La destitución a través de la legislatura provincial del Defensor Público Gabriel Ganón, fue duramente cuestionada por diversos sectores de la vida política, organizaciones sociales y de derechos humanos, y organismos internacionales. La irregularidad del proceso fue el eje central de una maniobra que unió en un frente común a buena parte de los senadores radicales y socialistas, al Pro y a un sector del peronismo, junto con las instancias más encumbradas del poder judicial y policial. La entente formada por la corporación judicial, policial y política tenía en Ganón un enemigo incómodo por sus denuncias sobre los entramados de corrupción, abuso y arbitrariedad en el funcionamiento judicial y represiva santafecino, y un obstáculo para la implementación de medidas de mayor disciplinamiento y sesgo autoritario.
“Esta situación me da mucha tristeza a nivel personal, pero lo que más tristeza me da tiene que ver con lo institucional, con la preminencia que se consolidó a partir de este año de un discurso muy hipócrita de los que desde la oposición hablaban de la república y el diálogo, y ahora que ejercen el poder o con mayorías especiales en las cámaras legislativas, arrasan con todas las instituciones. Eso exhibe la debilidad del compromiso de muchos actores con la institucionalidad. El caso particular es un caso testigo que muestra lo que le puede pasar a cualquier ciudadano de a pie, incluso cosas peores que lo que pasó a mí que, sin motivos y con un proceso amañado, se me declaró la muerte civil”, comenta Ganón.
La discrecionalidad, la falta de argumentos sólidos y las mentiras manifiestas que sustentaron el proceso de destitución de Ganón, genera un marco de inestabilidad institucional y consolida un poder de facto ejercido por el acuerdo de las cúpulas de las jerarquías provinciales. “Esto deja abierto que le pase cualquier cosa a un ciudadano común que tenga un problema con el senador Enrico, que presiona con facilidad a cualquier funcionario de la justicia. Todas estas modificaciones que se pretenden implementar expanden los poderes de la fiscalía y la policía para cometer todo tipo de atropello, similar a lo que ocurre en Jujuy. Santa Fe, cada día que pasa, se va pareciendo a la situación de Jujuy. Por eso, los dos gobernadores son los que sintonizan mejor con el gobierno nacional”, agrega.
En ningún momento del juicio se dejó en claro los motivos por los cuales era acusado Ganón. La falta de contundencia de los argumentos se compatibilizaba con una abierta hostilidad por el ejercicio de sus funciones como defensor público. La justicia provincial, de esta manera, queda entrampada en un pantano de arbitrariedad y selectividad. El propio Ganón denunció al ex presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, y señaló que la candidata a sucederlo en el cargo es su esposa. A esa lista el defensor público suma al actual presidente del máximo órgano de justicia, Daniel Erbetta.
“Conmigo se alinearon los poderes fácticos de la Provincia para silenciar mi voz por ser una voz disidente que criticaba cómo funcionaba la policía. Todos sabemos cómo funciona la policía, los problemas que hay con la seguridad. Y por otro lado, la crítica que hacíamos al funcionamiento de la fiscalía en Rosario y Santa Fe, especialmente, donde no se esclarecen los homicidios, de cada 10 que se cometen, solo se esclarecen dos. Estamos en el peor de los mundos. Nosotros pedimos acciones para que se trabaje con profesionalidad y se termine la impunidad, que se deje de vender humo. La vida de la gente no se la cambia con hablar de diálogo, se la cambia con más trabajo”, explica.
Durante las jornadas en las que se llevó a cabo la maniobra contra Ganón, hubo concentraciones en la puerta de la Legislatura en apoyo de su desempeño. Algunos de los carteles que los manifestantes portaba decían ‘Enrico lobbysta de la policía’. La serie de propuestas de reformas que el senador departamental impulsa se compadecen con un aumento de las atribuciones de las fuerzas de seguridad, como la extensión de los plazos de detención dejando sin control judicial las detenciones. Dentro de los casos derivados de abusos a partir de esas prácticas policiales, se encuentra el de Sergio Loza, que apareció sospechosamente muerto en una celda de una comisaría local.
“Lo que uno tiene que tener claro es que la policía es parte del problema y no de la solución. Esto, Enrico, nunca lo expresa. Cuando se dice que es lobista de la policía, no lo hace suponiendo una trama oscura y compleja, que quizás la haya, pero lo que sí es cierto es que hace lobby por las posiciones que históricamente tiene la institución policial. Nunca hace lobby por el respeto de la ley y de la Constitución”, cierra Ganón.
