(PR- Pablo Tomas Almena) Los dos episodios de mayor trascendencia mediática de la última semana, la balacera en el puente ferroviario de Venado Tuerto sobre calle 2 de Abril, y el femicidio de Marianela Espíndola en Murphy, ponen sobre el tapete las dificultades que tienen las fuerza de seguridad en el departamento General López, para dejar de ser lo que fueron y pasar a ser una institución cercana a la gente, dotada de equipamiento y trabajo de inteligencia, no corporativa, y peleada con los delincuentes y los malos policías.
También quedó al descubierto la intervención de un Poder Judicial, como un resorte del Estado, que pareciera no accionar con músculo, decisión y velocidad necesarios.
La balacera en el puente ferroviario sucedió un domingo, a las 7.15, a plena luz del día, y a 300 metros de la Comisaría 12ª, ubicada en calle Alem. No sucedió en el extremo del barrio Villa Casey. Tampoco en el extremo del barrio Juan XXIII. Ni detrás del barrio Alejandro Gutiérrez, ni del barrio Santa Fe. Fue a tres cuadras de la comisaría. Y de día.
El femicidio de Marianela en Murphy, ocurrió después de varias denuncias realizadas por la víctima, alertando al Estado sobre la existencia de un potencial victimario, que tenía uniforme policial, que cargaba con arma reglamentaria; y pese a eso ninguno de los músculos del Estado reaccionó para evitar ese asesinato.
En este caso el sitio donde ocurrió el hecho también habla de lo que sucede: fue en Murphy, la localidad donde funciona el Instituto de Formación Policial. Una balacera a 300 metros de una comisaría, y un policía que comete un femicidio, que era previsible que sucediera, en el pueblo donde funciona el Instituto de Formación de Policías que tiene el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia Santa Fe. Algo no funciona bien. Los sitios donde ocurrieron estos hechos lo certifican.
