La reunión organizada por el Colegio de Jueces Penales de Departamento General López junto a funcionarios y legisladores, fue evaluada por los participantes como un primer paso significativo para generar marcos de acuerdos que permitan tramitar en conjunto los temas que hacen a la justicia de la región. El juez Leandro Martin hace una síntesis del encuentro: “la reunión entiendo que es positiva. Creo que los poderes del Estado no son tres poderes de Estados diferentes. Cuando a alguien le ocurre un hecho que implique en su vida, no importa quién lo atiende. Importa que el Estado le dé una respuesta. En ese marco, que los distintos funcionarios se ladren y no se hablen, es malo. Si se logró exponer cómo funciona el sistema de enjuiciamiento criminal, las pautas que se tienen en cuenta, y trabajar temas que tienen que ver con fuerzas de seguridad, escuchar a los legisladores, me parece que es positivo”.
De la reunión surgió la posibilidad de conformar una mesa de seguimiento y fortalecimiento del sistema de enjuiciamiento criminal. El objetivo es trabajar sobre asuntos de consenso y encontrar soluciones a temas conflictos como las salidas transitorias otorgadas en las partes finales de la condena en base al objeto resocializador de las penas a partir de la propuesta de creación de una Oficina de Control Postpenitenciario en el Departamento, así como también, reforzar las prisiones preventivas que se cumplen con salidas laborales.
La preocupación por el funcionamiento del Sistema de Justicia Criminal y cómo impacta en la seguridad fue uno de los ejes centrales mediante los cuales se indagaron las formas en que se genera impunidad. “En esos problemas de impunidad y de seguridad, los jueces tenemos una importancia relativamente menor. Si ocurren 20 robos por día, lo que hay que ver es cómo prevenir eso”, comenta Martin.
El escarnio público al que se someten ciertos sectores de la población y las dinámicas de estigmatización y sobrecriminalización tienden a esconder y negar el perfil de clase y la selectividad que conservan las acciones de la justicia y el sistema carcelario. La cuestión de los derechos humanos es un punto ineludible en medio de propuestas de endurecimiento de penas y mayores asignaciones a las fuerzas de seguridad. “En mejorar las condiciones de la detención hay consenso –dice el juez-. El senador Enrico es el gran impulsor de la creación de una cárcel. Desde el poder judicial dijimos que apoyamos la idea. No estamos de acuerdo con la idea del senador, porque el consenso no es algo que se logra entre personas que piensan igual. Tener presas a las personas defecando en letrinas donde se cagan en las patas, se enferman, tienen forúnculos, hay alimañas, ya en sí mismo, no solo la privación de la libertad, que es tiempo y espacio, sino que además se lo castiga con dolores corporales, abusos, mala higiene, enfermedades respiratorias, mala comida, y esos castigos no están previstos en ningún código. Prever más cárceles y en mejores condiciones es necesario”.
