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Duro presente de las comunidades indígenas de Santa Fe

Ariel Araujo es uno de los referentes principales de la comunidad Mocoví de la provincia de Santa Fe y es residente de Melincué, aunque pasa muchos días en el norte provincial, donde hay municipio indígena Mocoví como Colonia Dolores. En la zona sur de Santa Fe hay alrededor de 15 y 20 comunidades de pueblos originarios entre los que se hayan Qom y Mapuches.

“Nosotros somos Mocovíes, y esa es una lucha reivindicativa la de pertenecer a un pueblo y desde ahí reconocer los derechos que nos corresponden, que los últimos cuatro años fueron pisoteados por las políticas del Estado nacional y también del provincial”, afirma Araujo, y explica que el gobierno de Mauricio Macri “desarticuló toda la política indígena que se venía haciendo en cuanto al reconocimiento de derechos, fundamentalmente en el relevamiento territorial indígena, lo que le permitía tener a las comunidades un reconocimiento desde el Estado sobre sus territorios ancestrales”.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue reducido prácticamente a 20 personas cuando tenía más de 200 empleados y presencia en todas las provincias. “Dentro de la provincia, pasa algo parecido con el instituto provincial, donde hay una ley, hay un organismo provincial, tenemos consejeros indígenas, pero quedó inexistente en los últimos años, sin presupuesto, con punteros políticos dentro de la provincia”, especificó.

En ese sentido, indicó que hay una clara tendencia “punteril” en el manejo del organismo. “Hay matices y esta gestión vació el instituto y no hubo una política hacia los pueblos indígenas, no se entregaron tierra y lo más grave fue el intento reciente de poner punteros del propio Frente Progresista dentro del instituto como para que la futura gestión que asume el 10 de diciembre se encuentre con un espacio de punterismo político”, agregó.  

A su vez, Araujo aclaró que a la asamblea que se realizó solo se convocó a las organizaciones “que resultaban más simpáticas” y denunció que los vehículos que debían buscar a algunos representantes no pasaron. “Una forma de negar la participación muy burda”, sentenció.

Por último, en lo vinculado a la percepción social y la integración de los pueblos originarios, Araujo adujo que “así como el Estado está ausente y generó políticas donde nuestros derechos no son reconocidos, la sociedad en general, si bien hay sectores que reconocen esos derechos, se mantiene a veces muy indiferente” y completó que “tenemos derecho como cualquier ciudadano de participar en la vida activa de la sociedad” y que “la discriminación de la sociedad va de la mano al tratamiento que hace el propio Estado”.

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