos tres pautas de financiamiento: afectar el 10% del registro de inspección que recauda la Municipalidad como recurso específico; utilizar la ley de obras menores para la instalación de los puntos fijos y la compra de mobiliarios; y también que el 10% de aumento de las patentes, que se utiliza para la compra de colectivos, para el año 2017 afectar ese recurso para poner en marcha la guardia”, apunta el joven concejal en relación a los medios de financiamiento, uno de los primeros puntos problemáticos que surgieron al presentar su proyecto. Los recursos provenientes del fondo de obras menores fueron establecidos hace más de 10 años por ley para los municipios y las comunas, y pertenecen precisamente a los municipios y comunas por lo que, en este esquema, la provincia no aportaría recursos para esta mega inversión.
Formación
Es común pensar que los problemas de la institución policial y, en consecuencia, parte de los conflictos violentos que atraviesan la sociedad, se debe a la falta de preparación de los policías. Poco se pone en cuestión su organización interna, los mecanismos de autonomía o los usos sistemáticos que envician su desempeño. La propuesta presentada se inscribe en esa línea educacionista: “se va a instalar la escuela de policías. La idea es que se capaciten en esas instalaciones, con un programa específico que va a durar seis meses, que se van a hacer hincapié en mecanismo de defensa personal, disuasión y mediación, porque por tener un mayor contacto con la población, van a tener que hacer foco ahí, en esos conflictos”, cuenta el dirigente radical.
El objetivo de la fuerza será anticipar el delito. Esa meta abre un campo de incertidumbre sobre las frecuentes discriminaciones y orientaciones según la pertenencia social. “Nosotros planteamos que la guarida tenga una comunicación interna con la policía provincial y con el centro de monitoreo para que a través de las cámaras identificar situaciones conflictivas o que puedan desarrollarse como posibles acciones delictivas y poder prevenirlas”, propone.
En la propuesta legislativa se prevé el traslado voluntario de empleados municipales para la integración a la fuerza. También se especula con posibles aportes del gobierno provincial, a quien le corresponde formalmente la materia de seguridad. “Vamos a entregarle el proyecto a Maximiliano Pullaro (Ministro de Seguridad) para ver en qué nos pueden acompañar. Pero nosotros a través de una ordenanza no podemos obligar a otro poder del estado a realizar aportes específicos. Lo que prevé esta guardia urbana es potenciar la presencia del estado sobretodo en los barrios, donde se ve que están más desprotegidos. Igualmente, lo que prevemos es que, una vez aprobado el proyecto, en 90 días, se realice un protocolo de actuación donde estén elaborados entre Municipio, Gendarmería, Policía y el Concejo la coordinación de las diferentes fuerzas”.
El “principio de realidad”: la óptica del que debe gobernar
Inmediatamente conocido el proyecto de Leonel Chiarella, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Jorge Lagna, salió a responder: “esto no es nuevo para nosotros. Vemos bien todas las iniciativas que se tomen para mejorar la seguridad de la ciudad, pero debemos acotar que hay puntos que son ilegales. Es mucho más positivo para la ciudad que el gobierno de la provincia disponga más agentes y más tecnologías, que los venadenses, con dinero nuestro, aportemos para una fuerza con más de 130 empleados nuevos, once móviles más. Y el uso de la fuerza pública lo tiene el gobierno de la provincia. Entonces, de qué valdrían los once puntos fijos con guardias municipales si no pueden utilizar el arma”.
La metodología que utilizarán los guardianes y la falta de operatividad para intervenir en situaciones violentas ponen en un lugar de cierta infertilidad la existencia de los guardianes. De esa forma, quedan reducidos a una fuerza de presencia callejera que inspire tranquilidad a los vecinos pero que, en la práctica, se encuentra limitada en su accionar.
“El tema de la aprehensión y el pedido de la orden de allanamiento es completamente ilegal. Ese es el error de concepto: confunde las policías locales de Buenos Aires con el sistema de Santa Fe. Es exclusiva de la policía la aprehensión de un delincuente. Lo digo con estas palabras para ser explícitos. Además de la erogación, con esos nuevos empleados, de casi de 2 millones de pesos por mes solo en sueldos”, comenta Lagna.
En cuanto al tema de la financiación, el funcionario municipal hace foco en la responsabilidad del gobierno provincial de ocuparse del asunto de la seguridad: “la seguridad es un tema de provincia por ley. Que los municipios colaboremos, está bien. Ahora, lo que propone Chiarella, me parece un sinsentido. Lo que tenemos que luchar es que la provincia ponga más policías, más móviles, más tecnologías, más recursos para la policía de investigaciones. Yo no sé si es un error o se intenta promover un proyecto irrealizable para después echarle la culpa al intendente. La plata que quieren invertir en esto, tenemos que invertirlos en incumbencias propias del Municipio”, comenta.
Según Lagna, la iniciativa de Chiarella no trae nada nuevo, sino que recupera una propuesta ejecutada por decreto por el gobierno municipal y que tiene sus funciones demasiado escasas como para envestirla del gran combate contra la inseguridad. “Es insostenible el planteo de Chiarella. La guardia urbana se creó por decreto tomando modelos de Rafaela y Rosario. Se puede mejorar, pero viene del 2014. Pero jamás un agente municipal puede portar armas, ergo, no puede perseguir a un delincuente”, afirma.
