(PR/Norma Migueles) El próximo jueves 25 de agosto fiscalía y defensa presentarán los alegatos finales en el juicio que se sigue a tres personas en los Tribunales de Venado Tuerto por Asociación Ilícita creada con el objetivo de apoderarse de bienes inmuebles.
Así lo confirmó el fiscal de la causa, Matías Merlo, quien evaluó que las pruebas presentadas tienen la suficiente contundencia como para lograr la pena solicitada que es de 16 años de prisión.
“El próximo jueves se inicia la presentación de los alegatos de clausura, como conclusión de la prueba que aportamos en el juicio para acreditar cada uno de los hechos imputados. En este caso las pruebas hablan por si solas y dejan establecido la intervención de cada una de las personas involucradas en la causa, como fueron las maniobras y el rol que cumplía cada una de las personas como para conformar la figura de asociación ilícita”, describió Merlo.
Aclarando luego, “la defensa no presentó ninguna prueba de descargo que demostrara que hubo un error o equivocación en las 32 maniobras ilícitas por las que son juzgados. Sabemos que este iba a ser un juicio diferente a otros de tipo penal como puede ser un robo o un abuso, tuvimos que presentar mucha prueba documental que nos respaldara legajo por legajo. Nuestra estrategia fue no apurarnos y brindar paso a paso la información clara y concisa que no confundiera al tribunal”.
Merlo recordó que hubo testimonios muy importantes ante el tribunal, también de los arrepentidos, escuchas y sobre todo cada caso estuvo respaldado por una prueba documental irrefutable.
La megaestafa
El juicio en la que se tramita la popularmente conocida se inició en mayo y tiene como acusados a el abogado Antonio DB como jefe de la organización ilícita, el gestor rosarino, Raúl J y el comerciante venadense, Marcelo S. El resto de los imputados una docena de personas optaron por una salida alternativas y firmaron acuerdo abreviado.
El tribunal que arbitra en la causa esta constituido por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle. El fiscal acusador es Matías Merlo y la defensa esta a cargo de Angelo Rossini, Silvia Couselo y Fernando Baigueras.
La investigación comenzó en el 2018 y en forma paulatina se arribó a la conclusión de que se había conformado una asociación ilícita para apoderarse de bienes inmuebles de Venado y la región, participando con distintos roles testaferros, médico, contador, escribanos y abogados.
