En la mañana de este viernes, en audiencia celebrada en los Tribunales de Venado Tuerto, el fiscal Iván Raposo, imputó por adulteración de marcas, fechas y sellos al propietario de una distribuidora ubicada en Uruguay y Ruta Nacional 8 (Av. Ovidio Lagos). Un detalle no menor es que el comerciante era proveedor del Municipio y es la segunda infracción de similar naturaleza, tras la primera detectada en 2023.
Por acuerdo de partes, tras la imputación, el fiscal solicitó como medida cautelar que el imputado se presente una vez a la semana a firmar en sede judicial y cumpla una serie de reglas de conducta, entre ellas no salir del país sin autorización. El imputado contó con el asesoramiento del abogado José Marchisio.
La denuncia fue realizada por el área Inspección General del Municipio que le había hecho un seguimiento tras recepcionar una denuncia de venta de productos vencidos. Los inspectores se presentaron en dos oportunidades pudiendo hallar que algunos productos de distinta variedad como jugos y galletitas, a modo de ejemplo, tenían el mismo número de lote y fecha de vencimiento. Consultadas las fábricas, manifestaron que no eran registros propios y que dos alimentos distintos no podían tener mismo número de lote.
Allanamiento
Cabe recordar que tras la denuncia realizada el 16 de diciembre, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el comercio mayorista de productos alimenticios, ubicado en Uruguay y Ruta Nacional 8, el que ya registraba un antecedente de clausura y decomiso de mercadería en septiembre de 2023, cuando se detectó adulteración de fechas de vencimiento de los alimentos.
El operativo contó con la participación de la Secretaría de Control Urbano a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria (DSA) y respondió a una denuncia anónima de mediados de noviembre advirtiendo que el titular del comercio proseguía con las prácticas de adulteración.
Tras sucesivas inspecciones con resultados negativos, se detectaron productos distintos pero con los mismos números de lote y fechas de vencimiento, los cuales se tomaron como muestras y luego de consultas a las empresas productoras, dos de ellas comunicaron no reconocer esos rótulos como propios.
Con estos elementos, se elevó la denuncia pertinente a la Fiscalía y el último miércoles tuvo lugar el allanamiento que incluyó el secuestro de diez sellos (no hubo secuestro de máquinas o tinta). En tanto la DSA, retiró como muestras de algunos productos alimenticios para investigar otras posibles rutas de adulteración.
Por otra parte, desde la Secretaría de Control Urbano a cargo de Silvia Rocha, dando cumplimiento a la ordenanza 5574/22 en su artículo 30, se procedió a una clausura preventiva del comercio, elevando las actuaciones labradas al Tribunal Municipal de Faltas.
