La aparición de un pibe de 17 años ahorcado en el edificio de la Policía de Asuntos de Menores, vuelve a cubrir a la ciudad con un manto de sospecha y destacar las prácticas violatorias de los derechos humanos que está en el centro del funcionamiento del sistema carcelario. El fiscal Juan Pablo Lavini, inmediatamente conocida la noticia, inició la investigación para detectar las responsabilidades. Según asegura, por el momento no hay elementos que indiquen una situación como la sucedida con Sergio Loza, quien fue “ahorcado” en la comisaría 14 y cuya causa constituye un caso emblemático de las arbitrariedades y violaciones policiales en la región.
El predio en el que apareció el joven depende de la policía santefecina. Es una responsabilidad de las fuerzas estatales garantizar la seguridad y el cuidado de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, aún no hubo explicaciones por parte de funcionarios políticos ni policiales.
“Nuestro interés es aclarar la situación y llevar un mensaje claro. Hemos tenido en Venado Tuerto un caso emblemático, que es la causa Loza. Eso motivó la constitución en el lugar del hecho inmediatamente, junto con el fiscal de menores y el juez de menores, para constatar todas las condiciones. Por el momento no tenemos indicios para pensar que esto fue una situación dudosa como en el caso Loza”, comenta Lavini.
El fiscal apunta que estuvo entrevistando a otros chicos detenidos en el lugar y que le refirieron que sabían que el chico “había manifestado previamente que quería quitarse la vida”. De todas formas, las hipótesis no pueden descartarse tan sencillamente de cara a la trayectoria violenta y la lista de denuncias presentadas en contra de la institución carcelaria en la Provincia.
“En toda institución hay un deber de cuidado. A nadie se le escapan las deficitarias condiciones de detención que sufre la provincia y especialmente nuestra región. Si se repasa lo que pasó estos últimos meses, se encuentra que hubo un habeas corpus colectivo por las condiciones de la Alcaidía de Melincué, que tuvo acogida por el juez Adrián Godoy, va a poder observar que tuvimos un amotinamiento en la comisaría 2, donde las condiciones son de hacinamiento y superpoblación. No hay condiciones adecuadas en el resto de las comisarías, y eso preocupa a todo el poder judicial. Es una voz unánime la del servicio Público de la Defensa, la de la Fiscalía, la del Colegio de Abogados y los Magistrados, es una necesidad no solo recursos humanos, sino condiciones de dignidad para los privados de la libertad”, cierra el fiscal.
