Los asentamientos irregulares son la imagen precisa de la desigualdad y la falta de oportunidades. La situación de las personas que no tienen ni siquiera para su propio techo son un llamado de advertencia y una alarma dirigida al resto de la sociedad. En muchos casos, la desesperación pasa por arriba de las regulaciones. Más que una infracción, de lo que se trata es de un pedido de asistencia, de marcar una falta, de interpelar al Estado para que se garanticen derechos mínimos.
En los primeros días de octubre se produjo la usurpación de un lote particular de importantes dimensiones delimitado por las calles Santiago Brett, Turner, San Lorenzo y Pavón, en barrio Iturbide, ubicado frente a la Escuela Nº 1325 “José Cibelli”. Los ocupantes marcaron subdivisiones y comenzaron la construcción de casillas con la utilización de materiales diversos, como postes, chapas y lonas.
Estos episodios suelen generan un considerable revuelo en distintos sectores de la sociedad, los mismos que rara vez se escandalizan con los negociados en torno a las tierras públicas, la especulación inmobiliaria o las construcciones por fuera de cualquier parámetro regulatorio. La doble vara, en estos casos, se hace evidente.
El fiscal Damián Casullo ordenó una batería de medidas, entre las que se incluyó la solicitud de la intervención del Municipio a través de las áreas de Acción Social y Servicios Públicos. Por su parte, el representante del MPA identificó e imputó a los usurpadores de este terreno perteneciente a una mujer de avanzada edad.
Tras la intervención de Acción Social, atendiendo cada caso en particular, se pudo desactivar completamente el asentamiento irregular. La problemática, agudizada por la crisis económica, continúa y merece ser abordada de forma integral, dejando de lado prejuicios y miradas estigmatizadoras, reconociendo que, más allá de cualquier infracción, lo primero y más urgente es la vulneración de derechos.
Mientras, desde Servicios Públicos se procedió a desmantelar las precarias construcciones. El fiscal ordenó la custodia del terreno por parte de personal de la Comisaría 12ª y el cercado con hilos de alambre, tarea efectuada por personal municipal y con cargo al titular del predio. Desde el Municipio destacan que “gracias a la intervención de varios actores, se pudo dar una solución integral a los afectados, a las familias, y llevar tranquilidad a los vecinos de la zona”.
