Luego de haber trascendido públicamente la grave denuncia de los fiscales federales subrogantes, Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari, en relación al cercenamiento a la investigación en causas vinculadas al narcotráfico por parte del juez federal Marcelo Bailaque, queda demostrado nuevamente lo que desde hace meses venimos denunciando respecto al desinterés y la desidia de la justicia federal con asiento en Rosario hacia el problema de las drogas.
Me ahorro las consideraciones y me remito directamente a lo expresado por los señores fiscales en relación a la poca actitud de los jueces de no estar a la altura de las circunstancias ni de comprometerse con la eficiencia, la celeridad y el valor que implica la dimensión de este flagelo.
A lo manifestado por Murray y Reynares, yo incorporo el peor desempeño demostrado por el otro juez federal, el doctor Carlos Vera Barros, debido a que la misma falta de compromiso y el mismo estándar de impunidad fluye en este otro juzgado rosarino.
En efecto, las últimas resoluciones del los jueces Vera Barros y Bailaque no hacen más que consagrar definitivamente la impunidad respecto del narcotráfico en Rosario y el sur santafesino.
Los casos de conocidos narcotraficantes que permanecen en libertad a pesar de haber sido detenidos con ordenes autorizadas por los jueces, con cantidades de droga en su poder y que virtud a la falta de compromiso por parte de los magistrados y la pereza procesal que impera en todo el sistema penal federal, hace que liberar a un narcotraficante sea una tarea sencilla hasta para un abogado novato.
Mientras tanto la contracara de esta falta de justicia es el desánimo y la frustración social, dado que los últimos custodios de la justicia en la sociedad son los jueces y cuando el barrio, la prensa, los vecinos ven que reiteradamente ser encontrado vendiendo droga y envenenando a los jóvenes no es castigado adecuadamente -y los que lo hacen recuperan la libertad en breve lapso-, se va borrando dolorosamente la certeza de que habitamos una república.
Algunos jueces, quizá la mayoría, se definen como meros operadores del sistema y consideran que la inseguridad es una responsabilidad principalmente del gobierno que es el que debe asegurar la prevención. Esto en gran medida es cierto: la prevención social y la policial es tarea del gobierno y no de los jueces. Pero la impunidad es responsabilidad de la justicia y en una república no puede haber justicia con jueces que se consideran tan solo operadores del derecho y no asumen su verdadero rol social.
No son meros operadores del sistema: son funcionarios de la república y deben comprometerse fuertemente para que en la sociedad no queden casos impunes y que los que delinquen encuentren condena. Ellos gozan de los máximos privilegios de los que puede obtener un funcionario, como ser la estabilidad en sus cargos; intangibilidad de haberes y la exención de impuestos. Esos privilegios los otorga el sistema para que su tarea sea cumplida, cosa que no cumple la justicia federal rosarina.
Señores jueces: si pusieran el mismo celo que demostraron para encarcelar al ex jefe de Policía de la Provincia (Hugo Tognoli)
en perseguir a los narcotraficantes que toda la sociedad conoce y que solo la firma de dos jueces mantiene en libertad, viviríamos en otra sociedad.
