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Nación y provincia contra el crimen organizado

(Rosario/12) La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó anunció ayer al gobernador Antonio Bonfatti y a sus colegas de Salta, Mendoza y Santiago del Estero, la creación de 27 distritos fiscales por provincias, entre ellos el de Santa Fe, para «coordinar políticas contra el crimen organizado» y avanzar en su «persecución penal» del narcotráfico, el lavado de dinero y de activos y la trata de personas. Las unidades estarán a cargo de un fiscal coordinador, que será uno de los que ya está en funciones. «Hemos dado un paso fundamental en el combate de los delitos complejos», expresó Bonfatti.
Gils Carbó recibió en su despacho a Bonfatti y a los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Mendoza, Francisco Pérez y de Santiago del Estero, Claudia Zamora, paras trabajar «en un nuevo esquema» de 27 distritos fiscales en el país que permitirá implementar políticas criminales coordinadas para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.
El proyecto se basa en la interacción de los fiscales federales con sus pares de las provincias y autoridades políticas, judiciales y policiales de cada distrito. El objetivo es «homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal».
«Esta nueva forma de organización del Ministerio Público Fiscal que estamos poniendo en marcha ﷓explicó Gils Carbó﷓ es una respuesta a la necesidad social de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada. Debemos articular mesas de trabajo y de diálogo para generar una estrategia común que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado frente al crimen organizado», agregó.
La resolución firmada por Gils Carbó, crea la figura del «fiscal coordinador» para cada distrito. A estos fiscales no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias.
De esta manera se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.
Bonfatti ponderó la decisión de la procuradora. «Para nosotros este no es el primer encuentro, y por eso vemos con mucho beneplácito como vamos avanzando reunión tras reunión, en cuestiones concretas, y en tomar definiciones. El hecho de tener, a partir de ahora, un fiscal coordinador nos allana muchos caminos en la necesidad que tenemos de articular acciones entre la Nación, la provincia y los municipios, entre las fuerzas federales y provinciales, en hacer inteligencia sobre un delito tan complejo».
«Nos parece fundamental el paso que hemos dado, le agradecemos a la doctora Gils Carbó por esta predisposición permanente a que nos escuchemos, dialoguemos, y que vayamos avanzando en combatir los delitos complejos», planteó el gobernador.
Gils Carbó dijo que la creación de las 27 unidades fiscales «es una respuesta a los problemas más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada». «La falta de articulación -agregó- que supone la división arbitraria de funciones, necesaria para que trabajen las estructuras, a la hora de combatir el delito presentan deficiencia. Por eso, hemos creado la figura del fiscal coordinador de distrito, que es quien va a articular todas las estrategias y protocolos de actuación en la lucha contra el crimen organizado (trata de personas, lavado de dinero, de activos, y narcotráfico)».

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